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¿Era Petro?

Enero 10 – 2012

Katya González, gerente de la Empresa de Renovación Urbana ―ERU―, presentó un balance de su gestión en una entrevista de El Tiempo el pasado 23 de diciembre. La primera parte de su informe trae algunas cifras: “de 128 hallazgos e irregularidades administrativas, solo quedan tres por corregir (…) había 138 contratos sin liquidar y ya no queda ninguno pendiente (…) nuestra ejecución terminará, el 31 de diciembre, en el 94 por ciento”. El balance incluye también un intento por palmear la espalda del nuevo alcalde, asegurando que la ERU “no adjudicará el polémico centro comercial de San Victorino porque el alcalde electo Petro así lo pidió”. Y además, nos da una primicia: que la ERU no construirá el Centro Cultural España porque “nosotros no somos constructores”. Lo construirá, en cambio, “la fundación Escuela Taller de Bogotá, que es una entidad seria.”

Los números dan para incertidumbres fascinantes como que la Vía Láctea tiene entre 200 mil y 400 mil millones de estrellas, pero dan también para sorpresas como las del informe González. Corregir 125 de 128 irregularidades, da casi el 98% de efectividad. Si le agregamos el 100% en contratación y el 94% en ejecución, podría uno pensar que acabamos de perder la funcionaria del año en Bogotá. Pero basta recordar que quien reclama tanto rendimiento y pulcritud como gerente de la ERU, es a la vez la arquitecta del edificio de Fedegán en Teusaquillo. Una obra sellada dos veces por la Alcaldía de la localidad, precisamente por alterar las medidas, en metros, en un sector patrimonial en el que los centímetros son preciosos. La misma persona que ante la pregunta por la anomalía de Fedegán le respondió a Noticias Uno que ya todo “estaba resuelto”, con lo cual quiso decir que todo se “resolvería”, confundiendo un pasado imperfecto con un futuro condicional. Confusión que me obliga a pensar que quien estira a su antojo un edificio, o un verbo, no se pone con remordimientos a la hora de hacer un poco de numerología de la gestión.

En cuanto a la gentileza de no adjudicar el centro comercial de San Victorino, me parece evidente que temiendo la bien ganada fama de justiciero del exsenador Petro, la gerente saliente busca anticiparse a las investigaciones que presiente venir. Y en cuanto a la denominación del contratista para la construcción del Centro Cultural España, me asombra que para sustentar la selección del contratista, escoja calificar la Escuela Taller como una entidad “seria”, en lugar de una entidad “competente”.

La Escuela Taller es una Fundación dedicada a la educación en artes y oficios que busca “formar a jóvenes con alto riesgo social en oficios tan diversos como albañilería, carpintería, cantería, forja, pintura, cerámica, jardinería, instalaciones y otros”, como culinaria y restauración de muebles. Una fundación reputada por la calidad de su trabajo artesanal y por el valor de su misión social. No es una firma de construcción, ni tiene con qué, ni con quién, ni porqué, responder por un contrato como el del Centro Cultural España; a menos que lo subcontrate, con las consecuencias ya conocidas: que todo cuesta y se demora más de la cuenta. Almacenes Éxito, por ejemplo, también es una empresa seria, lo cual no la califica para encargarse de contratos de construcción de alta complejidad.

Bienvenidas entonces las investigaciones que muchos esperamos entre un prudente escepticismo y un temeroso optimismo, confiando que así como el 2011 fue un año infeliz para buena parte de los miembros del carrusel de la contratación, el 2012 lo sea también para los encargados del mundo al revés que se encarga de la planeación de Bogotá. Mundo en el que la ERU es apenas una ficha menor de un rompecabezas que completan Planeación Distrital, la Cámara Colombiana de la Construcción –Camacol–, la Sociedad Colombiana de Arquitectos –SCA–, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC–, la Secretaría Distrital de Movilidad –SDM–, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB– y las curadurías urbanas, entre otros. Las bases para este nuevo mundo se reducen, en mi opinión, a unas pocas “inversiones”.

– Que Planeación Distrital deje de estar al servicio de Camacol y se ocupe de concebir la ciudad como un bien colectivo que se “proyecta” hacia el futuro. Un espacio que se conciba desde su calidad urbanístico-arquitectónica como una “obra de arte colectiva que se construye en el tiempo”. No en una mercancía de alta rentabilidad cuyas manifestaciones espaciales terminan por ser un rayón en la córnea.

– Que Camacol deje de actuar como asesor de Planeación Distrital y se ocupe de mejorar los atrasados estándares de calidad de la construcción en Colombia. Que resuelva la evidente paradoja de su misión que la presenta como: “una asociación gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construcción”, y pase a reconocerse, simple y honestamente, como una organización que vive para el lucro. También podría ayudar, por ejemplo, a conseguir un contratista idóneo para el Centro España.

– Que la SCA deje de actuar como contratista del Estado y se ocupe de asesorar entidades públicas y privadas en arquitectura, empezando por el ordenamiento territorial y por objetar, por lo menos, atropellos patrimoniales como Eldorado, Fedegán y el Parque de la Independencia. O si considera legítimas estas intervenciones, que lo manifieste públicamente y deje de guardar “prudente” silencio. La debilidad institucional de la SCA se confirma en que Camacol ha tomado el liderazgo que los arquitectos deberían tener en Planeación, con la consecuencia de un POT hecho a la medida de los promotores inmobiliarios.

– Que el IDCP se ocupe de proteger el patrimonio arquitectónico de todas las épocas (¡y los cerros!), empezando por entender que el Parque de la Independencia es un patrimonio de la nación, y no el patio de atrás del lote para el Parque del Bicentenario. En contraste con su incapacidad cultural para el manejo de la arquitectura patrimonial, reconozcamos su eficiencia administrativa, pues en contra de toda lógica, este instituto se pasó el año tratando de legalizar su parque, y lo logró, mediante un decreto navideño de esos de última hora, firmado el 28 de diciembre por Clara López como alcaldesa encargada, y por Juan David Duque como secretario de planeación, también encargado. El decreto legaliza el nuevo parque e incluye múltiples frases vacías y previsiblemente falsas. Para la muestra: «En los alrededores del Quiosco de la Luz se mantienen las características de paisaje y arborización.» http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45180

– Que a la SDM no se le vuelva a olvidar que al densificar la ciudad, en la mayoría de barrios se requiere prever un aumento en la dimensión de las vías, los andenes y la cantidad de parqueos públicos (¡y de árboles!). Y que ojalá se acuerde que el BD Bacatá fue aprobado sin estudio de tráfico, y que como responsable de la movilidad tiene, o tenía, la obligación de garantizar que el mamut final tenga por lo menos buenos parqueaderos.

– Que a la EAAB, tampoco se le olvide que para las futuras densificaciones hay que aumentar las redes de servicios públicos, en especial la de alcantarillado. Les recomiendo tener presente lo que me dijo al respecto un cartagenero, comentando olvidos similares en su ciudad: «esta gente parece no entender que donde antes hacían diez, ahora hacen cien”. Para llevar la situación a la parodia, la EAAB le está pidiendo a los privados la misión imposible de encargarse de la construcción de estas redes. El paso siguiente, deduzco que será la estratificación de la tubería: a mayor estrato, más amplia la cañería. Y viceversa.

– Que se corrija el peor–imposible diseño institucional de las Curadurías urbanas. Unas Notarías de planos que dependen para su subsistencia de la cantidad de metros de construcción aprobados. Un mecanismo que induce a los curadores a incumplir las normas de manera recurrente e impune. Un sistema en el que si el cliente no está complacido, se va, como quien sale de una panadería con su rollo bajo el brazo, para otra curaduría. Y como unos y otros, curadores y promotores, saben que cuando la Veeduría de las curadurías recibe una denuncia y finalmente conceptúa que “sí”, que en efecto las normas no se cumplieron, saben también que para la hora de “el concepto”, el edificio estará construido y ya nadie se atreverá a sancionar. Y menos a demoler.

Hasta acá los asuntos institucionales. En cuestiones de concepción y mentalidad también son indispensables, en mi opinión, por lo menos otro par de “inversiones”:

– Que oponerse a la chambonería institucional se malinterprete como estar contra la compactación de la ciudad, y en consecuencia, de la demolición de gran parte de la misma. Si se declara, y yo lo acepto, que la ciudad se debe compactar, deberíamos ser consecuentes y aceptar que tampoco se debería expandir, ni mediante suburbios de estrato seis, ni mediante tugurios de estrato uno. Las formas para densificar y compactar son muchas pero desafortunadamente vamos por el triste camino liderado por Camacol, bajo el falso lugar común que “la tierra vale mucho”. Un mantra que sirve para legitimar las incongruencias morfológicas, la falta de sentido colectivo y la falta de espacio público que tenemos hoy en día en la planeación de Bogotá. La tierra no vale mucho porque exista una especie de ontología trascendental de la misma, sino porque la reglamentación asignada le da un valor de uso que depende de la cantidad de metros cuadrados vendibles que pueda generar.

-Que no se crea que la propuesta depende de que los especuladores cambien de visión. No tienen porqué hacerlo. Es a las instituciones que se supone que velan por la ciudad, a las que corresponde lograr una visión orientada hacia el futuro del bien común. Y es a los arquitectos a quienes corresponde dejar de insistir que los problemas de la ciudad se corregirían «cumpliendo las normas», dado que “el problema es de ética”. Los problemas se corregirían si las instituciones se dedicaran a lo que les corresponde, y si las normas se rehicieran por completo en función de la calidad del espacio, antes que de la calidad del negocio. En ese orden. Cumplir unas normas que no están concebidas previendo la calidad del espacio urbano es llorar sobre mojado. Lo que falta, insisto, no es ética sino arquitectura.

Vaticinio para el 2012: Entraremos al ocaso de la Era del Contratista y la demolición del edificio de Fedegán marcará el fin de este oscuro período y el comienzo de un nuevo amanecer para Bogotá. Algo así como pasar de la Era del Cangrejo a la Era del Unicornio.

Juan Luis Rodríguez

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La Muerte del Ícono

Un reciente editorial de la revista británica Architectural Review, bajo el título de “La Muerte del Icono” describe cómo la crisis económica de España ha llevado a cuestionarse la proliferación de proyectos de “autor” que se presentó durante los años de aparente bonanza, cuando las distintas provincias y ciudades competían para contar con obras, generalmente innecesarias, diseñadas por arquitectos del jet-set internacional. Surge ahora una indignación general frente al derroche de dineros públicos que durante muchos años hicieron las administraciones para el diseño y construcción de obras suntuarias. Se buscan responsables y se señalan culpables de inversiones que procuraban replicar el efecto Bilbao. Señala el artículo que es clara la incompetencia y falta de visión de las autoridades que, en su afán de figurar, dejaron de lado las más elementales medidas de control y rigor administrativo para adelantar este tipo de proyectos. Se cita el ejemplo de la invitación que se le hizo a Richard Meier para que diseñara un edificio en Barcelona. Parece que la conversación se redujo a: “Y, bueno, Arquitecto Meier, qué quisiera diseñar?” “No sé. Tal vez sería divertido un museo…..” Barcelona cuenta, desde hace varios años con el Museo de Arte Moderno, diseñado por Meier, en un lugar poco adecuado para este tipo de proyectos, desubicado, escondido, con una lamentable presencia de visitantes y con un costo que rebasó todos los cálculos. Pero las autoridades del momento consideraron que se necesitaba un edificio de Meier, costara lo que costara. Son bien numerosos los ejemplos que, como el anterior, han requerido inversiones exorbitantes y hoy hasta su mantenimiento genera dificultades. Entre ellos sobresalen la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, de Peter Eisenman, o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, de Calatrava. O el edificio de la Opera de Palma de Mayorca, por el cual el mismo Calatrava se encuentra demandado en cuantía de millón y medio de dólares. Consideran las autoridades que, a pesar de los altos honorarios que se le pagaron, el edificio no pasa de ser una maqueta tamaño natural, sin acabados ni calidad alguna. Otra obra que se cita es el Centro Internacional de Cultura, diseñado por Oscar Niemeyer para la ciudad de Avilés. Seis meses después de inaugurado, lo han tenido que cerrar en virtud de los escándalos políticos que se han presentado en torno al proyecto, con la posibilidad de que el cierre sea definitivo. Justo antes de la crisis, ya se oían voces de inconformidad por parte de muchos quienes empezaron a rechazar la manía y la obsesión por las arquitecturas de marca. El caso de Sevilla es bien significativo. En el 2006, la ciudadanía demandó, con éxito, la construcción de la biblioteca diseñada por Zaha Hadid, argumentando que se adelantaba de manera ilegal en terrenos de un parque público. Las más altas cortes de España han ordenado la demolición de la obra que ya se había iniciado. Allí mismo, la torre de más de 40 pisos que propone Cesar Pelli en el centro histórico ha llevado no solo a que los sevillanos protesten con vehemencia, sino también a que la UNESCO contemple retirarle a la ciudad su calificación de patrimonio de la humanidad. Muchos arquitectos españoles también han criticado lo sucedido en estos últimos años, y urgen al regreso a la excelente práctica disciplinada que caracterizó su arquitectura durante varias décadas. Es, sin embargo, una lástima que sea a raíz de una crisis económica que afloren los debates y los remordimientos. Pero parece que la verdadera crisis, más que económica, es de tipo ético con claros responsables: políticos, funcionarios públicos, promotores y, claro está, los arquitectos que en su rol de estrellas internacionales no han encontrado impedimento para prestarse a esta danza de millones. Algo me dice que en Bogotá empieza a observarse un comportamiento similar, y no parece haber contemplación alguna en destruir lugares consolidados de la ciudad argumentando que en el sitio se elevará una construcción diseñada por algún divo internacional. Ojo con las torres Bavaria!!

