Enero 14 – 2013
Para comenzar el año me propongo revisar qué pasó durante el anterior con algunas construcciones que incumplen las normas urbanísticas. Aventuro además un par de presagios de año nuevo, relacionados con las transgresiones a las que les auguro éxito; y con la única que creo que no lo tendrá: el Parque Bicentenario para los que insisten en no haber «violado» nada; el Parque de la Independencia para los que creemos que lo han «violado» todo.
Las pruebas están al alcance de cualquiera. Por lo general, basta un flexómetro para corroborar que la licencia legalizó algo que no debía, o que un curador, un constructor o los dos, hicieron trampa. Aun sin medir, en muchos casos basta contar ladrillos para corroborar que un muro que por norma no debía medir más de 1.50, tiene por lo menos el doble; o que un sótano al que hay que subir para entrar no es un sótano; o que si uno cuenta el número de pisos del edificio, por más que cuente y recuente, no le da lo que dice la valla de la curaduría.
En el Parque de la Independencia basta ir a visitar la obra de la 26 para percibir el mismo olor a alcantarilla. En este caso, sin embargo, no hay curador de por medio porque el proyecto comenzó sin aprobación. Y sigue sin «aprobación», aunque siempre tuvo la «autorización» del Ministerio de Cultura. Los implicados son varios pero la cadena empieza por el Ministerio, el cual todavía insiste en negar su responsabilidad por el visto bueno inicial que le dio al proyecto Parque Bicentenario. Lo hace probablemente bajo la convicción de que una mentira repetida con la suficiente tenacidad se convierte en verdad.
Antes de abordar esta apuesta a favor de la ciudad, veamos cinco ejemplos, también emproblemados, que probablemente pronto se desemproblemarán, en detrimento de la ciudad.
Fedegán
El edificio para la Federación Colombiana de Ganaderos que está en construcción en Teusaquillo –calle 37, abajo de la Caracas– fue aprobado por primera vez el 12 de agosto de 2009 y después de dos sellamientos por parte de la Alcaldía de la localidad –6 de diciembre de 2010 y 13 de junio de 2011– terminó el 2012 con una nueva licencia, concedida el 27 de agosto por un nuevo curador urbano -diferente al que concedió las dos anteriores y negó la tercera– para que Fedegán terminará el año como si hubiera recuperado la visa para los Estados Unidos.
Pasó lo predecible cuando surge un problema en este tipo y el asunto pasa directamente a una oficina de abogados o a un departamento de Jurídica. De ahí en adelante, cualquier acusación contra el Cliente se vuelve un asunto de vencer o morir, en manos de un hermeneuta experto en dilación de procesos que se ocupará, sistemática y pacientemente, de invalidar lo que le pongan al frente. Que faltó una fotocopia o una tilde; que no se puede demandar al curador como persona sino a la oficina que representa, o al revés; que el funcionario que hizo la medición no tiene un metro certificado por ICONTEC, o que se pasó un semáforo en rojo o que tiene una amante. Lo que sea, con tal de poner a rodar un Auto tras otro, que le añada otros seis meses al proceso; y luego otros seis, y seis más, hasta que el opositor se desespere; o se le venzan los términos; o quiebre.
Entre tanto, la estructura del edificio continúa teniendo los mismos tres metros adicionales de altura, y el sótano sigue sobresaliendo más de los 25 centímetros que permite la norma y más de los 1.50 metros que, por error, le autorizó la curaduría. Error porque en Teusaquillo no puede haber semisótanos.
Serranía de los Nogales
Los vecinos de los barrios Rosales y Patiasao optaron por no dejarse embestir por el conjunto de edificios Serranía de los Nogales -calle 79B con carrera 4- en el cual no sólo se retorcieron las normas en busca de metros cuadrados para la venta, sino que el conjunto se ubica en un lote cuyo uso fue cambiado, súbitamente, de Dotacional a Vivienda, un 28 de diciembre, tres días antes de que Luis Eduardo Garzón entregara la alcaldía.
