Enero 28 – 2016

La planeación urbana como institición, en Colombia, permite a los alcaldes planear y construir la ciudad, contraviniendo el principio democrático del balance de pesos y contrapesos que busca separar legisladores, ejecutores y jueces. La misma institucionalidad de la planeación que contribuye a que planear y ejecutar se conjuguen en una sola persona, contribuye también a complicar la separación de competencias entre políticos y técnicos. Es un hecho que, en últimas, las decisiones las toman los gobernantes, pero esto se da dentro de un rango de cuatro posibilidades para la acción: a) hay gobernantes que sólo toman decisiones técnicas, sin importar el origen de las ideas; b) hay técnicos que al volverse gobernantes toman decisiones que con frecuencia sacrifican la técnica; c) hay gobernantes que toman decisiones políticas sin fundamento técnico; y por último, lo que estamos reviviendo en Bogotá, d) hay gobernantes que se asesoran de especialistas para llevar a cabo sus ideas, pero si algún especialista no está de acuerdo con el sueño del gobernante, se va del equipo.

Respecto al juego en equipo –y contra la amnesia– recordemos que durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa se hizo el primer POT para Bogotá y que éste quedó a medias, en parte por una objeción del mismo alcalde respecto a la reserva Thomas van der Hammen. Como gobernante aceptó que hubiera una junta provisional para decidir sobre urbanizar o conservar la reserva, y aceptó que incorporaría al POT la decisión que un Panel de expertos le diera al estudio. Pero al día siguiente del sí por parte del Panel, demandó la decisión. Aunque esto equivaldría en fútbol a coger el balón con la mano, en planeación las reglas son otras. Así como en el código de Hammurabi «si un hombre superior le rompe el hueso a otro hombre, que le rompan el hueso», las reglas eran otras. En la lógica del análisis del lenguaje, se trata de diferentes «juegos de lenguaje».

Si las reglas del juego urbanístico fueran otras, sería de esperar que el último acto de gobierno de un alcalde saliente fuera dejar la casa en orden, y que el primer compromiso del nuevo gobernante fuera pasar el plumero por última vez, poner las fotos de la familia en el escritorio y empezar a trabajar. Sin embargo, con la reciente llegada de Peñalosa a la alcaldía de Bogotá revivimos una versión del eterno retorno en la cual la última acción del alcalde saliente consiste en dejar contratado lo que pueda, y la primera acción del alcalde entrante consiste en deshacer lo que pueda. Si las reglas se pudieran cambiar –que siempre se puede– las grandes decisiones de planeación pasarían por un proceso más democrático que el actual. En un artículo anterior sugerí que el legado de Peñalosa podría ser una “institución” que corrigiera este problema de unos sueños en conflicto que acabamos padeciendo todos, unos más que otros. Ahora, continúo con la idea: la institución sería una Junta de Planeación para la sabana de Bogotá, con un diseño institucional similar al de la Junta del Banco de la República.

La Junta del Banco es reconocida por varias cualidades: continuidad operativa, independencia política, competencia técnica e injerencia en el futuro de la economía nacional. Además, hay casi un consenso nacional –e internacional– respecto a que tales características –continuidad, independencia, competencia e injerencia– son una virtud que la protege contra la presión coyuntural de políticos y empresarios. En consecuencia, una Junta de planeación para la sabana podría tener unas características generales análogas a las de la Junta del banco: continuidad operativa, independencia política, competencia técnica e injerencia en el futuro del espacio habitable de la sabana de Bogotá.

Las ideas de la Junta provendrían tanto de sus miembros como de lo que propusieran agremiaciones, universidades, público en general y políticos, especialmente los diferentes candidatos en campaña a la alcaldía. Su función, en términos generales, coordinar, controlar y tomar las decisiones rectoras de planeación en cinco frentes espaciales:
– Conservación y mejoramiento del espacio público existente.
– Generación del nuevo espacio público.
– Dotación de equipamientos urbanos y su relación con el espacio público.
– Delimitación y conservación del espacio no urbanizable.
– Manejo coordinado del agua, la biodiversidad, la minería, la basura y la construcción.

Dentro de una lógica interdisciplinar y en debate con una lógica disciplinar, sería preferible que la Junta estuviera conformada por un conjunto diverso de especialistas en temas relacionados con la construcción del espacio habitable, cada uno con un voto. Representantes de disciplinas ajenas al diseño y la construcción como biología, sociología, derecho, economía y antropología, junto a representantes de las disciplinas del diseño y la construcción como ingeniería, urbanismo, conservación patrimonial y arquitectura; junto a los principales políticos encargados de la ejecución de planes como el gobernador de Cundinamarca, los alcaldes entrante y saliente de Bogotá; y un ministro como el de vivienda. Y junto al director de la CAR, como la única institución actual con sentido y visión de futuro no-provinciano.

La apuesta por una composición tan heterogénea sería arriesgada y podría terminar en un Frankenstein. Menos arriesgada, sin embargo, que la apuesta cuatrienal de seguir otorgando a un soñador, por voto popular, el título de doctor honoris causa en urbanismo. Así, el último graduado podría estar llevando a cabo algunas de sus ideas de un modo más consecuente con una democracia del siglo XXI que con el código de Hammurabi.

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