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La Muralla china de la Sabana

Agosto 29 / 2018

Falta poco para que Bogotá tenga un nuevo POT, y a riesgo de tener que salir a rectificar, asumo que vendrá tan autista y tan retórico en «lo regional» como su antecesor. Por región querrá decir que el Distrito Capital debería ser territorialmente más grande, pero que lamentablemente no se puede porque la Constitución y los alcaldes de los municipios aledaños lo impiden. A pesar de que el Plan es secreto, sabemos que tendrá proyectos disfrazados de plan como Ciudad Río y Ciudad Paz. También sabemos que las dos subciudades son nombres estratégicos al servicio de invadir la ronda del río Bogotá y la zona van der Hammen, con proyectos socio-ecológico-sostenibles para una supuesta «región», más parecida a la Sabana a medias de Wikipedia que a la Sabana que definiría cualquier estudiante de primer semestre de Geografía.

Para los autores de la entrada de Wikipedia, la Sabana de Bogotá no es una sabana como las de África, sino una planicie limitada por diferentes cerros y atravesada por un río “del cual la Sabana toma su nombre”. Dice la definición que esta área es “la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos [la cual] no es en realidad una sabana [porque] las sabanas tienen como característica principal las temperaturas muy elevadas y pocas precipitaciones. [No obstante] en la Sabana hay frecuentes lluvias y las temperaturas son generalmente menores de 20º C.” Además, la definición excluye los cerros porque la Sabana “está bordeada por una cadena montañosa que forma parte de la Cordillera Oriental cuyos puntos más sobresalientes son el Cerro el Majuy al oeste, los cerros de Guadalupe y Monserrate al este, y el Páramo de Sumapaz al sureste.” La exclusión hace que la concepción coincida más con la wikidefinición para un valle, que es una “llanura entre montañas que conforma una cuenca hidrográfica en cuyo fondo se aloja un curso fluvial”. En consecuencia, la wikisabana sería un altiplano atravesado por un río, del cual las montañas están excluidas.

Si nos atenemos a la realidad geográfica y demográfica, una definición completa debería incluir: i) las cerca de 10 millones de personas que hoy habitan el territorio, ii) la planicie que le da el nombre de “sabana” y los cerros que la limitan, iii) el río Bogotá y los tributarios o afluentes que lo alimentan, iv) los páramos como ecosistemas esenciales para el ciclo de producción de agua, v) las lagunas naturales y las ciénagas o humedales que regulan el caudal del río, y vi) las lagunas artificiales que regulan la producción de agua y energía. Con tales características, la denominación geográfica adecuada tendría que ser Valle del río Bogotá, o por lo menos Sabana del río Bogotá. Un territorio que ni es “de” Bogotá, ni es algo allende de la ciudad que se encoge en la medida que Bogotá crece; y tampoco es un sinónimo de Gran-Bogotá o de Bogotá Metropolitana, que son intentos por bogotanizar la Sabana y no por regionalizar Bogotá.

A los intentos de bogotanización se debe añadir la reciente propuesta Bogotá + 11 de ProBogotá, una fundación patrocinada por “interesados en trabajar por el desarrollo de la capital colombiana y su zona de influencia”, que propone la integración del D.C con 11 municipios para formar una «región» económica y política. No geográfica. La propuesta es cautelosa en aclarar que no se trata de una anexión que emularía la creación del Distrito Especial en 1954, sino de una integración político-económica a través de una reforma constitucional. El beneficio colateral estaría en la compra silenciosa para la capital -y para los constructores de Bogotá- de unas cuantas décadas más de crecimiento, bajo la figura de un gobierno regional.

La integración con los municipios vecinos se podría lograr mediante la ley 1454 de 2011:
Dos o más municipios geográficamente contiguos de un mismo departamento podrán constituirse mediante ordenanza en una provincia administrativa y de planificación por solicitud de los alcaldes municipales, los gobernadores o del diez por ciento (10%) de los ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos municipios, con el propósito de organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así como la gestión ambiental.