En el predio funcionaba el Colegio Femenino de Colsubsidio. Al irse el colegio, el uso debía permanecer como institución. Evidentemente, si a un predio como este se le cambia de uso a vivienda, su valor sube automáticamente en miles de millones de pesos. Si estos excedentes hubieran llegado a las arcas del Distrito, y si el cambio de uso hubiera sido para mejorar el barrio, estaríamos hablando de un doble beneficio para la ciudad. Pero ni lo uno, ni lo otro.
En cuanto al manejo de las normas, los edificios de Serranía de los Nogales tendrán entre dos y tres pisos adicionales de altura, por cuenta de un recurrente acto de magia curatorial para terrenos con pendiente, que ubica los sótanos y semisótanos en los primeros pisos; y el antejardín, privatizado, varios metros por encima del andén. El «esguince jurídico» se hace aludiendo a el «nivel original» del terreno, cuando la norma está pensada para el peatón y se refiere con claridad al nivel por el que camina un peatón.
Portal de Calatrava
Un día me dirigía al cerro de la Conejera, y por cuenta de un hueco en la vía detuve el carro justo frente al conjunto Portal de Calatrava en San José de Bavaria –calle 183 con carrera 76–, una agrupación de ocho casas que todavía está en construcción. Al ojo, la comparación con los vecinos parecía otro ejemplo de «esguince». Tomé las fotos del caso, verifiqué las normas con ayuda de un arquitecto que ha trabajado en la urbanización y me animé a solicitar la mediación de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas. Envié la carta el 3 de agosto del 2012. Me respondieron que estudiarían el caso y sólo volví a saber del proyecto a través de una foto enviada por un amigo desde un celular, en la que se ve una obra más avanzada y sin la valla de la curaduría.
Por intermedio del arquitecto que me ayudó con las normas, logré contactar a un vecino, al que le pedí tomar el relevo con la reclamación, pensando que buena parte de lo tedioso ya estaba hecho. Su respuesta es un testimonio de porqué los transgresores se pasean tan cómodos por la ciudad: “Uno no sabe quién esté haciendo eso ni quiénes puedan haber comprado, así que mejor no meterse en problemas”. Omertá, le dicen a esto en Italia.
La norma inicial de la urbanización exigía aislamientos laterales de 10 metros. La de hoy sólo exige la mitad pero este conjunto cubrió el 100% del aislamiento con marquesinas. No he visto los planos pero probablemente al área se le denomina «zona húmeda y a las marquesinas «pérgolas».
Lares 78
Hice a título propio la solicitud a la que acabo de referirme porque tenía confianza en la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas. Conocía el caso de los propietarios del edificio los Cerezos, a quienes la Comisión les había respondido que “sí”, que el edificio vecino a los Cerezos, el Lares 78 –calle 78 con carrera 9– “violaba” por lo menos una norma. Como el «concepto» de la Comisión no es suficiente para revocar una licencia o destituir un curador, se dirigieron a Planeación y ahí se toparon con Jurídica, que es como toparse con la Iglesia.
La respuesta de Planeación deja las cosas donde comenzaron. El documento empieza por despilfarrar quince o veinte páginas en tecnicismos de diversa índole, sumados al abuso empalagoso del adverbio “respetuosamente” y a un sinnúmero de frases interminables en las que si uno hace una pausa para respirar, pierde el hilo. Hasta que llega al clímax del último párrafo, en el que se confirma que si bien el Lares 78 “sí” viola las normas, como no se puede probar que en la violación haya habido mala fe, nada se puede hacer. Y firma el Obispo.
A pesar de la desazón, a los residentes les alcanzó el impulso para consultar una firma de abogados experta en el tema. La respuesta resultó peor que el sainete del comunicado de Planeación, pues les dijeron que «claro, con mucho gusto» pero que consideraran que el proceso podría tomar varios años, que no había ninguna garantía y que les iba acostar varios millones. Traducido, les dijeron: mejor olvídenlo.
