Enero 10 – 2012

Katya González, gerente de la Empresa de Renovación Urbana ―ERU―, presentó un balance de su gestión en una entrevista de El Tiempo el pasado 23 de diciembre. La primera parte de su informe trae algunas cifras: “de 128 hallazgos e irregularidades administrativas, solo quedan tres por corregir (…) había 138 contratos sin liquidar y ya no queda ninguno pendiente (…) nuestra ejecución terminará, el 31 de diciembre, en el 94 por ciento”. El balance incluye también un intento por palmear la espalda del nuevo alcalde, asegurando que la ERU “no adjudicará el polémico centro comercial de San Victorino porque el alcalde electo Petro así lo pidió”. Y además, nos da una primicia: que la ERU no construirá el Centro Cultural España porque “nosotros no somos constructores”. Lo construirá, en cambio, “la fundación Escuela Taller de Bogotá, que es una entidad seria.”

Los números dan para incertidumbres fascinantes como que la Vía Láctea tiene entre 200 mil y 400 mil millones de estrellas, pero dan también para sorpresas como las del informe González. Corregir 125 de 128 irregularidades, da casi el 98% de efectividad. Si le agregamos el 100% en contratación y el 94% en ejecución, podría uno pensar que acabamos de perder la funcionaria del año en Bogotá. Pero basta recordar que quien reclama tanto rendimiento y pulcritud como gerente de la ERU, es a la vez la arquitecta del edificio de Fedegán en Teusaquillo. Una obra sellada dos veces por la Alcaldía de la localidad, precisamente por alterar las medidas, en metros, en un sector patrimonial en el que los centímetros son preciosos. La misma persona que ante la pregunta por la anomalía de Fedegán le respondió a Noticias Uno que ya todo “estaba resuelto”, con lo cual quiso decir que todo se “resolvería”, confundiendo un pasado imperfecto con un futuro condicional. Confusión que me obliga a pensar que quien estira a su antojo un edificio, o un verbo, no se pone con remordimientos a la hora de hacer un poco de numerología de la gestión.

En cuanto a la gentileza de no adjudicar el centro comercial de San Victorino, me parece evidente que temiendo la bien ganada fama de justiciero del exsenador Petro, la gerente saliente busca anticiparse a las investigaciones que presiente venir. Y en cuanto a la denominación del contratista para la construcción del Centro Cultural España, me asombra que para sustentar la selección del contratista, escoja calificar la Escuela Taller como una entidad “seria”, en lugar de una entidad “competente”.

La Escuela Taller es una Fundación dedicada a la educación en artes y oficios que busca “formar a jóvenes con alto riesgo social en oficios tan diversos como albañilería, carpintería, cantería, forja, pintura, cerámica, jardinería, instalaciones y otros”, como culinaria y restauración de muebles. Una fundación reputada por la calidad de su trabajo artesanal y por el valor de su misión social. No es una firma de construcción, ni tiene con qué, ni con quién, ni porqué, responder por un contrato como el del Centro Cultural España; a menos que lo subcontrate, con las consecuencias ya conocidas: que todo cuesta y se demora más de la cuenta. Almacenes Éxito, por ejemplo, también es una empresa seria, lo cual no la califica para encargarse de contratos de construcción de alta complejidad.

Bienvenidas entonces las investigaciones que muchos esperamos entre un prudente escepticismo y un temeroso optimismo, confiando que así como el 2011 fue un año infeliz para buena parte de los miembros del carrusel de la contratación, el 2012 lo sea también para los encargados del mundo al revés que se encarga de la planeación de Bogotá. Mundo en el que la ERU es apenas una ficha menor de un rompecabezas que completan Planeación Distrital, la Cámara Colombiana de la Construcción –Camacol–, la Sociedad Colombiana de Arquitectos –SCA–, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC–, la Secretaría Distrital de Movilidad –SDM–, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB– y las curadurías urbanas, entre otros. Las bases para este nuevo mundo se reducen, en mi opinión, a unas pocas “inversiones”.

– Que Planeación Distrital deje de estar al servicio de Camacol y se ocupe de concebir la ciudad como un bien colectivo que se “proyecta” hacia el futuro. Un espacio que se conciba desde su calidad urbanístico-arquitectónica como una “obra de arte colectiva que se construye en el tiempo”. No en una mercancía de alta rentabilidad cuyas manifestaciones espaciales terminan por ser un rayón en la córnea.

– Que Camacol deje de actuar como asesor de Planeación Distrital y se ocupe de mejorar los atrasados estándares de calidad de la construcción en Colombia. Que resuelva la evidente paradoja de su misión que la presenta como: “una asociación gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construcción”, y pase a reconocerse, simple y honestamente, como una organización que vive para el lucro. También podría ayudar, por ejemplo, a conseguir un contratista idóneo para el Centro España.