Para que la ley funcione bastaría que 12 alcaldes se pongan de acuerdo, para lo cual puede que falten cincuenta o cien años de evolución política y cultural. Es precisamente porque ProBogotá conoce de cerca el comportamiento histórico de los diversos agentes territoriales que apunta directamente al Congreso, en busca de una reforma constitucional que permitiría la materialización de una Gran Bogotá más grande y poderosa, al lado de una Sabana desafortunadamente más pequeña pero más pura y rural; un ideal paisajístico y de «gobernanza» que en los foros regionales comparte escenario con otros temas de rigor como la resiliencia, lo sostenible, lo ambiental, lo verde y lo ecológico; todos propuestos como remedios para resolver un supuesto problema consensuado: el crecimiento desordenado de Bogotá sobre la «región». No obstante, si la región es geográfica, Región y Metrópolis constituyen polos opuestos en una discusión sobre el futuro y sobre la urbanización de un espacio habitado que antes de terminar el siglo probablemente llegará a 20 millones de personas. Desde una perspectiva regionalista, el problema se tendría que reformular como el crecimiento desordenado de la Sabana del río Bogotá, reconociendo que Bogotá es “de” la Sabana y no al revés, y que el término región-metropolitana es un oxímoron, por cuanto región y metrópolis son conceptos opuestos: una Región-Sabana sería un ecosistema del cual Bogotá es una parte; una Bogotá-Metropolitana sería un aparato de colonización del vecindario.

El opuesto inexistente a ProBogotá sería una eventual ProSabana. Su objetivo sería regionalizar Bogotá y su jefatura estaría en cabeza de una Junta de Planeación Regional, independiente del poder político de turno. Como modelos para esta Junta se pueden considerar dos: la Junta del Banco de la República que controla algunos aspectos de la política económica nacional, de manera autónoma; y el Comité del Plan Regional de Nueva York, que en 2017, después de seis años de trabajo y con la participación de más de cien personas, también de manera autónoma, produjo el cuarto Regional Plan of New York en ochenta años, con el fin de ordenar la urbanización de un área que involucra cerca de treinta condados (counties), cada uno de los cuales elabora su propio plan local, en sintonía con el plan regional. Los miembros del comité neoyorkino pertenecen a la sociedad civil, no a la clase política, y están asociados Ad hoc. La Regional Plan Association produce un plan, y los diferentes alcaldes de Nueva York y los demás condados lo utilizan para gobernar. Esto responde a una institucionalidad en la que la tarea de los gobernantes no es planear ni diseñar ciudades sino administrarlas.

La urbanización es un fenómeno constructivo, social, económico y ambiental, cuyo fin es el medio ambiente habitable. Como fenómeno de orden regional, es diferente al urbanismo y al ambientalismo, y sobre todo a la oposición entre urbanismo y ambientalismo. Implica la planeación articulada del medio ambiente habitable, entendido como el conjunto del medio ambiente construido y el medio ambiente natural. Articular lo construido y lo natural, a escala geográfico-regional, sería la misión del regionalismo como modo de urbanización, al menos si aspiramos a que la visión del medio ambiente habitable, a gran escala y a largo plazo, dependa de los tiempos y de la gente capacitada para ello.

Un POT-sabanero produciría un Plan Regional para la Sabana del río Bogotá. Funcionaría como una Constitución territorial, emitida por una Junta o Comité análogo a los mencionados, y no de los alcaldes distrital y municipales. Su misión sería la planeación del medio ambiente habitable de la Sabana y no el urbanismo local de cada municipio. Definiría los usos del suelo a gran escala para la agricultura, la minería, la ganadería, la producción de energía, el manejo del agua y la basura e incluso la conservación patrimonial de ciertos paisajes. Además, se encargaría de la definición de las áreas urbanizables y no-urbanizables. O mejor, para no promover la confusión entre urbanismo y urbanización: las áreas construibles y no-construibles.

Una vez definidos los usos, uno de los cuales es el de las áreas construibles, cada municipio podría urbanizar “como quiera” pero no “donde quiera”. Esto significa que el “cómo” sería una decisión de urbanismo municipal, UM, en tanto el “dónde” sería una decisión de ordenamiento territorial, OT. Cuestiones como la densidad de construcción, los aislamientos, el ancho de las vías, la mezcla de usos, los conjuntos enrejados, la infradotación, los centros comerciales y las relaciones con Camacol, serían decisiones autónomas de orden local, ligadas al vaivén de los cuatro años de gobierno. Significa también que con excepción de las áreas de reserva ambiental que ya están aceptadas como regionales y exentas de la autonomía municipal bajo la Estructura ecológica principal, es de suponer que cualquier idea que se oponga a la autonomía será objeto de feroz oposición por parte de políticos y propietarios del suelo, en especial cuando se trate de separar las áreas construibles y no-construibles; separación que sería la Muralla china para el regionalismo geográfico. Sin embargo, derribada la Muralla y definido que el objetivo de un POT-sabanero es la urbanización del medio ambiente habitable (medio ambiente construido + medio ambiente natural), los alcaldes se podrían dedicar a gobernar durante los cuatro años que les corresponde, a través del Plan de desarrollo económico y social y de un subsidiario de éste y favorito de muchos gobernantes tipo Rojas Pinilla: el Plan de obras públicas.

La idea de un OT regional-geográfico tiene un antecedente inmediato en la Comisión de ordenamiento territorial para la Constitución del 91. En ese momento, Orlando Fals Borda fracasó en su intento de reordenar Colombia a partir de “regiones culturales y geográficas”. Si bien el argumento perdió, ello no le quita vigencia: “no habrá ningún gran propietario o político profesional que acepte de buena gana algún ajuste de límites que lleve a la disminución de su poder personal territorial”. En el 91 como ahora, esto era tan lógico como impráctico. No obstante, las consecuencias de celebrar lo público –en campaña– pero defender lo privado –en la práctica– quedan ilustradas dramáticamente en el análisis de las consecuencias de la explosión de reactor nuclear de Chernobyl de Ulrich Beck: los beneficios por lo general son privados y locales, y entran a las finanzas privadas; los riesgos y los daños por lo general son democráticos y sus costos salen de las finanzas públicas.

* Imagen de Wikimedia Commons.

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Las murallas son lo de menos. Respuesta a los comentaristas

Zonas

Central Park

Recibí dos comentarios de desaprobación a la propuesta para conservar la reserva van der Hammen a través de un parque urbano amurallado.

El primero asegura que se trata de un “afán ridículo” y pregunta “¿por qué debemos parecernos a otras ciudades, de otros países y otras culturas?”. El segundo se une al coro reiterando que copiar modelos extranjeros es un error y propone construir “una ciudad moldeada con consciencia de sus ecosistemas… Eso sí que sería un modelo propio, innovador y único, adaptado a nuestra cultura”.

Lo que “me pregunto” yo es otra cosa. Si una propuesta para conservar las 1.368 hectáreas de la reserva Thomas van der Hammen es una copia ridícula, ¿cuál sería la denominación adecuada para el alcalde Enrique Peñalosa: mago genial por desaparecer la reserva o cuatrero descarado por robársela?

Un tercer corresponsal interesado en el tema de la Región Bogotá me hizo, por correo electrónico, una invitación a apoyar la formulación de “un plan maestro regional, como referencia para la propuesta asociada Plan [de Ordenamiento] Zonal del Norte”, POZ. Estoy de acuerdo con la importancia con la planeación regional, tanto como con la planeación geográfica y ecosistémica, como entiendo que lo está la mayoría de gente involucrada con el problema del funcionamiento y la planeación responsable de la Sabana de Bogotá. Sin embargo, la región puede esperar y las declaraciones no alcanzan para CONSERVAR la van der Hammen.

Se puede discutir si la conservación de un área de 1.368 hectáreas debería hacerse a través de un proyecto de reconstrucción de un pasado ambiental, o del futuro de una ciudad habitada por 15 o 20 millones de personas. El hecho es que ninguna se puede sustraer al hecho de que el proyecto Lagos de Torca es una AMENAZA presente, a punto de ser aprobada por el Concejo. Sin que la reserva haya sido creada.

La reserva van der Hammen no pasa de ser un enunciado. No está creada porque no ha sido adquirida, no está reglamentada y no se ha definido cómo compensar a los propietarios ni la reubicación de algunos usos y usuarios. Tampoco se tiene un plan para mantenerla por el resto de la vida y menos la claridad de que todo tiene un costo de miles de millones de pesos, que de alguna parte tienen que salir. La creación, sin embargo, empieza por entender y actuar sobre las condiciones de posibilidad que amenazan su existencia: SUSPENDER el proyecto Lagos de Torca y REDEFINIR la zona norte.

* Imagen de la gran muralla china tomada de Taringa.

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Sabana de Bogotá

Para URBANIZAR la van der Hammen

Septiembre 8 – 2016

Urbanizar la reserva ambiental Thomas van der Hammen significa convertirla en un parque urbano de gran tamaño, PERO con sus bordes claramente definidos y sus áreas aledañas densamente pobladas, al modo de los bordes y las áreas aledañas del Central Park de Nueva York.