Rosales 75
La idea que ahora tengo de cómo se mueven estos asuntos entre curadores, constructores, funcionarios y abogados salió de un cruce entre los casos que he mencionado y el peritaje que un Juzgado Administrativo le solicitó a la Universidad Nacional, para el cual fui designado como el Perito. Y acepté. Se trataba de una demanda contra el edificio Rosales 75 –carrera 4 con calle 75– por “violación” de normas. Después de revisar los quince o veinte AZ que constituyen el expediente, me pareció evidente que el edificio Rosales 75 incumplió varias normas, en especial tres, sobre las que presenté un informe de once páginas, el 21 de febrero de 2012. Concluyo en el informe que el edificio construido incumple las normas relacionadas con sótanos y semisótanos, antejardines y espacio público, y altura del edificio en pisos. Además, que una de las faltas es responsabilidad del constructor, otra del curador y otra de los dos.
Cuando daba el caso por olvidado, recibí un par de cuestionarios remitidos por el Juzgado, con preguntas de dos abogados defensores diferentes. Ninguna pregunta se ocupaba de mostrar que mis razonamientos fueran falaces o incorrectos. En las respuestas tuve que repetir varias veces, esta vez mediante un informe de veintiún páginas, presentado el 11 de septiembre, que la “capacidad científica” para entender un problema de estos depende de una comprensión de la norma y del conocimiento de lo que miden las diferentes partes de un edificio como “hecho construido”. Y que todo lo que se requiere por parte de un «experto» es constatar las incongruencias entre los planos y el «hecho construido».
En el informe no lo dije, porque como perito no me correspondía ir más allá de analizar evidencias y concluir sobre las mismas, pero considero que todas las inconsistencias son intencionales y no se pueden realizar sin un segundo juego de planos. Son lo que en Colombia algunos aceptan como Gajes del oficio y que otros las conocemos mejor como Avivatadas.
Vaticinios
Con Fedegán, empezamos el 2012 con una obra sellada por segunda vez y lo terminamos con un proyecto aprobado por tercera vez. Si tuviera que apostar, lo haría porque la Federación ganará y terminará su Frankenstein, esencialmente por agotamiento y hastío de los opositores. Podría ocurrir que la Alcaldía de Teusaquillo vuelva a sellarla, pero “alguien” lo tiene que solicitar y lo más probable es que quienes se animen a volver a empezar un nuevo proceso, estarán cada vez más agotados, hastiados o quebrados.
Con Serranía de los Nogales y Rosales 75, también apostaría a favor de que ganarán, sin perder un sólo metro cuadrado de ventas, aunque seguramente les costará una buena plata en abogados. Además de plata, puede que les tome tiempo; y si no es durante el 2013, será el siguiente, o el siguiente… Incluso, me atrevo a insinuar que si nos descuidamos con los predios en Extinción de dominio que maneja Estupefacientes, podría llegar a pasar algo similar a lo que ya sucedió con el Colegio de Colsubsidio. Por ejemplo, que el próximo 28 de diciembre, el predio de la excasa de Rodríguez Gacha en la Cabrera se convierta en el sitio perfecto para el nuevo centro comercial de Pedro Gómez y Compañía. Con el precedente del excolegio, es mejor ser precavidos.
Con Portal de Calatrava y Lares 78 ni siquiera hay caso. Nadie los ha demandado y aparte de mí creo que ya nadie habla al respecto.
Parque de la Independencia
El proyecto de un parque que conmemoraría el bicentenario de la independencia se dio a conocer al público a través de la prensa, el 20 de julio de 2010. La autorización del Ministerio se produjo oficialmente una semana después, el 27 de julio de 2010, a través de un documento dirigido al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC. A pesar de insistir que se trató apenas de un «concepto técnico», el documento dice con claridad que se trata de una autorización: “Referencia: Autorización proyecto Parque Bicentenario localizado en inmediaciones de varios inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional”.