Carlos Morales Hendry

 

 

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¿Mas fusil… o globalización?


Una página “web de arquitectura, diseño y construcción para profesionales y estudiantes”   está presentando el edificio corporativo Ayasha en la ciudad de Bogotá, diseñado por Metrópolis y liderada por el arquitecto peruano José Orrego, como una propuesta que destaca por su “carácter icónico que permitía que el edificio destacara en el paisaje urbano” y añade que, “a diferencia de muchos edificios colombianos trabajados con ladrillo y concreto, destacaba por ser un edificio simple con cuatro superficies que definían el volumen.” El arquitecto peruano resultó ganador en un concurso privado organizado por una promotora inmobiliaria para desarrollar este nuevo edificio corporativo.

Independientemente de las consideraciones urbanas, arquitectónicas, constructivas y ambientales que hayan tenido quienes juzgaron y eligieron este edificio como ganador, es innegable que el autor se apropia de un referente muy conocido y lo aplica en nuestra ciudad como una contribución más a la falta de creatividad de los arquitectos que se denominan “de vanguardia”.

A continuación, las imágenes de dicho edificio tomadas de http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra306.htm y las de su símil chino.

Fernando Gordillo

 

Edificio Ayasha, Bogotá Arq. José Orrego

 

 

Digital Beijing Building, Beijing Architects: Studio Pei-Zhu

 

 

Edificio Ayasha

 

Digital Beijing Building

 

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En inminente riesgo el Valle aluvial del río Bogotá

Diciembre 15 – 2011

Al cruzar la planicie, el río Bogotá configura una banda que constituye el centro del paisaje de la Sabana. El suelo de la vasta planicie desciende suavemente desde el oriente y desde el occidente hasta configurar el cauce. Las múltiples curvas y vueltas y revueltas que describe la corriente revelan cuán rigurosamente la gravedad fue señalando a las aguas la secuencia exacta de mínimas diferencias de nivel que les permitiera encontrar el mejor camino hacia el Salto de Tequendama y hacia el valle del Magdalena.

La tersura de esta topografía explica porqué, desde hace miles de años, el río se desborda en tiempos de lluvia, anegando una porción significativa de superficie a lado y lado de sus márgenes. Los muiscas, entendiendo lo inevitable, construyeron un sistema agrícola de canales y camellones que les permitía proteger las cosechas de la llegada de las crecientes, e incluso criar capitanes, aquellos peces que conocieron nuestros abuelos y hoy ya han desaparecido.

Ante la expansión exorbitante de Bogotá en las últimas décadas, estas áreas inundables han empezado a experimentar la presión de los urbanizadores informales y el apetito de los promotores inmobiliarios formales.

Con muy buen juicio, partiendo del estudio riguroso de la pluviometría y de las cotas históricamente alcanzadas por las crecientes, la ciudad definió el límite de dichas zonas inundables y declaró protegida la superficie comprendida entre este borde y las riberas del río, con el propósito de impedir edificar allí y al mismo tiempo no perturbar los importantísimos procesos ecológicos que ocurren en estas áreas. Como un elemento fundamental de la estructura ecológica de nuestro territorio, esta franja de anchura variable quedó incluida y bautizada en el POT de 2000 con el nombre de Valle aluvial del río Bogotá. Ya hacía parte del mapa de microzonificación sísmica de la ciudad elaborado por Ingeominas y la Universidad de los Andes en 1997, el cual establece las previsiones necesarias para cimentar las construcciones en los diferentes sectores de la ciudad.