Hay parques urbanos enormes y paisajísticamente impresionantes PERO con una densidad y unos bordes «blandos». Por ejemplo, el Parque Casa de Campo en Madrid, el Bosque de Chapultepec en México D.F., el Parque Metropolitano en Santiago de Chile y el Parque Fénix en Dublín, todos con más de 700 hectáreas, son «blandos». Si les compara con las 320 hectáreas y los bordes claramente definidos y densamente poblados del parque neoyorkino.

Ante referentes como estos, Bogotá tendría la oportunidad de pertenecer a un selecto grupo con una reserva-parque-urbano de casi 1400 hectáreas. Para lograrlo, habría que poner en marcha algunos cambios administrativos, culturales e intelectuales.

Redefinir la Zona Norte

Cualquiera que se movilice por la Autopista Norte, rumbo a Chía, cuando pasa el Portal de la 170 empieza a percibir lo que es la zona norte de Bogotá: un territorio todavía abierto que va, más o menos, desde la calle 193 hasta La Caro, con los cerros orientales por un costado y «la sabana» por el otro. Este conocimiento geográfico-territorial es compartido por muchos como una experiencia.

Localidades

Otro es el conocimiento de la zona que tienen los propietarios de predios, y quienes por diferentes motivos tenemos que saber «qué pasa ahí». El conocimiento consiste en saber que a uno y otro lado de la Autopista están las localidades de Suba (11) y Usaquén (1); y que una vez pasada la calle 245, se sale de Bogotá y se entra al municipio de Chía, así uno todavía se sienta en Bogotá.

Un grupo menor de ciudadanos relacionado con la planeación urbana sabe que el norte lo constituyen las tres zonas independientes indicadas en este plano zonal: la Unidad de Planeación Rural −UPR−, la reserva CAR, más conocida por su alias como la reserva van der Hammen, y la zona del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte −POZ−.
Zonas
Como unidades de planeación, estas tres zonas debieron quedar reglamentadas por el primer Plan de Ordenamiento Territorial –POT− aprobado en el año 2000. Infortunadamente, la aprobación del POT-2000 excluyó el tratamiento específico de las tres áreas, lo cual convirtió la totalidad de la zona norte en una mancha negra que bloqueó el desarrollo de la zona. El bloqueo, a su vez, propició el desarrollo de Chía, Cajicá y La Calera como «partes» de la ciudad, «por fuera» de la ciudad. El infortunio sucedió porque al alcalde Enrique Peñalosa le pareció que si no podía hacer en la zona lo que él tenía en mente, pues no se haría nada. Y efectivamente, no se ha hecho nada.

Hoy, dieciséis años después, el mismo alcalde está de regreso y promoviendo un proyecto de 1800 hectáreas para la zona POZ, llamado Lagos de Torca. Una de las estrategias para vender Lagos de Torca ha sido suponer que la van der Hammen no existe, limitándose a presentar Lagos de Torca como una maravilla ecológica en sí misma, y desconociendo que la CAR, el Ministerio del Medio Ambiente y, en general, todo el que sabe algo de biología, definieron la van der Hammen como un patrimonio ambiental.

Como primera conclusión, la zona norte tendría que ser un territorio integrado de aproximadamente 5000 hectáreas, de las cuales 1368 serían un parque urbano. Pasado este primer acuerdo, habría que:

Suspender el proyecto Lagos de Torca

El plano que muestra las tres zonas que conforman la zona norte no lo presenta la alcaldía. Si lo hiciera, demostraría que la vecindad de Lagos de Torca con la van der Hammen es una oportunidad malgastada. El plano demuestra lo contrario: que la administración actúa estratégicamente y que su objetivo es aprobar un decreto que le permita al alcalde continuar con la idea que le quedó truncada hace dieciséis años.

Lagos de Torca propone todo lo que manda el manual: vivienda densa, ciclorrutas, mezcla de usos, mezcla de estratos, corredores verdes, parques para grandes y chicos, transporte intermodal, ecología a mares, vivienda con compromiso social, TransMilenio, recuperación del humedal Torca-Guaymaral, elevación de la Autopista Norte en un tramo de 400 metros, distribución de cargas y beneficios, y mucho más. Todo esto lo corroboré en un evento oficial de “socialización” del proyecto, el pasado sábado 27 de agosto en la Escuela Colombiana de Ingeniería.

