La sostenibilidad de las ciudades modernas está basada sobre cuatro principios: densificarse o “crecer hacia adentro”, reemplazar el automóvil particular por sistemas de transporte colectivo, preservar el entorno natural y crear espacio público, este último el crisol para la existencia de una sociedad con sentido de colectividad. Estos preceptos se hacen cada día más claros para el público y, por fortuna, son también los compromisos del nuevo alcalde Gustavo Petro.

Desafortunadamente, contra todo esto apunta un tipo de urbanización denunciada y reconocida mundialmente como la más antiecológica para el desarrollo de la ciudad moderna: Los suburbios de baja densidad en los municipios periféricos de Bogotá, casas para estratos altos que, a pesar de la etiqueta “verde” que las acompaña, su edificación implica la innecesaria construcción de nuevas vías, con cargo al erario público. Y dada la capacidad económica de los compradores, más y más vehículos privados para evitar el pico y placa y la molestia del transporte público, con el resultado directo de más congestión y menos transporte público.

Traigo como ejemplo ilustrativo de este dañino proceder, los desarrollos urbanísticos que están inundando de concreto el valle del cercano municipio de La Calera, gracias a las firmas constructoras más reconocidas del país (alguna inclusive con Cruz de Boyacá), las cuales cínicamente se autocalifican de poseer conciencia ecológica, pero incumplen todos los preceptos para tener una ciudad sostenible. Este municipio cuenta con un solo punto de acceso vial a Bogotá: la calle 87 con Séptima, actualmente colapsado. El futuro de esta vía, así como de las pocas que comunican a los otros municipios circundantes, es negro, debido a la misma razón: la urbanización periférica de baja densidad.

Estos constructores sin escrúpulos, a quienes solo interesa el lucro personal, y para nada el bienestar comunal, les importa un comino qué va a pasar con este problema. Deliberadamente le dejan al Estado la solución del problema que generan, haciendo que dineros que podrían ser utilizados en educación o salud, sean malgastados en vías innecesarias.

El interés económico de los constructores está unido a la gravísima corrupción de las oficinas de planeación y alcaldías de estos municipios, cuyos usos de la tierra, gracias a conveniencias particulares, son cambiados casi a diario.

Se hace necesario que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de carácter ecológico que Petro ha prometido, no solamente involucre a los demás municipios que comparten la Sabana, sino que este nuevo POT ciudad-región de la Sabana de Bogotá también conlleve el control físico centralizado de la misma.

Guilermo Fischer

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