Además de negar la autorización, el Ministerio insiste en defender que “no tenía competencia” para decidir sobre el Parque de la Independencia porque el Parque no era un Bien de Interés Cultural, BIC. Es cierto que no era un BIC, aunque ahora sí lo es, mediante una declaración hecha a posteriori, como parte del intento por invisibilizar el problema. También es cierto que el Parque siempre ha sido parte del Área de influencia de las Torres del Parque, que sí es un BIC, lo cual es suficiente para que cualquier intervención en el Área de influencia del BIC cuente, necesariamente, con la “autorización” del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
Al Ministerio le ha ido bien hasta el momento encubriendo el error y reclamando que no puede “aprobar” porque no le compete. Es verdad que no le compete «aprobar» pero sí “autorizar”, que para el caso significa darle un visto bueno, que fue lo que hizo con ligereza y ahora niega con pasión. Al que no le ha ido bien es al Parque, pues ya le talaron innecesariamente más de cien árboles y tampoco le ha ido bien a la ciudad que está pagando los costos de improvisación. Todo porque el Ministerio, en lugar de corregir el error, decidió pasar el asunto a Jurídica, en busca de tiempo y olvido. Desafortunadamente para el Ministerio, apareció un colectivo de ciudadanos llamado Habitando el territorio que ni olvida ni se asusta. Y que con exiguos recursos se las ha arreglado para no dejarse empapelar.
Antes de terminar el 2012, en medio de las dilaciones y yonofuis de rigor, apareció repentinamente una nueva Comunidad interesada en “rescatar” el proyecto Bicentenario. Se trata de un grupo liderado por el abogado que maneja los litigios de Colpatria, apoyado por miles de ciudadanos, la mayoría empleados de Colpatria. Invocando la democracia, este Colectivo aspira convertir el problema de la obra inconclusa sobre la 26, en el capricho estético de unos enemigos del «progreso» que viven en las Torres del Parque.
Comienza el 2013, pues, con el Parque de la Independencia, o con el llamado Parque Bicentenario que se construye al lado y encima del Parque de la Independencia, con varias discusiones en curso: que si se termina parcial o totalmente; que si se termina según el último de los diseños o hay que esperar al próximo; que si se cambia o se deja el arquitecto; que si el nuevo encargado se elegiría a dedo o por concurso; que si se demuele y se deja la ruina o se hace un buen puente… Sea como sea, cualquier decisión al respecto debería estar precedida de los resultados de la investigación que adelanta la Contraloría.
Vaticinio
Concluidas las investigaciones y tomadas las medidas del caso, apostaría que la solución a la que se llegará será la demolición de las dos plataformas estacionadas frente al Museo de Arte Moderno y el Quiosco de la Luz. Creo esto porque sabemos que de cumplir las normas actuales al pie de la letra no sale necesariamente una Gran Ciudad, como sabemos también que antes que ponerse a cambiar estas normas hay que empezar por cumplirlas; y lo creo, sobre todo, porque considero que a diferencia del colectivo Habitando el territorio cuya intención desde el comienzo ha sido llamar la atención sobre las eventuales ilegalidades del proyecto Parque Bicentenario, la intención del nuevo Colectivo Colpatria parece ser el muy colombiano “vamos pa´lante” que acabará convirtiéndolos en escorpiones.
Veremos, pues, si el 2013 nos deja con que la intervención del nuevo colectivo sirvió para promover la Plaza de conciertos Colpatria en el Parque Bicentenario, o si termina ayudando a descarrilar el eventual Carrusel del Bicentenario en el Parque de la Independencia. Si logramos aclarar las cosas o nos quedamos en el colombianísimo “eso, deje así”.
Voto, además, porque a lo que se haga se le quite el innecesario nombre Bicentenario para dejarlo como lo que le corresponde: una prolongación del Parque de la Independencia.
Juan Luis Rodríguez
Comparte este artículo:
