Enero 25 / 2018

Con motivo de la entrada anterior Sabana Verde de Bogotá, recibí un par de llamados de atención: uno por olvidarme de la realidad de la reserva van der Hammen y otro por extraviarme del objetivo principal.

El reclamo sobre la van der Hammen alega que la reserva está a punto de quedar enterrada a través de una APP entre la CAR, el Ministerio del Medio Ambiente, el Distrito y los propietarios del suelo. Parece que la Alianza Público Privada evitará convertirnos en un hazmerreír mundial por tener una de las ciudades «más densas del mundo” a la que se le quiere quitar su última oportunidad para crecer, por medio de la que sería la “única reserva forestal del mundo que no tiene árboles”. Y anota que la incapacidad para entender el concepto de «restaurar» un bosque no está en la ignorancia sino en la codicia, sumada al hecho político de que en Colombia, como en Brasil, rige el concepto de Estado patrimonialista, lo cual significa que “está hecho y legisla para el interés de ciertas corporaciones y no para el interés general”.

El reclamo por el enfoque del texto alega que la idea de promover la estructura ecológica principal de la Sabana se sobrepone en el artículo con varios temas que contribuyen a disolver la idea en lugar de aclararla. Y da dos ejemplos: no es clara la relación entre estructura ecológica principal y las parejas medio ambiente construido / medio ambiente natural y áreas urbanizables / áreas no-urbanizables; y tampoco es claro por qué sería contra natura que los alcaldes municipales llegaran a concertar la planeación de sus límites compartidos.

Aprovecho las confusiones generadas para revisar las ideas expuestas en dos apartes –política y naturaleza– y para dar un paso adelante en un tercer aparte –urbanización–.

Política patrimonialista

En la práctica, en Colombia como en Brasil, el patrimonialismo probablemente sea una realidad, pero es contrario ideológicamente a lo que establece la Constitución colombiana, y supongo que también la brasileña: que Colombia es un Estado social de derecho, en el cual el bien común prima sobre el individual y la propiedad tiene una función ecológica. Que vivamos dominados por el «interés de ciertas corporaciones» no es una condena sino una calamidad y una condición histórica que al igual que la corrupción y el secuestro, algún día se tienen que acabar. Entiendo que la situación sea lamentable y que denunciarla sea importante, y comparto que la detección y presentación de calamidades pueden ser un fin de la crítica, pero la crítica también puede ser un medio para contribuir a pasar la página. Por ello, lo que se somete a discusión en este texto y el anterior no son las enfermedades sino los eventuales remedios.

Las soluciones propuestas son legales, conceptuales e institucionales.
– Legalmente: i) modificar el sistema de ordenamiento territorial, para que la Sabana sea una región geográfica y para que la estructura ecológica principal de dicha región se convierta en un territorio nacional; y ii) modificar el sistema de planeación, para que plan de ordenamiento territorial, plan urbanístico y plan de desarrollo, sean tres instancias diferentes.
– Conceptualmente: iii) separar autonomía presupuestal y autonomía territorial, porque política rima con codicia y patrimonio económico pero no con geografía y patrimonio biológico; y iv) promocionar la ALO como una vía regional impide ver que la vía que necesitan la Sabana y el país es el tramo faltante de la autopista -o doble calzada- entre Soacha y Briceño. Una vía nacional que funcionaría como vía regional.
– Institucionalmente, y como requisito esencial de la propuesta: v) pasar de los espacios académicos y profesionales al Salón Elíptico del Capitolio, porque sin un congresista dispuesto a sacar adelante las leyes necesarias, no hay cambio posible.

Respecto a la posibilidad de afectar la inercia y el letargo «patrimonialistas», hay unas reglas y mecanismos vigentes que permiten corregir y crear nuevas reglas e instituciones. Los cambios por esta vía toman años, lo que permite entre tanto pasar el bisturí, maldecir y eventualmente resignarse. Mientras dura la espera, también se puede participar en actividades como una a la que asistí el pasado 13 de diciembre, organizada por la Silla Vacía, la Secretaría de Cultura y Bancolombia, con el fin de “conectar emocionalmente a los ciudadanos con el río Bogotá” en menos de seis meses.

Conectar significa entender que cuando uno abre la llave del agua, ésta no le llega de China sino de Chingaza o de algún otro lugar en los cerros de la Sabana; y que cuando uno suelta, da la llave o jala, el inodoro, el sanitario, la taza o el guater, el agua va a parar al río Bogotá, con independencia de cómo hable el que mueve el botón o la palanca, y si se vive en Bojacá o en Bogotá. Conectar también significa indignarse al saber que además de los detergentes y el aceite de cocina que van a parar al río por el sistema de alcantarillado, por ahí también están navegando pañales, condones, toallas sanitarias y colillas de cigarrillo, entre otros, que están llegando al lugar equivocado, sin importar si provienen de un municipio autónomo de la Sabana, de una localidad de Bogotá, de una casa en Patiobonito o de un apartamento en los cerros orientales. Aunque estos desechos pueden ser inevitables, son miles de toneladas al año que no deberían estar llegando al río.

El tema de la convocatoria era la conexión emocional con el río y a eso debíamos ceñirnos. El objetivo del taller consistió en proponer modos de invitar a la reflexión, ágiles, de bajo costo y factibles de realizar en máximo seis meses. Una advertencia fue evitar la búsqueda de soluciones a mediano o largo plazo, y no gastar tiempo en encontrar nuevas calamidades o en elucubrar sobre proyectos suntuosos. Puestos a trabajar, salieron muchas ideas relacionadas con generar “conciencia y cultura” a través de acciones artísticas y publicitarias, asistidas por personalidades emblemáticas y por los medios de comunicación. Las ideas se produjeron con agilidad, se presentaron ordenadamente, y creo que la mayoría de los asistentes salimos dispuestos a repetir. Una vez en el taxi, sin embargo, resurgieron las sospechas de siempre.

La primera sospecha es que como el primero de enero cada cuatro años “todo vuelve a empezar”, la invitación a que el río Bogotá sea un río decente reaparecerá, con un nuevo proyecto del nuevo alcalde, diferente al de Ciudad Río del alcalde actual. También vendrá un nuevo director de la CAR, probablemente más interesado en el medio ambiente que el actual, y con el respaldo de Camacol, resuelta como siempre a apoyar al alcalde, a cambio de que éste apoye su misión constructora. Si las predicciones se cumplen, el exalcalde habrá dejado contratos por todo le dé la mano para firmar el 28 de diciembre, y el entrante llegará el 2 de enero a deshacer lo que pueda, al tiempo que se arremanga y empieza a darle forma a su plan de desarrollo, entremezclado indistintamente con los demás planes que le exige «el sistema»: plan de obras públicas, plan de ordenamiento territorial y plan urbanístico. Y lo hará desconociendo «lo de siempre»: que el D.C. no es “autónomo” sino una parte de la Sabana, que el problema de la contaminación del río es de todos y que su manejo debería ser un asunto de planeación regional, aunque «lamentablemente», la planeación regional tendrá que permanecer, como durante los últimos 30 años, en los campos del turismo académico y las predicciones apocalípticas. O asistida por esfuerzos estériles como el “de todito” de la ley 1454 de 2011:

El ordenamiento territorial promoverá el establecimiento de Regiones de Planeación y Gestión, regiones administrativas y de planificación y la proyección de Regiones Territoriales como marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales, y funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, de identidades culturales locales, de equipamientos e infraestructuras económicas y productivas y de relaciones entre las formas de vida rural y urbana […] Dos o más municipios geográficamente contiguos de un mismo departamento podrán constituirse mediante ordenanza en una provincia administrativa y de planificación por solicitud de los alcaldes municipales, los gobernadores o del diez por ciento (10%) de los ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos municipios, con el propósito de organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así como la gestión ambiental.

Paradójicamente, la ley que por primera vez lleva el nombre oficial ordenamiento territorial (la 388 del 1997 es de desarrollo territorial), en lugar de llenar los vacíos abiertos en el 97, contribuye a alimentarlos, en la medida que no «crea» nada. Pues para constituir regiones de planeación y gestión, o regiones administrativas y de planificación, o regiones territoriales, se limita a «promover», y de este verbo es poco probable, muy poco probable, que resulte una región, en particular una del tamaño y la complejidad de la Sabana del río Bogotá. Con semejante ley, tal vez algún día se llegue a un acuerdo administrativo, motivado por intereses económicos compartidos entre dos gobernantes, pero no al acuerdo geográfico que se requiere.

Naturaleza profesional / Naturaleza política

Consideremos que cuando un urbanista renuncia a urbanizar o un ambientalista renuncia a proteger, se auto-desemplean, por efecto de estar en el lugar equivocado o actuar contra natura. Otras variantes de esta misma situación la ilustran, por ejemplo: la triste parábola del escorpión que le pide a una rana que le sirva de bote para cruzar un río, garantizándole que, dadas las circunstancias, “su vida está a salvo”; o la cruda metáfora con la cual las defensoras de los derechos reproductivos repelen a sus detractores con el conjuro «saquen sus rosarios de nuestros ovarios». O también, una hipotética escena en la que una eventual Fundación van der Hammen se enfrenta con una eventual Constructora Contextos Urbanos, en una pugna en la que la Fundación intenta urbanizar los potreros de una seudo-reserva-forestal y la Constructora intenta proteger una joya ambiental que será restaurada como un bosque nativo. Si cualquiera de estos escenarios da ganas de reír o llorar, depende de la naturaleza de cada lector. El hecho es que en las manos equivocadas, o sobre la espalda equivocada, o desde la profesión equivocada, o con los conceptos equivocados, o con las leyes equivocadas, la sobrevivencia de la reserva no tiene futuro.