– Que la SCA deje de actuar como contratista del Estado y se ocupe de asesorar entidades públicas y privadas en arquitectura, empezando por el ordenamiento territorial y por objetar, por lo menos, atropellos patrimoniales como Eldorado, Fedegán y el Parque de la Independencia. O si considera legítimas estas intervenciones, que lo manifieste públicamente y deje de guardar “prudente” silencio. La debilidad institucional de la SCA se confirma en que Camacol ha tomado el liderazgo que los arquitectos deberían tener en Planeación, con la consecuencia de un POT hecho a la medida de los promotores inmobiliarios.

– Que el IDCP se ocupe de proteger el patrimonio arquitectónico de todas las épocas (¡y los cerros!), empezando por entender que el Parque de la Independencia es un patrimonio de la nación, y no el patio de atrás del lote para el Parque del Bicentenario. En contraste con su incapacidad cultural para el manejo de la arquitectura patrimonial, reconozcamos su eficiencia administrativa, pues en contra de toda lógica, este instituto se pasó el año tratando de legalizar su parque, y lo logró, mediante un decreto navideño de esos de última hora, firmado el 28 de diciembre por Clara López como alcaldesa encargada, y por Juan David Duque como secretario de planeación, también encargado. El decreto legaliza el nuevo parque e incluye múltiples frases vacías y previsiblemente falsas. Para la muestra: «En los alrededores del Quiosco de la Luz se mantienen las características de paisaje y arborización.» http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45180

– Que a la SDM no se le vuelva a olvidar que al densificar la ciudad, en la mayoría de barrios se requiere prever un aumento en la dimensión de las vías, los andenes y la cantidad de parqueos públicos (¡y de árboles!). Y que ojalá se acuerde que el BD Bacatá fue aprobado sin estudio de tráfico, y que como responsable de la movilidad tiene, o tenía, la obligación de garantizar que el mamut final tenga por lo menos buenos parqueaderos.

– Que a la EAAB, tampoco se le olvide que para las futuras densificaciones hay que aumentar las redes de servicios públicos, en especial la de alcantarillado. Les recomiendo tener presente lo que me dijo al respecto un cartagenero, comentando olvidos similares en su ciudad: «esta gente parece no entender que donde antes hacían diez, ahora hacen cien”. Para llevar la situación a la parodia, la EAAB le está pidiendo a los privados la misión imposible de encargarse de la construcción de estas redes. El paso siguiente, deduzco que será la estratificación de la tubería: a mayor estrato, más amplia la cañería. Y viceversa.

– Que se corrija el peor–imposible diseño institucional de las Curadurías urbanas. Unas Notarías de planos que dependen para su subsistencia de la cantidad de metros de construcción aprobados. Un mecanismo que induce a los curadores a incumplir las normas de manera recurrente e impune. Un sistema en el que si el cliente no está complacido, se va, como quien sale de una panadería con su rollo bajo el brazo, para otra curaduría. Y como unos y otros, curadores y promotores, saben que cuando la Veeduría de las curadurías recibe una denuncia y finalmente conceptúa que “sí”, que en efecto las normas no se cumplieron, saben también que para la hora de “el concepto”, el edificio estará construido y ya nadie se atreverá a sancionar. Y menos a demoler.

Hasta acá los asuntos institucionales. En cuestiones de concepción y mentalidad también son indispensables, en mi opinión, por lo menos otro par de “inversiones”:

– Que oponerse a la chambonería institucional se malinterprete como estar contra la compactación de la ciudad, y en consecuencia, de la demolición de gran parte de la misma. Si se declara, y yo lo acepto, que la ciudad se debe compactar, deberíamos ser consecuentes y aceptar que tampoco se debería expandir, ni mediante suburbios de estrato seis, ni mediante tugurios de estrato uno. Las formas para densificar y compactar son muchas pero desafortunadamente vamos por el triste camino liderado por Camacol, bajo el falso lugar común que “la tierra vale mucho”. Un mantra que sirve para legitimar las incongruencias morfológicas, la falta de sentido colectivo y la falta de espacio público que tenemos hoy en día en la planeación de Bogotá. La tierra no vale mucho porque exista una especie de ontología trascendental de la misma, sino porque la reglamentación asignada le da un valor de uso que depende de la cantidad de metros cuadrados vendibles que pueda generar.

-Que no se crea que la propuesta depende de que los especuladores cambien de visión. No tienen porqué hacerlo. Es a las instituciones que se supone que velan por la ciudad, a las que corresponde lograr una visión orientada hacia el futuro del bien común. Y es a los arquitectos a quienes corresponde dejar de insistir que los problemas de la ciudad se corregirían «cumpliendo las normas», dado que “el problema es de ética”. Los problemas se corregirían si las instituciones se dedicaran a lo que les corresponde, y si las normas se rehicieran por completo en función de la calidad del espacio, antes que de la calidad del negocio. En ese orden. Cumplir unas normas que no están concebidas previendo la calidad del espacio urbano es llorar sobre mojado. Lo que falta, insisto, no es ética sino arquitectura.

Vaticinio para el 2012: Entraremos al ocaso de la Era del Contratista y la demolición del edificio de Fedegán marcará el fin de este oscuro período y el comienzo de un nuevo amanecer para Bogotá. Algo así como pasar de la Era del Cangrejo a la Era del Unicornio.

Juan Luis Rodríguez

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