Ámbito de aplicación

Asistí al evento con la doble curiosidad de saber qué pasaría con el metro en esta parte de la ciudad y cómo sería la relación de la zona POZ con la van der Hammen (zona CAR). La presentación hizo evidente que no hay ni habrá metro, también que la estrategia está montada y que la reserva es un objetivo militar. La evidencia más directa salta a la vista en la primera diapositiva de la presentación “ámbito de aplicación”, que presenta la zona UPR como límite occidental de Lagos de Torca. Sería prudente suponer que se trata de una equivocación, remediable con un poco de buena voluntad. Pero es más probable acertar si se apuesta a que la administración está actuando de mala fe. Para remediar esta incorrección y conservar la reserva, el Decreto POZ-Lagos de Torca tendría que ser votado negativamente en el Concejo de Bogotá. Además, habría que:

Cambiar de fines

A pesar de la adversidad, todavía estamos a tiempo para aceptar que la conservación patrimonial hace parte de cualquier proceso de urbanización. De ser así, el paso a seguir con la zona norte no debería ser cómo cambiar la norma para construir más, sino cómo hacer posible la conservación. Tendríamos entonces que reformular el objetivo inicial de cómo comprar la reserva a cómo gestionarla y financiarla. Y si además aceptamos que hacer negocios también es parte de «urbanizar», tendríamos que considerar la situación hipotética de un propietario cualquiera, para el cual debería ser más rentable tener un lote de 2 o 3 mil metros cuadrados “frente a” la van der Hammen, que uno de 2 o 3 hectáreas en cualquier otra parte de la Sabana de Bogotá.

De modo que después de reconfigurar la zona norte, de archivar el proyecto Lagos de Torca, y de reformular los objetivos del proceso de urbanización, el paso a seguir sería aceptar que comprar o expropiar 1368 hectáreas no tiene futuro. En parte porque no hay con qué pagarlas, en parte porque la plata del Estado se debería invertir en obras de infraestructura, y en parte porque existen «mecanismos urbanísticos» más adecuadas para urbanizar y valorizar el suelo.

Cambiar de medios

Por ejemplo: el sistema de Bonos de progreso que se utilizó para la Carrera Décima, o la Transferencia de derechos de construcción que se utiliza en Canadá y en Europa (y que contempla la Ley 388 de 1997), o la redistribución de suelo o Reajuste de tierras, conocido por su efectividad en Japón (y también contemplado en la Ley 388). O una combinación de todos.

Las denominaciones son evidentes por sí mismas: los Bonos son papeles negociables que su propietario puede guardar en parte y redimir en parte, según su grado de ambición o necesidad; la Transferencia significa que el propietario deja de hacer algo en una parte del terreno a cambio de hacerlo en otra; y el Reajuste es algo que permite a un propietario que tiene, por ejemplo, el 3.45% inicial de 5 mil hectáreas, después de restar lo necesario (vías, reserva, rondas de río, lotes para edificios públicos y demás) queda con el 3.45% del área urbanizada para construcción, en forma de lotes, alrededor de lo que sería un paraíso ambiental. Así, para conservar la reserva, los mecanismos de gestión tendrían que estar más a tono con la planeación contemporánea. Además, habría que:

Cambiar de ideales

Para conservar la reserva ecológica que el alcalde intenta evaporar, habría que hacer dos ajustes a la «tradición»:
– Sustituir las ideas de perímetro urbano y norte de la ciudad, definidos en 1954, por una nueva forma de ver para la cual la reserva sería la Plaza de Bolívar de la Sabana de Bogotá.
– Sustituir la imagen suburbana representada en la casita individual en medio de la naturaleza, por un ideal de urbano inspirado en el borde amurallado del Central Park de Nueva York. Adaptado, por supuesto, a la realidad local del enorme y valioso patrimonio ambiental, alias van der Hammen.

Central Park

…lo que estoy proponiendo es la conservación de 1.400 hectáreas de la Sabana de Bogotá, bordeadas en dos costados por una muralla de edificios de 20, 30 y hasta 40 pisos de altura. No en todos los costados porque la condición de lugar permite –o exige– que dos de estos sean los cerros orientales y el cerro de la Conejera. Para los que consideren que esto es delirante, les respondo que el delirio está en el absurdo de la urbanización suburbana y la baja densidad. Y de paso, que si queremos evitar que el próximo Peñalosa llegue a “urbanizar” lo que será el perímetro urbano de Bogotá dentro de 50 años, deberíamos definir con la debida anticipación las próximas 2 mil, 3 mil o 6 mil hectáreas de patrimonio ambiental.