Camacol, se supone, se ocupa del medio ambiente construido y la CAR, se supone, se ocupa del medio ambiente natural. No obstante, una construye y la otra conserva, pero ninguna planea. La planeación se supone que le corresponde al D.C. y a los municipios a través de un POT. Pero la planeación del medio ambiente natural y el medio ambiente construido, como parte de una misma actividad, no tiene una ley que la respalde y mucho menos una institución que la ejecute. Por eso, el supuesto debate van der Hammen como unos constructores en conflicto contra unos ambientalistas, no tiene futuro. Y si no hay futuro para una reserva forestal de 1400 hectáreas, menos para la Sabana, en especial si tal futuro depende de una legislación que se basa en la buena voluntad de alcaldes o gobernadores, o en su defecto del pueblo reunido en asamblea. Semejante desperdicio de legalidad, de tiempo y de plata, olvida de la naturaleza política funciona diferente a la naturaleza profesional.

Un último argumento al respecto: el hecho de que una congresista como Angélica Lozano llegase eventualmente a defender una ideología Verde, no implica que otro congresista como Carlos Fernando Galán llegase eventualmente a secundarla. En una esfera intelectual probablemente sí, pero en la esfera política vigente sería contra natura. Al hacerlo, un miembro de la improbable coalición le estaría fallando a dos caciques simultáneamente: uno ya instalado en el Palacio Liévano y el otro aspirando a la Casa de Nariño.

Urbanización / Urbanismo / Urbanizadores

Si tuviéramos la legislación para ello, el plan territorial y los planes municipales quedarían por fuera de las “garras” de los gobernantes y su ritmo cuatrienal, de modo que cada gobierno se podría concentrar en plan de desarrollo del municipio. Y si tuviéramos la legislación para ello, un único plan OT -o plan regional- se encargaría de ordenar la Sabana del río Bogotá, en dos tipos de área: áreas urbanizables y áreas-no urbanizables. No obstante, el concepto de áreas no-urbanizables no coincide con el de estructura ecológica principal porque las áreas no-urbanizables son muchas más. Esto fue lo que intenté aclarar al final de Sabana Verde de Bogotá: que la estructura ecológica principal sería sólo el primero de varios tipos de área, cada uno con un uso para el suelo, tan importante para Bogotá como para Bojacá, porque su valor es regional. Estos usos son siete:

1. Reserva ambiental. El conjunto de áreas que coinciden, uno a uno, con la estructura ecológica principal. No coinciden, sin embargo, con medio ambiente natural porque éste incluye otro tipo de «reservas» como las del siguiente tipo de áreas.
2. Producción de alimentos y materias primas. El conjunto de áreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la minería.
3. Producción de energía. El conjunto de áreas –y edificaciones– en las que se ubican las diferentes plantas de energía, desde la hidráulica convencional, hasta las que se asoman como el futuro: eólica, solar y eventualmente atómica.
4. Tratamiento de desechos. El conjunto de áreas –y edificaciones– para el tratamiento del agua y la basura.
5. Centrales de abasto. El conjunto de áreas –y edificaciones– para recibir y distribuir los alimentos y productos provenientes de otras partes, cuya funcionalidad depende de la contigüidad con los sistemas de transporte.
6. Terminales de transporte. El conjunto de áreas –y edificaciones– para aviones, buses y trenes, sin los cuales la vida moderna y el funcionamiento regional son imposibles.
7. Carreteras y ferrocarriles nacionales. El conjunto de áreas ocupado por las vías y sus áreas aledañas, no-construibles. Estos espacios, antes que ser afines a las calles y avenidas urbanas, son afines a los espacios lineales de las rondas de río.

Las siete áreas son esenciales y, desde un regionalismo académico, difíciles de objetar como áreas regionales. No obstante, por fuera del academicismo, las áreas tipo 2 (agricultura, ganadería y minería) constituyen la gallina de los huevos de oro con la que sueñan propietarios, políticos y constructores. Son áreas que constituyen un comodín urbanístico a través del cual, con un pequeño ajuste «autónomo» al POT, los potreros se convierten en lotes, las hectáreas en metros cuadrados y los pesos en dólares. Y como efecto colateral, el territorio se convierte en un festival de autismos urbanísticos desarticulados, a partir de un tipo de urbanización tan popular entre los urbanizadores como impopular entre los urbanistas: el conjunto cerrado, cercado, infradotado y desarticulado de la estructura urbana del municipio agraciado por la bendición de los urbanizadores; municipio que se da por bien servido con recaudar el predial. Estas áreas son la muralla china que la planeación OT tendría que derribar para funcionar o fracasar.

