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Gloria Zea tiene razón

Marzo 12 – 2013

Como lo aclara el artículo de Lucas Ospina en La Silla Vacía, a la sala de cine Los Acevedo siempre se ha podido entrar desde el interior del MAMBo. De modo que responsabilizar a la obra del llamado Parque Bicentenario por la falta de películas en el Museo, no funciona.

Aún si la obra tuviera la culpa, lo grave para el Museo no es haber tenido que cerrar “temporalmente” sus puertas sobre la 26, sino que cuando el Parque esté terminado, estas puertas quedarán peor de lo que estaban. Antes al menos se veían desde allí el Quiosco de la Luz y los árboles del otro lado.

Un proyecto bien concebido se hubiera planteado cómo hacer para que el Museo, la Biblioteca Nacional y el edificio Embajador hubieran quedado como límites del Parque de la Independencia, y para que a éstos se entrara “desde” el Parque.

Un proyecto mejor concebido se hubiera planteado cómo hacer para que estos edificios quedaran «metidos» en el parque, haciendo lo que yo recuerdo haber oído –y visto en docenas de tesis universitarias– desde que empecé a estudiar arquitectura: que el Parque debería comenzar en la 24.

Lo que están a punto de dejarnos –con la colaboración inicial de la Directora del Museo, quien ahora parece que no duerme debido al remordimiento– es un callejón como el que se ve en las fotos del artículo de Ospina. Para quienes se interesen en opinar con conocimiento de causa, es indispensable verlo in situ. Lo que no se puede ver todavía con la misma claridad es la invasión del lado norte del Parque. Sin embargo, si lo que hay ahora parece un elefante, cuando esté terminado será una ballena azul.

Las obras hay que terminarlas y a veces resultan mejores de lo que uno se imagina. Pero para que esto pase, el proyecto debe tener una concepción y un diseño que éste no tiene. Nació autista y autista se quedará.

Aunque a posteriori y sin ningún mérito propio, la Directora del Museo tiene razón: ya que la entrada a cine no se pudo mejorar, demoler el pedacito de carrusel que ve desde su oficina, es la mejor solución.

Lastimosamente, el IDU, Confase y el Ministerio de Cultura tienen mucho de qué preocuparse y no están para pensar en la entrada a una maltrecha sala de cine. Menos ahora que consiguieron el apoyo de Colpatria y su prometida gran Plaza de eventos: un espacio que seguramente tiene un gran contenido social y ecológico, equivalente al contenido artístico-simbólico de la iluminación.

Juan Luis Rodríguez

Estado actual MAMBo (imagen: La Silla Vacía)

Estado actual MAMBo (imagen: La Silla Vacía)

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Pornomiseria arquitectónica

Febrero 6, 2013

 

En la última Bienal de Venecia se presentó como “instalación” la dramática ocupación de un rascacielos abandonado, la Torre David en Caracas, por parte de gente sin techo. El edificio de 45 pisos cuya construcción se paró en el año 1994, quedó inconcluso, y posteriormente fue saqueado, y así, sin fachadas, ni instalaciones hidráulicas y eléctricas, ni ascensores, fue ocupado en el año 2007 y actualmente es morada para 2.500 personas.

 

El autor de la instalación fue el colectivo Urban-ThinkThank,  que la presentó en como si fuese arte; y precisamente así, como si lo fuese, fue premiada con el León de Oro.

 

Asistimos tal vez al lógico devenir de la arquitectura-espectáculo, temática ya demasiado ajada para el mercado de la imagen; estamos ante una nueva forma del espectáculo arquitectónico, más sofisticada, sin embargo, similar a la que hace décadas rondó el cine: la pornomiseria.

 

Vale la pena recordar la película Agarrando Pueblo, donde Carlos Mayolo y Luis Ospina hacen una sarcástica disección del fenómeno de mostrar la miseria ajena con el doble propósito de lograr reconocimiento y hacer dinero.

 

Esta pornomiseria arquitectónica es más sofisticada que la arquitectura-espectáculo porque contiene un elemento nuevo, perverso, el mismo mecanismo que se esconde al mirar por el ojo de la cerradura: el mirar, sin que nadie se de cuenta, lo que es está prohibido: contemplar, con placer, la miseria de los otros.

 

En esta nueva tendencia de ver y mostrar  arquitectura estamos perdiendo lo poco que quedaba de ese fláneur, de ese deambular baudeleriano, para pasar directamente al voyeur. Mientras el fláneur se rodea de gente en su paseo urbano, y de esto algo queda todavía en la arquitectura espectáculo –ya que no es exclusivamente mercadería mediática sino también turística– el voyeur arquitectónico fisgonea escondido, ya sea desde la comodidad de su computador, o en la relativa privacidad de la sala de exhibición.

 

Como lo bien lo anota Ramón Gutiérrez, en esta Bienal donde la arquitectura parece estar ausente,  ya no tiene como beneficiario el ego y bolsillo de los arquitectos estrella, sino los de quienes han estado detrás de bambalinas, sin que se les haya reconocido: “teóricos” provenientes de la academia, que ahora van por su porción de gloria mediática y el considerable reconocimiento económico que puede retribuir la miseria ajena.