Hoy nos encontramos ante el riesgo de que la Secretaría Distrital de Planeación haga recortes enormes de esta gran área en la revisión al POT que se apresta a aprobar y la entregue a la especulación inmobiliaria, incluso autorizando ya mediante decreto (113 DE 2011) unos determinados proyectos de urbanización y pidiendo a la EAAB que asuma la responsabilidad de realizar las obras que mitiguen los riesgos de inundación. Es decir, ¡autorizando que con dineros públicos se haga obras para adaptar unas tierras que permitan hacer negocios privados!

Como colmo de las contradicciones, el mismo decreto 113 reconoce que cada diez años habrá una posibilidad de inundación que fluctuará entre el 10% y … ¡el 65%! El candidato Jaime Castro lo durante su campaña a la alcaldía. Entretanto. la Contraloría ha empezado a investigar; la alcaldesa Clara López ha sido advertida, las lluvias arrecian.

¿Cuándo podremos pensar en una ciudad sostenible en la que intereses privados y bien público no se contradigan?

Mauricio Pinilla
Comisión de Sostenibilidad
Sociedad Colombiana de Arquitectos

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BD – ET – Bacatá

Diciembre 14 – 2011

El pasado 22 de noviembre, en el Museo del Chicó, asistí a un debate sobre el Bacatá Bogotá Downtown –BD-Bacatá– el rascacielos de 67 pisos que está por brotar en la calle 19 con carrera 5. Hubo dos presentaciones: una sobre la torre para hotel, vivienda, comercio y oficinas; y otra sobre los sótanos para parqueo y abastecimiento. Después de las presentaciones y las intervenciones, los asistentes quedamos con el mal sabor de un edificio que abusa en especulación, incumple las normas en exceso, no genera un centímetro adicional de espacio público, y sobrecarga, también en exceso, la ya saturada red vial de la zona. Para quienes consideramos que la torre de Avianca en el Parque Santander también está en el lugar equivocado, el día que la nueva operación de “renovación urbana” irrumpa en el perfil del centro de la ciudad, veremos el Avianca como un Hobbit.

La presentación de la torre (Willy Drews) nos ilustró ampliamente en seis aspectos: No cumple con el Plan Parcial obligatorio. No cumple con los aislamientos exigidos. No cumple con la altura resultante de aplicar las normas sobre aislamientos. No cumple con el índice de construcción. No pagó la plusvalía correspondiente a la mayor edificabilidad. Y para rematar, son múltiples las inconsistencias entre lo que dice el texto de la licencia y los planos aprobados. Lo que a mí más me sorprendió fue ver cómo se “inventaron” que la norma de aislamientos se puede “interpretar” para generar escalonamientos y aumentar la altura, como si estuviéramos en Nueva York.

Si algo ha sido claro dentro de la ambigüedad normativa bogotana es que el aislamiento se cuenta a partir del nivel del terreno, o a partir del nivel de la plataforma de empate con el vecino, cuando la hay, como en este caso. En realidad, la sorpresa no es tanto la propuesta de los especuladores, pues al fin y al cabo esa es su razón de ser, sino que la Curaduría se haya prestado para un estrujamiento tan forzado de la norma. Con semejante precedente, dentro de poco empezaremos a ver escalonamientos «creativos» por toda la ciudad.

Después de las tristezas de lo que se verá camino al cielo, la presentación de los sótanos (Juan Luis Moreno) nos aterrorizó con los problemas para los seis niveles de catacumbas que tendrá el edificio más alto de Colombia. Los parqueos están dimensionados a partir del Decreto 1008 de 2000 (dimensiones mínimas por cupo = 2.20 por 4.50 metros), en lugar de haberse dimensionado a partir del Acuerdo 20 de 1995 (dimensiones mínimas por cupo = 2.50 por 5.00 metros). Dejando de lado los problemas con los cupos para furgonetas y minusválidos, hay dos modos de afirmar que todo el parqueadero está mal dimensionado: uno es jurídico, en tanto el Acuerdo 20 de 1995 no ha sido derogado y es de superior jerarquía al Decreto 1008 de 2000, así este último sea posterior en el tiempo; el otro problema es funcional, pues a menos que uno tenga un Clío, un Aveo, o si a uno le ha ido muy bien, una Mini Cooper, la mayoría de los automóviles que se utilizan hoy en día no caben en un espacio de 2.20 por 4.50. Peor aún: como la estructura del edificio es de pantallas de concreto, y no de columnas, la mayoría de los cupos quedará encajonada entre muros, de manera que cada carro tendrá únicamente la posibilidad de abrir una puerta. Si la puerta es la de la conductora y ésta va de falda y tacones, mi solidaridad anticipada con la contorsionista.

