Este texto fue publicado en el periódico El País, de Cali, el pasado 11 de enero de 2018. El autor nos ha permitido reproducirlo aquí. Es una respuesta urgente a «Arquitectos anónimos» de Willy Drews, un artículo publicado hace unas semanas en esta página web.
Muy pocos arquitectos hemos señalado el que en los medios de comunicación no suele darse el crédito del responsable del proyecto del que hablan, promocionan o simplemente mencionan. Y menos aun somos los que hemos protestado, como lo acaba de hacer pertinentemente el arquitecto Willy Drews, cuyas dos cartas a la revista Semana al respecto de su “información”, llena de datos irrelevantes sobre el Centro Internacional de Convenciones Ágora, en la edición 1850, fueron groseramente ignoradas (Arquitectos anónimos, Torre de Babel, 12/12/2017). Pero la Sociedad Colombiana de Arquitectos, SCA, y las facultades y escuelas de arquitectura del país al parecer ni se han enterado.
El hecho, mucho más grave de lo que al parecer cree este gremio profesional, es que en las ciudades colombianas la arquitectura, incluyendo el urbanismo y el paisajismo, suelen ser ignoradas. Al punto de que en Cali, por ejemplo, no se considera que el director de su Secretaría de Planeación deba ser un reconocido profesional en dichas áreas. O que en las más importantes decisiones urbanas y arquitectónicas los conceptos de los arquitectos locales no se tengan en cuenta, como en el caso del POT, realizado por profesionales foráneos desconocedores de la ciudad; o del PIMU que sólo se ve como un asunto vial y no urbano, ni mucho menos arquitectónico, como en realidad lo es.
Cabe preguntarse, además, por qué la Sociedad Colombiana de Arquitectos no sugiere a sus miembros poner una placa con su nombre como se hace en muchas partes. Y desde luego es el municipio el que debería obligarlos a hacerlo con los datos completos de la construcción: nombre del edificio o casa, fecha de construcción, la curaduría urbana que otorgó el permiso, además del nombre de su arquitecto. No hacerlo es como si todo este proceso fuera propio de la economía informal, y no tuviera nada que ver con la ciudad y por tanto con la calidad de vida en ella. En conclusión, no hacerlo es esconder la corrupción que se da en todo este tema, de la licencia a la construcción.
Desde diseñadores que fungen de arquitectos hasta construcciones sin licencia o que no cumplen con los planos aprobados o que su aprobación fue pagada o que se hizo para conveniencia de la curaduría respectiva, pasando por toda clase de modificaciones, incluyendo sobre alturas y demoliciones sin el debido permiso. Y para peor de males el control posterior ha sido inexistente en esta ciudad, y de ahí la gran importancia que tiene el que el Municipio haya parado la obra de la Sagrada Familia, y de la evidencia de la información incompleta o acomodada de parte de la prensa al respecto. Para no mencionar a los que creen que demoler y construir mas de lo adecuado y permitido, es desarrollo.
Por lo contrario, construir lo adecuado para la ciudad y no apenas para la codicia de los diferentes “interesados” si es desarrollo, y lo paradójico es que no entienden que este beneficiaria a todos, incluyéndolos a ellos; en eso consiste una civilización compartida, una política seria y una urbanidad verdadera. Al fin y al cabo, civis, polis y urbs se refieren a lo mismo: la ciudad. Es alarmante que los ciudadanos no se den cuenta de que en esta se les va la vida, y que por lo tanto su calidad urbano arquitectónica es primordial; es nuestro hábitat obligatorio ahora que la mayoría de los colombianos deben vivir en ellas. Una mejor ciudad es lo que en el fondo buscan los que aquí se van de ellas.
* Imagen tomada de AIESEC.
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