 

Aquí podemos ver cómo esta mutación de la arquitectura mediática que se ha bautizado “arquitectura y política”, toma también prestado del arte,  específicamente del “arte político” de donde recoge su modus operandi: el ejercicio de la denuncia con fines  mercantiles, apoderándose como en este caso, de uno de sus procedimientos: la “instalación”,  y  de sus agentes:  el “colectivo”.

 

Para la próxima Bienal  se mantendrá el planteamiento paradójico del comisario del versión 2012, David Chipperfield: el divorcio del starsystem por parte de sus mismos protagonistas. Para el 2014 ya fue  nombrado como comisario Rem Koolhaas, quien se ha apresurado a declarar:

 

«El arquitecto estrella es una figura que no existe, un lugar común para referirse a los que ganan montañas de dinero y realizan todos los proyectos que desean. Un invento de los periodistas perezosos»

Perfecto, el derecho al cinismo es para todos.

 

Guillermo Fischer

 

 

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¿Dejar así?

Enero 14 – 2013

Para comenzar el año me propongo revisar qué pasó durante el anterior con algunas construcciones que incumplen las normas urbanísticas. Aventuro además un par de presagios de año nuevo, relacionados con las transgresiones a las que les auguro éxito; y con la única que creo que no lo tendrá: el Parque Bicentenario para los que insisten en no haber «violado» nada; el Parque de la Independencia para los que creemos que lo han «violado» todo.

Las pruebas están al alcance de cualquiera. Por lo general, basta un flexómetro para corroborar que la licencia legalizó algo que no debía, o que un curador, un constructor o los dos, hicieron trampa. Aun sin medir, en muchos casos basta contar ladrillos para corroborar que un muro que por norma no debía medir más de 1.50, tiene por lo menos el doble; o que un sótano al que hay que subir para entrar no es un sótano; o que si uno cuenta el número de pisos del edificio, por más que cuente y recuente, no le da lo que dice la valla de la curaduría.

En el Parque de la Independencia basta ir a visitar la obra de la 26 para percibir el mismo olor a alcantarilla. En este caso, sin embargo, no hay curador de por medio porque el proyecto comenzó sin aprobación. Y sigue sin «aprobación», aunque siempre tuvo la «autorización» del Ministerio de Cultura. Los implicados son varios pero la cadena empieza por el Ministerio, el cual todavía insiste en negar su responsabilidad por el visto bueno inicial que le dio al proyecto Parque Bicentenario. Lo hace probablemente bajo la convicción de que una mentira repetida con la suficiente tenacidad se convierte en verdad.

Antes de abordar esta apuesta a favor de la ciudad, veamos cinco ejemplos, también emproblemados, que probablemente pronto se desemproblemarán, en detrimento de la ciudad.

Fedegán

El edificio para la Federación Colombiana de Ganaderos que está en construcción en Teusaquillo –calle 37, abajo de la Caracas– fue aprobado por primera vez el 12 de agosto de 2009 y después de dos sellamientos por parte de la Alcaldía de la localidad –6 de diciembre de 2010 y 13 de junio de 2011– terminó el 2012 con una nueva licencia, concedida el 27 de agosto por un nuevo curador urbano -diferente al que concedió las dos anteriores y negó la tercera– para que Fedegán terminará el año como si hubiera recuperado la visa para los Estados Unidos.

Pasó lo predecible cuando surge un problema en este tipo y el asunto pasa directamente a una oficina de abogados o a un departamento de Jurídica. De ahí en adelante, cualquier acusación contra el Cliente se vuelve un asunto de vencer o morir, en manos de un hermeneuta experto en dilación de procesos que se ocupará, sistemática y pacientemente, de invalidar lo que le pongan al frente. Que faltó una fotocopia o una tilde; que no se puede demandar al curador como persona sino a la oficina que representa, o al revés; que el funcionario que hizo la medición no tiene un metro certificado por ICONTEC, o que se pasó un semáforo en rojo o que tiene una amante. Lo que sea, con tal de poner a rodar un Auto tras otro, que le añada otros seis meses al proceso; y luego otros seis, y seis más, hasta que el opositor se desespere; o se le venzan los términos; o quiebre.

Entre tanto, la estructura del edificio continúa teniendo los mismos tres metros adicionales de altura, y el sótano sigue sobresaliendo más de los 25 centímetros que permite la norma y más de los 1.50 metros que, por error, le autorizó la curaduría. Error porque en Teusaquillo no puede haber semisótanos.

Serranía de los Nogales

Los vecinos de los barrios Rosales y Patiasao optaron por no dejarse embestir por el conjunto de edificios Serranía de los Nogales -calle 79B con carrera 4- en el cual no sólo se retorcieron las normas en busca de metros cuadrados para la venta, sino que el conjunto se ubica en un lote cuyo uso fue cambiado, súbitamente, de Dotacional a Vivienda, un 28 de diciembre, tres días antes de que Luis Eduardo Garzón entregara la alcaldía.

