Septiembre 27 – 2011

Ayer, 26 de septiembre, fue otro 1 de junio para el Parque de la Independencia. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC, volvió a hacernos perder el tiempo, esta vez en el Concejo de Bogotá. La vez anterior había sido en el Planetario Distrital, para darle contentillo a «la comunidad». Esta segunda vez, en busca de hacerle creer al Concejo que el proyecto actual sí hace parte de un plan, y que este plan es nada menos que de Rogelio Salmona.

Ante la imposibilidad de responder por la falta de un Plan Piloto que respalde el proyecto de Giancarlo Mazzanti para el Parque del Bicentenario, el director del IDPC, Gabriel Pardo García-Peña, nos aburrió durante media hora mostrándonos, entre otras necedades, el Plan Piloto de Salmona y el posterior de Juan Camilo Santamaría. Durante la exposición de Pardo, el nombre Salmona fue mencionado diez o veinte veces, como un mantra, para insuflar en los Concejales la idea de que Salmona tiene algo que ver con un “nuestro” proyecto.

Proyecto sobre el cual ni se vio ni se oyó nada, aparte de que el proyecto inical tenía algunos errores que eran atribuibles a él, a Pardo, pero que el nuevo proyecto “ya los corrigió”.

Evidentemente, no se trataba de explicar ningún proyecto sino de cumplir con una citación rutinaria, mientras avanzan en el afán de conseguir una autorización -que no tienen- por parte del Ministerio de Cultura, y una licencia -que tampoco tienen- por parte de Planeación Distrital.

Plan no hay y por eso y para eso estaban citados al Concejo: para explicar porqué no lo hay. El arquitecto, como de costumbre no apareció, y el IDU mandó un funcionario que tampoco pudo responder nada acerca de las irregularidades con las que se ha intervenido el parque, porque “yo soy sólo un ejecutor”.

Para continuar con el tema sin preocuparnos por el arquitecto, propongo olvidarnos de Mazzanti -quien cada vez resulta más evidente que no es más que un intermediario sin importancia en manos del IDPC y de CONFASE- y pasar a tomarnos en serio el tono y el carácter posesivo del Director del IDPC cuando habla de “nuestro” proyecto.

Como dueño del proyecto, Pardo hubiera podido reconocer la ilegalidad en la que están y llamarla por ejemplo, “un pequeño problema”. También, hubiera podido aceptar que se encuentran en el proceso de “aclararlo todo”; y aprovechando la oportunidad, hubiera podido seguir de largo y explicarle a los Concejales que la incomprensión hacia el diseño del parque surge de la genialidad de un proyecto que, por su brillantez, podría tomar otros cien años en entenderse; pero que él, no obstante, como Director de Patrimonio de la ciudad y como experto en el tema, puede dar fe que la ciudad obtendrá lo que se merece para celebrar el Bicentenario, así sea con un par de años de retraso.

Además, Pardo perdió la oportunidad para hacerle ver al Concejo de la ciudad, que quienes insistimos que hay un atropello patrimonial estamos cortos de visión y perdidos en asuntos de historia y cultura. Falta de visión y de comprensión que es precisamente lo que muchos reclamamos al IDPC. Y desde luego, también al Ministerio de Cultura; así los dos posen de lo contrario.

Si uno cree en lo que hace y en lo que tiene, lo dice, lo muestra y trata de convencer a quien corresponda. Pero así no fue. Tal vez porque eso no se hace en administración pública, o tal vez porque el IDPC no tiene con qué, o tal vez porque como funcionarios públicos que son, estaban cumpliendo con la citación, y nada más. De ser así, para los registros burocráticos, cumplieron. Sin embargo, ante los que estamos enterados de qué se trata el asunto y esperando respuestas hace ya no sabemos cuánto, volvieron a hacer el ridículo.

Dentro de su exposición, el Director del IDPC soltó un par de falacias que no pueden pasar inadvertidas:

1. “A nosotros nos parece muy importante el eje norte-sur”.
Lo cual significa que para pasar de un lado al otro de la 26, en sentido norte-sur, no basta que el Parque del Bicentenario cubra la 26 y que su diseño resuelva los flujos peatonales correctamente, sino que tiene que ocupar una parte del Parque de la Independencia.
El nuevo parque, por definición, tiene que unir uno y otro lado de la 26, y esta unión es en sentido norte-sur. No hay más opción. Ello no implica que para hacerlo haya que tumbar más de un centenar de árboles, ni ocupar una parte del espacio de un parque existente, ni imponer una arquitectura para la cual cuando un árbol se atraviesa, se tumba el árbol.
Lógica torpe y equivocada, por decirlo caritativamente.

2. “Como la reserva vial para Transmilenio le quitó al Parque de la Independencia 1.200 metros2, nosotros le vamos a restituir a la ciudad más de 5.000 metros2”.
Un poco más de tiempo y el cinismo de Pardo lo lleva a decir que le salimos debiendo al Instituto por su magnanimidad.
Lo que significa este retorcimiento lógico es que la reserva vial de la 26 le quitó al parque mil doscientos metros y que el proyecto del IDPC le va a quitar cinco mil y pico metros adicionales. Tenían que cubrir la 26 y aunque no se sabe bien ni cuándo ni por qué, en algún momento y por algún motivo decidieron duplicar el área del proyecto y ocupar el «lote» vecino.
De modo que, atribuyéndose un derecho que no tienen, y porque se trata de un espacio que no entienden, decidieron, como quien invade un baldío, ocupar una parte del Parque de la Independencia.

Mientras tanto, el plan IDPC-CONFASE sigue su marcha,. Ya le presentaron el nuevo proyecto al Ministerio de Cultura y están a la espera que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural lo “autorice” para pasar a buscar la “aprobación” por parte de Planeación. Aprobación después de la cual asumo que debemos esperar otra adición presupuestal, similar a la que ya pasó CONFASE, por $1.300.000.000 para «diseños arquitectónicos». 1.300 millones, no 130 millones. Y no para la obra civil sino para diseño arquitectónico.

Quien quiera que vea desde afuera esta cifra, se puede imaginar que en Bogotá se juega Monopolio en serio; o que en la ciudad se va a diseñar un nuevo parque Simón Bolívar; sin entender que en Bogotá, y en Colombia, ser contratista en los tiempos actuales, equivale a ser miembro de la Iglesia durante la Edad Media.

Con el oportunismo del caso, el IDPC sigue invocando a “la comunidad” para justificarse. Pero “la comunidad” lo único que ha dicho son dos cosas, producto de dos opiniones diferentes dentro de la misma “comunidad”.

Los más radicales piden que se cumpla la orden judicial que obliga a suspender las obras hasta que toda la cadena de irregularidades, ilegalidades, mentiras y dilaciones, esté resuelta.

Los menos radicales, pedimos que el nuevo diseño se limite al área que cubre el túnel de la 26, que dejen de tumbar árboles y que dejen de insistir en hacernos ver una gran arquitectura donde no hay más que un capricho formal.

En lo que sí estamos de acuerdo unos y otros es en reclamar que los funcionarios asuman su papel de protectores del patrimonio y dejen de engañar al público. Y ahora, además, concordamos que con esta última intervención del IDPC, a quienes pretenden engañar es a los Concejales de la ciudad.

Juan Luis Rodríguez

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