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Pobre METRO

Marzo 31 – 2106

Es un hecho que los bogotanos estamos polarizados con el metro, pero no entre los que odian a Gustavo Petro y los que odian a Enrique Peñalosa, sino entre quienes creen en el alcalde y los que creemos en el metro. O entre los que al oír la palabra metro vemos el fantasma de TransMilenio y los que, al oír la misma palabra, fantasean con una ciudad con un metro, por lo menos como el de Medellín. O entre los que ven en el alcalde un experto mundial en urbanismo, y aceptan que “por algo será que lleva quince años dando conferencias por todo el mundo”, y los que vemos en él un vendedor de ungüentos urbanísticos. O entre los que consideran que es un líder político nato, preparado como nadie para salvar a Bogotá, y los que consideramos que ojalá estuviera gerenciando una firma constructora y no de gobernador de Bogotá. Sigue leyendo

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Molinos de viento

Molinos de viento

Ladran Sancho, señal que cabalgamos.
Atribuido al Quijote

Desde hace varios años vengo combatiendo –como el caballero de la triste figura– mis gigantes –que resultaron ser molinos de viento–, sin derrotar a ninguno. Voy a recordarles los tres más grandes.

El molino más pequeño se llamaba Gustavo Petro. El alcalde inició y terminó su gobierno “chamboneando”, que consistía en hablar primero y pensar después. Afortunadamente, no era como los ríos y las motocicletas, que no tienen reversa, y finalmente la mayoría de los absurdos con los cuales nos amenazó nunca se realizaron. Empezó proponiendo la implantación de colegios en los terrenos destinados para la necesaria Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), y la construcción de un tranvía que iría hasta Zipaquirá. Después anunció que cobraría peajes urbanos, en una ciudad sin autopistas urbanas. De pronto se dio cuenta de que en el sector de Cedritos el alcantarillado ya no era suficiente para evacuar las aguas de las nuevas construcciones y suspendió la expedición de licencias de construcción. Meses más tarde, presentó un Plan de Ordenamiento Territorial –POT– que autorizaba construcciones de gran altura – incluso en Cedritos – que el Concejo le rechazó. Entonces sacó de la manga el decreto 562, que permitía prácticamente lo mismo que el POT rechazado. Su programa de Viviendas de Interés Prioritario –VIP– nunca alcanzó las metas prometidas y, para construir parte de las unidades que finalmente hizo, sacrificó el lote de la Hoja, uno de los terrenos más valiosos que tenía Bogotá.

Las voces de alerta y rechazo a sus programas no le hicieron ni cosquillas a este molino. Por fortuna, con el alcalde Petro sucedió lo que sucede con la enfermedad llamada adolescencia: que se cura sola con el tiempo.

Ahora llega Enrique Peñalosa nuevamente a la alcaldía, quien demostró en su mandato anterior ser un buen administrador y un mejor ejecutor, hasta el punto que apareció un grafiti que decía: no queremos obras; queremos promesas. Parece que a Peñalosa le quedó sonando la frase y, en entrevista del periodista Yamid Amat, le soltó un ambicioso programa –como para desarrollarlo en 20 años– con unas súper promesas que incluyen un gran parque en los cerros orientales, el metro elevado, la recuperación del río Bogotá –hasta volverlo navegable– y del río Tunjuelo, y cien mil viviendas de Interés Prioritario repartidas en cinco desarrollos llamados “Ciudad Paz”.

Queríamos promesas pero no tantas. Los bogotanos quedaremos satisfechos con que cumpla el 10% de su programa, y hasta aquí todo bien. Pero lo que no está bien es que quiere construir una de sus “Ciudades Paz” en la reserva Thomas van der Hammen, contra la opinión de expertos y profanos. La reserva, al norte de Bogotá y con un área de 1.400 hectáreas, sirve de unión a los ecosistemas de los cerros orientales con los de la sabana y el río Bogotá. Esperamos que el alcalde recapacite, se lleve la vivienda para otra parte, y respete los terrenos que los ambientalistas consideran irremplazables. Ojalá que Peñalosa –de por sí un gigante– no se convierta en el próximo molino.

El siguiente molino –ese sí un verdadero gigante en el sentido de la palabra– es la torre BD Bacatá, que ya se eleva desafiante en el paisaje urbano de Bogotá. Nuestro ataque a este Goliat comenzó en abril de 2011 cuando apareció profusamente en Bogotá la propaganda de un rascacielos de 66 pisos que, de acuerdo con nuestro leal saber y entender, no había presentado el plan parcial obligatorio; no respetaba ni los aislamientos exigidos ni la altura, ni el índice de construcción resultante de las normas sobre aislamientos; no cumplía con las normas referentes a los medios de evacuación, se presentaban inconsistencias entre la licencia y los planos aprobados, y no se le cobró la plusvalía correspondiente a la mayor edificabilidad.