En el predio funcionaba el Colegio Femenino de Colsubsidio. Al irse el colegio, el uso debía permanecer como institución. Evidentemente, si a un predio como este se le cambia de uso a vivienda, su valor sube automáticamente en miles de millones de pesos. Si estos excedentes hubieran llegado a las arcas del Distrito, y si el cambio de uso hubiera sido para mejorar el barrio, estaríamos hablando de un doble beneficio para la ciudad. Pero ni lo uno, ni lo otro.

En cuanto al manejo de las normas, los edificios de Serranía de los Nogales tendrán entre dos y tres pisos adicionales de altura, por cuenta de un recurrente acto de magia curatorial para terrenos con pendiente, que ubica los sótanos y semisótanos en los primeros pisos; y el antejardín, privatizado, varios metros por encima del andén. El «esguince jurídico» se hace aludiendo a el «nivel original» del terreno, cuando la norma está pensada para el peatón y se refiere con claridad al nivel por el que camina un peatón.

Portal de Calatrava

Un día me dirigía al cerro de la Conejera, y por cuenta de un hueco en la vía detuve el carro justo frente al conjunto Portal de Calatrava en San José de Bavaria –calle 183 con carrera 76–, una agrupación de ocho casas que todavía está en construcción. Al ojo, la comparación con los vecinos parecía otro ejemplo de «esguince». Tomé las fotos del caso, verifiqué las normas con ayuda de un arquitecto que ha trabajado en la urbanización y me animé a solicitar la mediación de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas. Envié la carta el 3 de agosto del 2012. Me respondieron que estudiarían el caso y sólo volví a saber del proyecto a través de una foto enviada por un amigo desde un celular, en la que se ve una obra más avanzada y sin la valla de la curaduría.

Por intermedio del arquitecto que me ayudó con las normas, logré contactar a un vecino, al que le pedí tomar el relevo con la reclamación, pensando que buena parte de lo tedioso ya estaba hecho. Su respuesta es un testimonio de porqué los transgresores se pasean tan cómodos por la ciudad: “Uno no sabe quién esté haciendo eso ni quiénes puedan haber comprado, así que mejor no meterse en problemas”. Omertá, le dicen a esto en Italia.

La norma inicial de la urbanización exigía aislamientos laterales de 10 metros. La de hoy sólo exige la mitad pero este conjunto cubrió el 100% del aislamiento con marquesinas. No he visto los planos pero probablemente al área se le denomina «zona húmeda y a las marquesinas «pérgolas».

Lares 78

Hice a título propio la solicitud a la que acabo de referirme porque tenía confianza en la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas. Conocía el caso de los propietarios del edificio los Cerezos, a quienes la Comisión les había respondido que “sí”, que el edificio vecino a los Cerezos, el Lares 78 –calle 78 con carrera 9– “violaba” por lo menos una norma. Como el «concepto» de la Comisión no es suficiente para revocar una licencia o destituir un curador, se dirigieron a Planeación y ahí se toparon con Jurídica, que es como toparse con la Iglesia.

La respuesta de Planeación deja las cosas donde comenzaron. El documento empieza por despilfarrar quince o veinte páginas en tecnicismos de diversa índole, sumados al abuso empalagoso del adverbio “respetuosamente” y a un sinnúmero de frases interminables en las que si uno hace una pausa para respirar, pierde el hilo. Hasta que llega al clímax del último párrafo, en el que se confirma que si bien el Lares 78 “sí” viola las normas, como no se puede probar que en la violación haya habido mala fe, nada se puede hacer. Y firma el Obispo.

A pesar de la desazón, a los residentes les alcanzó el impulso para consultar una firma de abogados experta en el tema. La respuesta resultó peor que el sainete del comunicado de Planeación, pues les dijeron que «claro, con mucho gusto» pero que consideraran que el proceso podría tomar varios años, que no había ninguna garantía y que les iba acostar varios millones. Traducido, les dijeron: mejor olvídenlo.

Rosales 75

La idea que ahora tengo de cómo se mueven estos asuntos entre curadores, constructores, funcionarios y abogados salió de un cruce entre los casos que he mencionado y el peritaje que un Juzgado Administrativo le solicitó a la Universidad Nacional, para el cual fui designado como el Perito. Y acepté. Se trataba de una demanda contra el edificio Rosales 75 –carrera 4 con calle 75– por “violación” de normas. Después de revisar los quince o veinte AZ que constituyen el expediente, me pareció evidente que el edificio Rosales 75 incumplió varias normas, en especial tres, sobre las que presenté un informe de once páginas, el 21 de febrero de 2012. Concluyo en el informe que el edificio construido incumple las normas relacionadas con sótanos y semisótanos, antejardines y espacio público, y altura del edificio en pisos. Además, que una de las faltas es responsabilidad del constructor, otra del curador y otra de los dos.