En realidad, los usos que determinaría el OT, o POT-sabanero, no son siete sino ocho. El octavo serían las áreas urbanizables, las cuales, por aquello de los huevos dorados, tendrían que ser un motivo de planeación regional. No para definir el tipo de urbanismo o de espacio urbano que cada cual deba tener; ni para impedir el crecimiento de ningún municipio; y menos para obligar o pedirle a ningún ciudadano que se vaya a vivir a una ciudad intermedia. Un OT adecuado permitiría pasar de vivir en Bogotá o en un municipio cualquiera, a vivir en la Sabana del río Bogotá, de un modo racional, considerando que dentro de un siglo, o menos, la región Sabana de Bogotá podría estar alojando 20 millones de personas, o más. Dado que las predicciones por lo general fallan, esto no es un hecho sino una posibilidad, de modo que si no se da, en principio no pasa nada. Pero si llegase a ocurrir, el camino para evitarlo no son los foros regionales o las leyes estimulantes, sino ciertos cambios estructurales como la modificación del sistema de ordenamiento territorial y del sistema de planeación, la restricción del concepto de autonomía, la construcción de la autopista Soacha-Briceño y el paso por el Congreso.

Crecer implica planear dónde construir y dónde no. En la zona norte de Bogotá, por ejemplo, hay 5000 hectáreas que se pueden ocupar respetando la reserva van der Hammen, como lo intentan algunos desde 1999, o desconociendo la reserva, como lo pretende la APP referida al comienzo de este texto. En una entrada anterior definí el significado de urbanizar la van der Hammen como convertir la reserva en un parque-urbano-reserva forestal de gran tamaño, que fuera el Centro de la Sabana de Bogotá y no la Zona norte de Bogotá; un espacio urbano monumental y patrimonial, con sus bordes claramente definidos y sus áreas aledañas densamente pobladas, al modo de los bordes y las áreas aledañas del Central Park de Nueva York. La prolongación a toda la Sabana de esta relación entre área patrimonial y área construida, implica que la definición de las áreas no-urbanizables son un punto de partida obligatorio, sin el cual la urbanización tiende al fracaso. Respecto a la intención de evitar este fracaso por medio de la urbanización de la Sabana, dos ideas finales:

– El crecimiento municipal tendría como objetivo pasar de pueblitos seudo campesinos con una periferia suburbana infradotada, habitada por bogotanos que se fueron a un campo que va desapareciendo en la medida que llegan nuevos bogotanos, a municipios que crecen a partir de sus cabeceras municipales consideradas como ciudades y centros urbanos. En conjunto, se tendría una serie de centros urbanos interconectados por líneas de ferrocarril y eventualmente por autopistas, con una estructura ecológica compartida, y con 30 planes urbanísticos municipales, relacionados con un único POT-sabanero. Para ello, el OT tendría que prever, a través del uso número 8 del POT-sabanero -áreas urbanizables- que cualquier municipio disponga de un área de expansión suficiente que le permita pasar, por ejemplo, de 20 mil a 100 mil habitantes o de 200 mil a 500 mil, a partir del principio que cualquiera puede crecer «cuanto quiera», pero no «donde quiera».

– El crecimiento de Bogotá D.C., dada una situación de partida en la que el suelo disponible es poco, sería excepcional con respecto a todos los demás municipios de la región. Su crecimiento principal tendría que ser por densificación, simplemente porque no hay otra opción. Y dada la precariedad del espacio actual, tal densificación tendría que aumentar la cantidad de población y la cantidad de espacio urbano, simultáneamente, de manera que crecer signifique mejorar y no simplemente amontonarse. A Bogotá no le va a llegar el fin del mundo por mantener una reserva forestal «que no tiene árboles»: primero, porque dentro de cincuenta años los tendrá; y segundo, porque dentro de veinte años tampoco tendrá para dónde coger. Si algún día llega el tal fin del mundo, no será por falta de suelo de expansión sino por cuenta de varias ausencias: por falta de reservas ambientales, energéticas, productivas, urbanísticas y demás; por falta de entender que el medio ambiente natural y el medio ambiente construido conforman una unidad que se puede planear; y por falta de entender que la planeación OT parte de la geografía y no de la economía. O de una Política Verde que sucumbe ante la tradicional Política Patrimonialista.

* Imagen tomada de El Tiempo.

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