Además, estaba ubicado en un sitio con una movilidad y una infraestructura de servicios cercana al colapso, y no aportaba a la ciudad ningún espacio público. No conocemos el estudio de movilidad –que se presentó después de expedida la licencia de construcción– pero creemos que la entrada de vehículos propuesta por la calle 20 desde la carrera 7ª, y la salida por la carrera 5, no era suficiente para el nuevo tráfico generado por el edificio; mucho menos ahora que Petro peatonalizó la carrera 7ª. Arquitectónicamente, el proyecto se destacaba por su mezquindad en los espacios, algunos de ellos inoperantes como un hall de ascensores de un 1,50 metros de profundidad, una entrada y salida de 6 metros de ancho para 700 estacionamientos, y un área de descargue en el sótano donde no cabían los camiones. No sabemos si se corrigió alguno de estos errores imperdonables.

Creímos que el edificio representaba un golpe bajo para Bogotá y una cachetada al desarrollo del centro, y solicitamos la revocatoria de la Licencia de Construcción. La respuesta de la Secretaría Distrital de Planeación, contenida en la Resolución Nª 11-86 de septiembre 25 de 2012, fue contundente: Los asuntos de tipo estructural, normativo y volumétrico aprobados mediante la Licencia de Construcción Nª LC 11-4-0303 del 2 de marzo del 2011, que no fueron objeto de modificación, no pueden ser motivo de estudio o pronunciamiento en esta oportunidad, por tratarse de un Acto Administrativo que se encuentra plenamente ejecutoriado. Y remataba con una frasecita demoledora: con ella queda agotada la vía gubernativa. Total: otro molino que nos derrota. Lo más grave, sin embargo, está todavía por venir. Se dice que hay más de 350 licencias otorgadas con base en el decreto 562 donde no se sabe cuántos gigantes como el BD Bacatá estarán agazapados. Por lo pronto, se anuncia un monstruo de 90 pisos a una cuadra del rascacielos mencionado: el proyecto Entre Calles. Dios y Peñalosa libren al centro de semejante desastre.

Derrotados y con el rabo entre las piernas, nos enfocamos en Medellín –segunda ciudad del país– para combatir un molino asesino: los responsables del colapso de la torre 6 del conjunto Space, ocurrido el 12 de octubre del 2013. Según el estudio de la Universidad de los Andes, los cálculos –criminales, agrego yo– no cumplían con las normas, al igual que los de otros conjuntos: Continental Towers, Asensi, Mantuá, Colores de Calasania, Punta Luna y Acuarela Norte, calculados por el mismo ingeniero.

El año pasado escribí un test dirigido a mis colegas paisas, con 12 preguntas sobre el caso Space. Solamente recibí una respuesta a una de las preguntas, enviada por Germán Téllez, que tiene de antioqueño lo que yo tengo de esquimal. Publico el vínculo de las preguntas, con la esperanza de que haya al menos un arquitecto antioqueño que lea Torre de Babel, comparta nuestra indignación y nos cuente si finalmente se hizo justicia: Test para constructores antioqueños.

Los promotores ambiciosos a quienes no les importa la ciudad, y los ingenieros inescrupulosos a quienes no les importa la vida humana, siguen cabalgando. Pero no hay nadie que les ladre.

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Vigilantes del espacio público

Enero 28 – 2016

Vigilantes

La planeación urbana como institición, en Colombia, permite a los alcaldes planear y construir la ciudad, contraviniendo el principio democrático del balance de pesos y contrapesos que busca separar legisladores, ejecutores y jueces. La misma institucionalidad de la planeación que contribuye a que planear y ejecutar se conjuguen en una sola persona, contribuye también a complicar la separación de competencias entre políticos y técnicos. Es un hecho que, en últimas, las decisiones las toman los gobernantes, pero esto se da dentro de un rango de cuatro posibilidades para la acción: a) hay gobernantes que sólo toman decisiones técnicas, sin importar el origen de las ideas; b) hay técnicos que al volverse gobernantes toman decisiones que con frecuencia sacrifican la técnica; c) hay gobernantes que toman decisiones políticas sin fundamento técnico; y por último, lo que estamos reviviendo en Bogotá, d) hay gobernantes que se asesoran de especialistas para llevar a cabo sus ideas, pero si algún especialista no está de acuerdo con el sueño del gobernante, se va del equipo.