Cuando daba el caso por olvidado, recibí un par de cuestionarios remitidos por el Juzgado, con preguntas de dos abogados defensores diferentes. Ninguna pregunta se ocupaba de mostrar que mis razonamientos fueran falaces o incorrectos. En las respuestas tuve que repetir varias veces, esta vez mediante un informe de veintiún páginas, presentado el 11 de septiembre, que la “capacidad científica” para entender un problema de estos depende de una comprensión de la norma y del conocimiento de lo que miden las diferentes partes de un edificio como “hecho construido”. Y que todo lo que se requiere por parte de un «experto» es constatar las incongruencias entre los planos y el «hecho construido».

En el informe no lo dije, porque como perito no me correspondía ir más allá de analizar evidencias y concluir sobre las mismas, pero considero que todas las inconsistencias son intencionales y no se pueden realizar sin un segundo juego de planos. Son lo que en Colombia algunos aceptan como Gajes del oficio y que otros las conocemos mejor como Avivatadas.

Vaticinios

Con Fedegán, empezamos el 2012 con una obra sellada por segunda vez y lo terminamos con un proyecto aprobado por tercera vez. Si tuviera que apostar, lo haría porque la Federación ganará y terminará su Frankenstein, esencialmente por agotamiento y hastío de los opositores. Podría ocurrir que la Alcaldía de Teusaquillo vuelva a sellarla, pero “alguien” lo tiene que solicitar y lo más probable es que quienes se animen a volver a empezar un nuevo proceso, estarán cada vez más agotados, hastiados o quebrados.

Con Serranía de los Nogales y Rosales 75, también apostaría a favor de que ganarán, sin perder un sólo metro cuadrado de ventas, aunque seguramente les costará una buena plata en abogados. Además de plata, puede que les tome tiempo; y si no es durante el 2013, será el siguiente, o el siguiente… Incluso, me atrevo a insinuar que si nos descuidamos con los predios en Extinción de dominio que maneja Estupefacientes, podría llegar a pasar algo similar a lo que ya sucedió con el Colegio de Colsubsidio. Por ejemplo, que el próximo 28 de diciembre, el predio de la excasa de Rodríguez Gacha en la Cabrera se convierta en el sitio perfecto para el nuevo centro comercial de Pedro Gómez y Compañía. Con el precedente del excolegio, es mejor ser precavidos.

Con Portal de Calatrava y Lares 78 ni siquiera hay caso. Nadie los ha demandado y aparte de mí creo que ya nadie habla al respecto.

Parque de la Independencia

El proyecto de un parque que conmemoraría el bicentenario de la independencia se dio a conocer al público a través de la prensa, el 20 de julio de 2010. La autorización del Ministerio se produjo oficialmente una semana después, el 27 de julio de 2010, a través de un documento dirigido al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC. A pesar de insistir que se trató apenas de un «concepto técnico», el documento dice con claridad que se trata de una autorización: “Referencia: Autorización proyecto Parque Bicentenario localizado en inmediaciones de varios inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional”.

Además de negar la autorización, el Ministerio insiste en defender que “no tenía competencia” para decidir sobre el Parque de la Independencia porque el Parque no era un Bien de Interés Cultural, BIC. Es cierto que no era un BIC, aunque ahora sí lo es, mediante una declaración hecha a posteriori, como parte del intento por invisibilizar el problema. También es cierto que el Parque siempre ha sido parte del Área de influencia de las Torres del Parque, que sí es un BIC, lo cual es suficiente para que cualquier intervención en el Área de influencia del BIC cuente, necesariamente, con la “autorización” del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Al Ministerio le ha ido bien hasta el momento encubriendo el error y reclamando que no puede “aprobar” porque no le compete. Es verdad que no le compete «aprobar» pero sí “autorizar”, que para el caso significa darle un visto bueno, que fue lo que hizo con ligereza y ahora niega con pasión. Al que no le ha ido bien es al Parque, pues ya le talaron innecesariamente más de cien árboles y tampoco le ha ido bien a la ciudad que está pagando los costos de improvisación. Todo porque el Ministerio, en lugar de corregir el error, decidió pasar el asunto a Jurídica, en busca de tiempo y olvido. Desafortunadamente para el Ministerio, apareció un colectivo de ciudadanos llamado Habitando el territorio que ni olvida ni se asusta. Y que con exiguos recursos se las ha arreglado para no dejarse empapelar.

Antes de terminar el 2012, en medio de las dilaciones y yonofuis de rigor, apareció repentinamente una nueva Comunidad interesada en “rescatar” el proyecto Bicentenario. Se trata de un grupo liderado por el abogado que maneja los litigios de Colpatria, apoyado por miles de ciudadanos, la mayoría empleados de Colpatria. Invocando la democracia, este Colectivo aspira convertir el problema de la obra inconclusa sobre la 26, en el capricho estético de unos enemigos del «progreso» que viven en las Torres del Parque.