Cualquiera de los incumplimientos, omisiones o contradicciones mencionados, debería bastar para una revocatoria de la licencia y la apertura de una investigación por presunta corrupción. No obstante, como el proyecto está aprobado por la Curaduría No. 4, siendo prácticos, o cínicos, que para el caso es lo mismo, todos intuimos que si la dirección a seguir es Paloquemao, para cuando la obra esté terminada habrá dos torres de altura similar: una torre en concre–vidrio, importada de España, en un lugar equivocado de la calle 19 de Bogotá; y otra torre de folios amarrados con piola, acumulando apelación sobre apelación, en los juzgados de Paloquemao.

Los problemas que generará ET Bacatá se desprenden de unos pocos principios equivocados. Tres para ser exactos: 1. Querer ser lo que no se puede. Esto es, querer ser como Nueva York, sin metro ni Central Park, y sin una norma para escalonamientos. 2. Utilizar las normas que no se debe. Es decir, que si se tienen dos normas a disposición, utilizar la peor, para luego batirse a punta de hermenéutica jurídica con el que se atraviese, hasta que los opositores se agoten, o se quiebren, o se cumpla el vencimiento de términos. 3. Entre dos referentes, utilizar el peor. Así, en lugar de tomar como modelo un parqueadero, modelo años 50, como el del Centro Internacional, preferir los depósitos para carros, modelo años 80, de algún conjunto de vivienda en Cedritos. Una época sin consideraciones para minusválidos ni furgonetas de abastecimiento dentro de los parqueaderos. Una época en la que las camionetas tipo burbuja se llamaban mafionetas. Y una época que visualizaba un futuro automotor para el siglo XXI dominado por los descendientes de los Renault 4, 6 y 12, este último como carro de alta gama.

Un boca a boca callejero cobra especial vigencia para explicar este proyecto: lo que interesa a promotores y curadores es construir y facturar, respectivamente, la mayor cantidad de metros cuadrados. Para ello, como aprendí en el debate del Museo del Chicó, unos y otros dan lo mejor de sí para encontrar “el esguince jurídico”; al tiempo que la Curaduría da lo mejor de sí para satisfacer al cliente.

La buena noticia es que la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM- está estudiando el caso. Si exige lo que debería exigir, el proyecto BD-Bacatá disminuirá necesariamente su área construida, por el sencillo motivo que si se acoge a los requerimientos que la ciudad necesita, no le cabrán los vehículos que el proyecto necesita para mantener su elefantiasis.

Es cierto que todo promotor tiene derecho a hacer negocios, y es apenas justo que el ET-Bacatá sea un buen negocio. También es cierto que todo negocio necesita límites, en especial cuando la ciudad tiene poco que ganar y tanto que perder. Para definir con claridad estos límites, y ante la laxitud de la Curaduría que le otorgó la licencia, confiemos en la SDM.

Juan Luis Rodríguez

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Inundaciones y Planes de Ordenamiento Territorial

Es necesario tener plena claridad sobre las causas de la inundación de la Sabana de Bogotá y sobre las razones técnicas que determinaron que las autoridades distritales, la CAR y el Ministerio de Ambiente permitieran el desarrollo de programas de vivienda de interés social en terrenos que hoy están inundados por el Río de la Sabana de Bogotá. Se deben identificar responsables. Después de escuchar por radio las declaraciones de la gerente de METROVIVIENDA hay que detenerse en el análisis de la responsabilidad. Es inaudito que una funcionaria de tan alto rango, por ignorancia o mala fe, endilgue a los Curadores Urbanos la responsabilidad de lo sucedido.