Respecto al juego en equipo –y contra la amnesia– recordemos que durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa se hizo el primer POT para Bogotá y que éste quedó a medias, en parte por una objeción del mismo alcalde respecto a la reserva Thomas van der Hammen. Como gobernante aceptó que hubiera una junta provisional para decidir sobre urbanizar o conservar la reserva, y aceptó que incorporaría al POT la decisión que un Panel de expertos le diera al estudio. Pero al día siguiente del sí por parte del Panel, demandó la decisión. Aunque esto equivaldría en fútbol a coger el balón con la mano, en planeación las reglas son otras. Así como en el código de Hammurabi «si un hombre superior le rompe el hueso a otro hombre, que le rompan el hueso», las reglas eran otras. En la lógica del análisis del lenguaje, se trata de diferentes «juegos de lenguaje».

Si las reglas del juego urbanístico fueran otras, sería de esperar que el último acto de gobierno de un alcalde saliente fuera dejar la casa en orden, y que el primer compromiso del nuevo gobernante fuera pasar el plumero por última vez, poner las fotos de la familia en el escritorio y empezar a trabajar. Sin embargo, con la reciente llegada de Peñalosa a la alcaldía de Bogotá revivimos una versión del eterno retorno en la cual la última acción del alcalde saliente consiste en dejar contratado lo que pueda, y la primera acción del alcalde entrante consiste en deshacer lo que pueda. Si las reglas se pudieran cambiar –que siempre se puede– las grandes decisiones de planeación pasarían por un proceso más democrático que el actual. En un artículo anterior sugerí que el legado de Peñalosa podría ser una “institución” que corrigiera este problema de unos sueños en conflicto que acabamos padeciendo todos, unos más que otros. Ahora, continúo con la idea: la institución sería una Junta de Planeación para la sabana de Bogotá, con un diseño institucional similar al de la Junta del Banco de la República.

La Junta del Banco es reconocida por varias cualidades: continuidad operativa, independencia política, competencia técnica e injerencia en el futuro de la economía nacional. Además, hay casi un consenso nacional –e internacional– respecto a que tales características –continuidad, independencia, competencia e injerencia– son una virtud que la protege contra la presión coyuntural de políticos y empresarios. En consecuencia, una Junta de planeación para la sabana podría tener unas características generales análogas a las de la Junta del banco: continuidad operativa, independencia política, competencia técnica e injerencia en el futuro del espacio habitable de la sabana de Bogotá.

Las ideas de la Junta provendrían tanto de sus miembros como de lo que propusieran agremiaciones, universidades, público en general y políticos, especialmente los diferentes candidatos en campaña a la alcaldía. Su función, en términos generales, coordinar, controlar y tomar las decisiones rectoras de planeación en cinco frentes espaciales:
– Conservación y mejoramiento del espacio público existente.
– Generación del nuevo espacio público.
– Dotación de equipamientos urbanos y su relación con el espacio público.
– Delimitación y conservación del espacio no urbanizable.
– Manejo coordinado del agua, la biodiversidad, la minería, la basura y la construcción.

Dentro de una lógica interdisciplinar y en debate con una lógica disciplinar, sería preferible que la Junta estuviera conformada por un conjunto diverso de especialistas en temas relacionados con la construcción del espacio habitable, cada uno con un voto. Representantes de disciplinas ajenas al diseño y la construcción como biología, sociología, derecho, economía y antropología, junto a representantes de las disciplinas del diseño y la construcción como ingeniería, urbanismo, conservación patrimonial y arquitectura; junto a los principales políticos encargados de la ejecución de planes como el gobernador de Cundinamarca, los alcaldes entrante y saliente de Bogotá; y un ministro como el de vivienda. Y junto al director de la CAR, como la única institución actual con sentido y visión de futuro no-provinciano.

La apuesta por una composición tan heterogénea sería arriesgada y podría terminar en un Frankenstein. Menos arriesgada, sin embargo, que la apuesta cuatrienal de seguir otorgando a un soñador, por voto popular, el título de doctor honoris causa en urbanismo. Así, el último graduado podría estar llevando a cabo algunas de sus ideas de un modo más consecuente con una democracia del siglo XXI que con el código de Hammurabi.

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