Comienza el 2013, pues, con el Parque de la Independencia, o con el llamado Parque Bicentenario que se construye al lado y encima del Parque de la Independencia, con varias discusiones en curso: que si se termina parcial o totalmente; que si se termina según el último de los diseños o hay que esperar al próximo; que si se cambia o se deja el arquitecto; que si el nuevo encargado se elegiría a dedo o por concurso; que si se demuele y se deja la ruina o se hace un buen puente… Sea como sea, cualquier decisión al respecto debería estar precedida de los resultados de la investigación que adelanta la Contraloría.

Vaticinio

Concluidas las investigaciones y tomadas las medidas del caso, apostaría que la solución a la que se llegará será la demolición de las dos plataformas estacionadas frente al Museo de Arte Moderno y el Quiosco de la Luz. Creo esto porque sabemos que de cumplir las normas actuales al pie de la letra no sale necesariamente una Gran Ciudad, como sabemos también que antes que ponerse a cambiar estas normas hay que empezar por cumplirlas; y lo creo, sobre todo, porque considero que a diferencia del colectivo Habitando el territorio cuya intención desde el comienzo ha sido llamar la atención sobre las eventuales ilegalidades del proyecto Parque Bicentenario, la intención del nuevo Colectivo Colpatria parece ser el muy colombiano “vamos pa´lante” que acabará convirtiéndolos en escorpiones.

Veremos, pues, si el 2013 nos deja con que la intervención del nuevo colectivo sirvió para promover la Plaza de conciertos Colpatria en el Parque Bicentenario, o si termina ayudando a descarrilar el eventual Carrusel del Bicentenario en el Parque de la Independencia. Si logramos aclarar las cosas o nos quedamos en el colombianísimo “eso, deje así”.

Voto, además, porque a lo que se haga se le quite el innecesario nombre Bicentenario para dejarlo como lo que le corresponde: una prolongación del Parque de la Independencia.

 

Juan Luis Rodríguez

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Paradojas de un Gran Premio

El Gran Premio de Arquitectura 2012 otorgado por FADEA (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos) y ARQ (prestigioso suplemento de arquitectura del diario Clarín) ha sido para la Casa Puerto Roldán, de los Arqs. Gerardo Caballero y Maite Fernández. Selección que implico un recorrido por todo el país buscando las obras más significativas de los últimos cinco años en cada una de nuestras regiones. Un gran esfuerzo que debe ser enfatizado como muy positivo.

Lejos de poner en duda la calidad profesional del estudio Caballero-Fernandez, destacados arquitectos rosarinos a quienes admiro y respeto –tal vez más por otras obras que por este premio-; sí parece necesario señalar algunas cuestiones paradojales alrededor de esta elección y que tal vez nos permitan reflexionar y encarar urgentes desafíos. Si bien existen categorías, premios y menciones, un Gran Premio es un símbolo, un “primus inter pares”, un mensaje-síntesis de la arquitectura argentina al resto de la sociedad sobre el estado del arte en nuestro campo.

Una oportunidad para señalar nuestras aspiraciones y lo que entendemos correcto y destacable como disciplina. Exponer y dar a conocer este Gran Premio en la FADU UBA, lugar donde se forman miles de estudiantes de arquitectura, es además un mensaje a ellos. Un paradigma a seguir por nuestros jóvenes. Es aquí donde surge mi mayor perplejidad: Que el modelo a destacar por sobre el resto de los premiados sea la casa individual dentro de un barrio cerrado en las afueras de la ciudad no parece la mejor de las recomendaciones para quienes se están formando, ni para la sociedad en general.

Porque mas allá de resaltar lo metafórico y lo políticamente correcto que significa hoy la austeridad formal y constructiva (en este caso, por momentos casi una impostura); sabemos que esta tipología conlleva un modelo territorial irracional y que la ciudad extendida de baja densidad provoca un impacto ambiental y social negativo. Hoy la enorme mayoría del mundo académico y científico internacional comparte que la compacidad en el ámbito urbano es lo correcto, ya que expresa la idea de proximidad de los componentes que conforman la ciudad. La compacidad, por tanto, es uno de los factores que facilitan el encuentro, la comunicación y el intercambio que son, como se sabe, la esencia de la vida en comunidad, potenciando así la probabilidad de contactos y con ello las relaciones entre los protagonistas del sistema urbano. Son su antítesis: Las distancias, la dispersión y segregación del urbanismo extendido y difuso. Por ello la casa individual exenta -mal que nos pese a los arquitectos- ha devenido en el tipo de vivienda menos eficiente ambientalmente, la que más energía, tierra y agua consume. Además, su dependencia del automóvil implica altos gastos en combustibles fósiles y emisiones de CO2 que agravan el calentamiento global. Por último y en nuestro caso particular, este uso del suelo resulta un verdadero despilfarro del territorio más rico y productivo del planeta en momentos en que la obtención de alimentos es vital para la humanidad. ¿No debería un Gran Premio de Arquitectura dar cuenta de estas cuestiones? ¿No son estos algunos de los desafíos perentorios en la formación de nuestros miles de estudiantes de arquitectura? Es llamativo además que esta casa sea parte de un barrio privado en las afueras de Rosario, ya que Rosario ha sido la primera ciudad del país en debatir públicamente y prohibir nuevas urbanizaciones cerradas en su periferia. Privilegiar el valor social y estratégico del suelo por sobre la especulación y la fragmentación son fundamentos de esta Ley sancionada a principios de 2011. También es paradójico que en un país creciendo –según datos oficiales- a tasas cercanas al 9% anual que el Gran Premio Nacional ARQ sea para una pequeña vivienda en los suburbios de una ciudad. No se malinterprete, es razonable que en la categoría “casas” gane una casa, y la Casa Puerto Roldán es una casa correcta – aunque orientar los dormitorios al oeste no parece lo más eficiente para los tórridos veranos santafecinos (¿habrá percibido el Jurado este “detalle”?)-; pero al ser la obra a destacar dentro de toda la producción nacional de los últimos cinco años, que además representará a la Argentina en la próxima Bienal de Venecia, pone en evidencia síntomas de algo que es necesario abordar.