El Plan de Ordenamiento Territorial adoptado por decreto 619 de 2000 por la administración de Enrique Peñalosa y su Directora de Planeación Carolina Barco, dentro del marco de la Ley 388 de 1997 tiene información clave para ver algunas de las causas de la actual tragedia social. Entre los objetivos de esta Ley y los que persigue el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial estaban, y siguen estando, los de impulsar la construcción, promover programas de vivienda de interés social y disminuir el déficit existente en el país. Con ese objetivo y seguramente sin suficiente análisis, se permitió que el POT de entonces (decreto 619 de 2000) definiera como suelo de expansión, con destino al desarrollo de Programas de Vivienda de Interés Social, áreas claramente identificadas y delimitadas como amenazadas por inundación (ver planos No 25 –expansión-, No. 22 –VIS- y No. 4 –Amenaza por inundación-). Esa decisión, además de contrariar toda lógica, como lo ha demostrado de manera implacable la naturaleza, es violatoria del artículo 1º de la Ley 388 de 1997 que busca el ordenamiento del territorio enfatizando la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo. ¿Qué importancia tuvo para los redactores del POT esa norma y los artículos asociados al Área de Manejo del Valle Aluvial del Río de la Sabana de Bogotá?

En cuestión de responsabilidades deberemos acudir a los diferentes actores determinantes en la formulación del POT del 2000, en Bogotá y en los Municipios de la Sabana.

También se debe analizar el proceso de expedición de los Planes Parciales y las Unidades de Actuación Urbanística, instrumentos que según la Ley son el marco para el desarrollo eficiente de acciones urbanísticas, en las áreas de expansión, fundamentalmente. La formulación de los planes parciales y la determinación de cargas y beneficios asociados al desarrollo urbanístico de estos terrenos es competencia de la Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación. Se adoptan por decreto, luego de un amplio proceso de concertación en que el intervienen prácticamente todas las dependencias de la administración, destacándose para la época de la adopción del decreto 619 de 2000, el DAMA, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, METROVIVIENDA, el Departamento de Prevención y Atención de Emergencias adscrito a la Secretaría de Gobierno y, desde luego, el entonces Departamento de Planeación.

Es de anotar que los planes parciales deben asegurar “(…) condiciones de habitabilidad y de protección de la Estructura Ecológica Principal (…)” para dar soporte necesario a “nuevos usos urbanos”. A pesar de la importancia de estos instrumentos, el Ministerio de Vivienda y los constructores, so pretexto de simplificar su trámite, eliminaron el paso de los Planes Parciales por el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, cuyo concepto era fundamental desde el punto de vista macro y zonal del ordenamiento. Este Consejo habría podido introducir miradas más complejas que las de impulsar, a cualquier costo, programas de vivienda para cumplir con metas oficiales, o alcanzar niveles de rentabilidad en suelos que, por estar en sectores previamente identificados como inundables, eran inservibles para la urbanización.

En cuanto a la responsabilidad de los curadores urbanos en las actuales inundaciones debe entenderse como nula, ya que no son éstos los que formulan y adoptan el Plan ni quienes desarrollan las normas y mucho menos quienes intervienen en la concertación previa a la adopción por decreto de los planes parciales. Su función y responsabilidad se limita a verificar, a posteriori, que los proyectos puestos a su consideración cumplan con las normas y exigencias establecidas por Planeación Distrital y consignadas en los planes parciales según concertación adelantada por la Administración Distrital. Sólo cabría responsabilidad si expidieron licencias de urbanismo y construcción con violación del POT o sin la previa existencia de un plan parcial que lo autorizara.

No puedo terminar sin preguntar a la actual Alcaldesa designada y a su Secretaria de Planeación si la modificación del POT, cuya aprobación vienen presionando con tanto ahínco, contempla responsablemente el tema de las inundaciones del Río Bogotá y de sus impactos sobre las poblaciones de menores ingresos y cuáles son las previsiones y actuaciones urbanísticas que proponen. Igualmente sería interesante conocer el Concepto emitido por la CAR, la respuesta del Ministerio de Ambiente a las inquietudes planteadas por ésta y el concepto del Consejo Territorial de Planeación del Distrito, del cual esperamos los ciudadanos un claro pronunciamiento sobre la actual emergencia que vive la ciudad.

JAIME RODRIGUEZ AZUERO
EX-CURADOR URBANO No 1

Bogotá, D.C., diciembre 9 de 2011

bazarurbano@etb.net.co

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