Cabe preguntarse: ¿Donde están y quienes producen los grandes equipamientos públicos y privados de un país con semejantes niveles de expansión? ¿Existen? ¿Dónde están? ¿Porque no premiar entonces alguna de las miles de viviendas de interés social, los cientos de escuelas y hospitales, los museos, las bibliotecas, el espacio público, los parques, las fábricas, hoteles, laboratorios y los centros de innovación? ¿Su calidad arquitectónica y constructiva resiste un análisis serio? ¿La obra publica argentina es “mostrable”? Más de una cosa no cierra y creo que a esta altura todos nos damos cuenta de la encrucijada que tenemos delante y el riesgo de encriptarnos en cofradías y “discusiones para entendidos”.

Por eso una agenda y un posicionamiento institucional de la arquitectura argentina no deberían obviar estas cuestiones ni soslayarlas, hay que ponerlas sobre la mesa porque ellas son decisivas para nuestro futuro como colectivo profesional. ¿No será tiempo de revisar los modelos de relación con el sector público y privado, habida cuenta que los tradicionales concursos de arquitectura no parecen ser ya la única herramienta idónea? ¿Podremos conjugar continuidad e innovación en nuestra cultura y práctica disciplinar?

No creo en las casualidades pero, por ejemplo, el último Gran Premio de la Arquitectura Española ha sido para un muy interesante edificio urbano de 131 viviendas protegidas –de interés social- en Mieres, Asturias. ¿No deberíamos, entre otras cosas, cambiar nuestras tradiciones y hacer que la primera categoría de nuestros premios de arquitectura sea para las instituciones públicas, o bien privilegiar la innovación en la vivienda colectiva, su eficiencia energética y su capacidad de hacer mejor ciudad? ¿Podremos superar nuestra preferencia casi excluyente por las casas como objetos de culto y deseo? Sería un mensaje claro y contundente al resto de la sociedad, pero también hacia el interior de nuestra disciplina, ya que implicaría comenzar a revisar viejos modelos de práctica y producción arquitectónica que hoy resultan cada vez más estrechos y menos estratégicos.

Desde la Grecia clásica las paradojas y las encrucijadas han servido para hacernos pensar, reflexionar, debatir y cambiar. Ojalá podamos hacernos cargo urgentemente, con inteligencia y serenidad, de los enormes desafíos que se le plantean a la arquitectura argentina.

Martin Marcos, arquitecto. Profesor Titular FADU UBA.

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Mazz es menos

Septiembre 1 – 2012

“La epidemia ornamental se subvenciona con dinero del Estado», nos recuerda Braulio García Jaén que dijo Adolf Loos (Ornamento y delito, 1908), denunciando la relamida estética vienesa que a principios del siglo XX se creyó libre de cualquier obligación funcional (El ego subvencionado, Público es, Madrid 27/03/2011). Lo que es válido hoy en muchas ciudades españolas que “han querido tocar el cielo de la mano de arquitectos estrella”, y olvidando su muy acertada arquitectura moderna anterior han despilfarrando en edificios, mas icónicos que necesarios, buena parte de su bonanza económica pasada. Como los 30 proyectos de que habla Francisco Pardo Téllez.

Atajo al cielo que aquí han imitado en Medellín y que ahora pretenden en Bogotá, e incluso en Cali, se trató de que tuviéramos un “Calatrava”, y se han imitado tontamente sus puentes.

El mejor ejemplo de esta arquitectura espectáculo, que no atiende a razones presupuestarias ni al uso que se le dará a sus edificios, es la de Santiago Calatrava, dice García Jaén, y los sobrecostos se han convertido en su marca. «Un monumento al ego creativo de Mr. Calatrava», dijo The New York Times, refiriéndose a un intercambiador para la Zona Cero.»Cuando se contratan este tipo de obras, cuya vocación es la excelencia icónica y no la excelencia funcional, se entra en un terreno peligroso para el control público», le dijo a Público.es, el crítico Llàtzer Moix. «Tanta empatía ha dado pie a una situación poco menos que inédita: ya no es el cliente el que pide las obras, sino que es el arquitecto el que las propone y aquel, a su vez, las acepta encantado» (Arquitectura idea de que la arquitectura debería ser mas estética, a consta de su ética, dos “Calatravas” han provocado problemas por no pensar en costos y usuarios. A “su” puente Zubizuri han tenido que instalarle una lona para que los peatones no resbalen al pisar las losetas cuando se mojan con la lluvia, y se tuvo que «añadir» una pasarela para facilitar su uso, pero al parecer no se le exigió que solucionara el problema, y Calatrava demandó, siendo el Ayuntamiento condenado a pagarle 30.000 euros, pues “violaba el derecho a la integridad intelectual de su obra”. Y la zona de llegadas de la nueva terminal del aeropuerto, abierta a la calle y a las lluvias de la ciudad, tuvo que ser modificada y cubierta con vidrios, aunque esta vez no demandó.

«Calatrava define unas estructuras tan complejas que luego generan unos problemas difíciles de manejar», explica Joan Olmos, de la Universidad de Valencia (Público.es, Madrid 27/03/2011). Pero «… se han convertido en monumentos…» afirma Manuel Blanco Lage, miembro del jurado que le dio el Premio Nacional de Arquitectura en 2005. En lo que estaría de acuerdo el Jurado que en la última Bienal Colombiana de Arquitectura le dio el Premio y dos Menciones a Mazzanti, pese a que en sus obras es evidente que a mas espectáculo menos arquitectura. Como ya no es fácil financiar monumentos de verdad con el Erario, se •monumentalizan” edificios que no tienen por qué ni para qué serlo, que es lo que el jurado no vio o no quiso ver.

Benjamín Barney Caldas

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El Colón: la historia se repite

Agosto 21 – 2012

El domingo 12 de agosto, a través de El Espectador, nos enteramos de las opiniones de Mariana Garcés, ministra de Cultura, y de Clarisa Ruiz, Secretaria de Cultura de Bogotá, explicando cómo harán para convertir el Teatro Colón en un teatro soñado. Dice la ministra: “sabemos lo que queremos hacer, pero todo depende de los predios que tengamos”. Y al referirse a lo necesario para realizar lo que ya tienen claro, resulta que es necesario demoler varias edificaciones de “interés cultural”. Dice el articulista que Ministra y Secretaria coinciden en que “llegado el caso, se podría tomar la decisión de quitarles la categoría de protección”. Para redondear, la Ministra se declara en desobediencia civil contra el Plan de Revitalización del Centro del alcalde Petro: “Todavía no me lo han radicado y el que lo aprueba es este Ministerio” Y concluye: “La revitalización es lenguaje”. En mi opinión, tales declaraciones “demuestran” que además de exceder sus competencias, confunden cultura –sea como sea que la entiendan– con patrimonio cultural arquitectónico y urbano, el cual evidentemente no entienden.

Teatro Colon, Bogotá

En el Parque de la Independencia, el Ministerio de Cultura ya había mostrado un atrevimiento similar al exhibido ahora para cambiar el estatus patrimonial de unas casas en la Candelaria. Sin pasar por el Consejo Nacional de Patrimonio ─lo cual era obligatorio─ le transfirió al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) la potestad para hacer lo que éste quisiera con el Parque de la Independencia. Y así fue. Pero cuando la ministra se dio cuenta de la irregularidad en la que había incurrido –que ella preside el comité que se habían saltado– en lugar de corregirla, se asoció con Planeación Distrital para legalizar, a como diera lugar, una operación que incluye un gigantesco y hasta ahora inexplicado sobrecosto (ver: Cuentas Bicentenarias). Estamos entonces con una obra en el limbo, con un grupo de funcionarios empecinados en la legalización de un parque dos veces más grande de lo que permite el área disponible, con un sobrecosto multimillonario, y con todo el aparato burocrático distrital negando, en coro, cualquier viso de irregularidad o ilegalidad. Además, buscando engatusar a un grupo de “señoras” –no engatusables– que se quiere «oponer al progreso” de la ciudad.

Como información de interés cultural, conviene saber que para demoler una casa “protegida” en cualquier parte de la ciudad, incluido el centro histórico, basta contratar un “experto” al que se le paga por “un concepto” que diga que la casa no sirve para nada, que está en ruina, que constituye un peligro para sus habitantes, que tiene mala factura, que ha sido lamentablemente alterada, y cosas por el estilo. Luego, el interesado en la demolición persuade al director de Planeación para que firme la sentencia de muerte, basándose en lo que se denomina un “concepto técnico del Consejo Asesor de Patrimonio Cultural”. Esto mientras sale el decreto de traslado de funciones (que lleva tres años en proceso) para que sea de una vez la Secretaría de Cultura la que se ocupe sin mediadores incómodos del manejo de la guillotina.

En la reciente restauración del teatro se hicieron modificaciones como el cambio de la tramoya manual, la silletería, los papeles de colgadura y la lámpara central, la cual, como dato curioso, había donado Laureano Gómez. Además, a la entrada le cambiaron la relación con la calle mediante un atrio que ocupa parte del espacio público. Sobre las intervenciones interiores no tengo opinión porque no las conozco. Sobre el atrio añadido, me parece un exabrupto que, al igual que el llamado Parque del Bicentenario, invade un área que no le corresponde.

De lo que acabamos de enteramos por el periódico es que el proyecto del Colón tiene segunda etapa y que para ello el Ministerio de Cultura vimos que tiene ahora como socia a la Secretaría de Cultura de Bogotá. Según las declaraciones en la prensa, el consorcio considera más importante el proyecto secreto del Colón que el plan de desarrollo del alcalde para la revitalización del centro. Lamentablemente, parece que estamos ante un nuevo caso de incompetencia en el que ministra y secretaria de “cultura” se niegan a entender que no hay nada que negociar para ampliar el Colón. Paradójicamente, quienes por definición deberían velar por el patrimonio cultural de la nación y la ciudad, se convierten de la noche a la mañana en emperatrices de la incultura y la arbitrariedad.

visual calle 11 carrera 5

 

visual carrera 5, calle 11

Se supone que la Secretaria de Cultura cuenta con el IDPC para proteger el patrimonio de Bogotá, pero tampoco parece consciente de ello. La razón por la que una Secretaria de Cultura, al parecer sin la menor idea de patrimonio arquitectónico y urbano, termina por tener tanto poder, se debe a una reforma administrativa de Lucho Garzón. El IDPC –antes Corporación La Candelaria– dependía directamente del despacho del Alcalde Mayor, pero pasó a depender del sector de la cultura, en un renglón bastante bajo. Antes, el Alcalde se apoyaba en un “experto” al que dejaba actuar. Ahora, la Secretaría de Cultura decide sobre temas que no conoce con suficiencia. Un amigo me explicó que la operación de quitarse de encima el IDPC se parece a cómo la Iglesia resuelve lo de los curas pederastas: trasladándolos. Los primeros dos períodos de este experimento nos dejaron una buena prueba de ello: un director, arquitecto, que hizo obedientemente de mandadero. Ya veremos qué pasa con la nueva directora, arquitecta, y si es capaz de oponerse a la agenda común de Ministra y Secretaria, sin perder el puesto. Y veremos si Alcalde se interesa por lo que hasta ahora parece venir ocurriendo a sus espaldas.

Considero que la intervención para el Nuevo Colón es inconveniente por tres motivos:

Primero, porque el Colón no se puede convertir en un teatro para representar todo tipo de géneros teatrales o musicales, con capacidad para más espectadores de los que hoy caben en su platea y sus palcos. Se puede adecuar y actualizar en ciertos aspectos técnicos y funcionales, pero su propia naturaleza de pequeño teatro no permite que reciba ni el doble de asistentes, ni al Circo del Sol, ni las óperas que sí puede albergar cualquier teatro, contemporáneo o antiguo, construido para tal fin. Si el Colón es un bien inmueble de interés cultural nacional, e incluso si no lo fuera, su conservación dependería de entenderlo como arquitectura histórica que contiene los valores de una época. En pocas palabras: no puede ser el Julio Mario Santo Domingo ni tampoco el Colón de Buenos Aires.

Segundo, en consecuencia con lo anterior, porque cualquier proceso de restauración debería supeditarse a los valores arquitectónico-culturales del inmueble, que son múltiples: históricos, estéticos, constructivos, decorativos, simbólicos y urbanísticos. Hay edificios con uno u otro valor. Éste los tiene todos.

Tercero, porque la cultura no es negociable y el patrimonio no es un objeto comercial propiedad de uno u otro funcionario. El patrimonio cultural inmueble es un recurso no renovable y si no se cuida se pierde. El edificio es de la Nación, y el Ministerio de Cultura, como ente rector encargado de proteger y conservar el patrimonio, debe entender que la conservación de un bien como éste incluye el centro histórico de Bogotá como lugar en donde se localiza. Para comenzar, se necesitan responsabilidad y mesura para emprender la tarea.

Hay que ver lo que se demora el trámite para construir un baño en el centro histórico, pero cuando se trata de duplicar el área de un teatro como el Colón, o el área del llamado Parque Bicentenario, si se trata de funcionarios con poder, basta querer para poder. Y el público se entera cuando diseño y contrato ya están adjudicados y en marcha. Desgraciadamente para la alianza temporal de estas dos funcionarias de la cultura, la información “se filtró” y el proyecto del Nuevo Colón tendrá que salir de la clandestinidad. Para la muestra: en Arcadia y El Tiempo ya aparecieron las primeras propagandas, contando la maravilla que se hará pero olvidando piadosamente los medios para lograrlo.

Con gobernantes así, para qué enemigos.

Juan Luis Rodríguez

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