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La Muralla china de la Sabana

Agosto 29 / 2018

Falta poco para que Bogotá tenga un nuevo POT, y a riesgo de tener que salir a rectificar, asumo que vendrá tan autista y tan retórico en «lo regional» como su antecesor. Por región querrá decir que el Distrito Capital debería ser territorialmente más grande, pero que lamentablemente no se puede porque la Constitución y los alcaldes de los municipios aledaños lo impiden. A pesar de que el Plan es secreto, sabemos que tendrá proyectos disfrazados de plan como Ciudad Río y Ciudad Paz. También sabemos que las dos subciudades son nombres estratégicos al servicio de invadir la ronda del río Bogotá y la zona van der Hammen, con proyectos socio-ecológico-sostenibles para una supuesta «región», más parecida a la Sabana a medias de Wikipedia que a la Sabana que definiría cualquier estudiante de primer semestre de Geografía.

Para los autores de la entrada de Wikipedia, la Sabana de Bogotá no es una sabana como las de África, sino una planicie limitada por diferentes cerros y atravesada por un río “del cual la Sabana toma su nombre”. Dice la definición que esta área es “la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos [la cual] no es en realidad una sabana [porque] las sabanas tienen como característica principal las temperaturas muy elevadas y pocas precipitaciones. [No obstante] en la Sabana hay frecuentes lluvias y las temperaturas son generalmente menores de 20º C.” Además, la definición excluye los cerros porque la Sabana “está bordeada por una cadena montañosa que forma parte de la Cordillera Oriental cuyos puntos más sobresalientes son el Cerro el Majuy al oeste, los cerros de Guadalupe y Monserrate al este, y el Páramo de Sumapaz al sureste.” La exclusión hace que la concepción coincida más con la wikidefinición para un valle, que es una “llanura entre montañas que conforma una cuenca hidrográfica en cuyo fondo se aloja un curso fluvial”. En consecuencia, la wikisabana sería un altiplano atravesado por un río, del cual las montañas están excluidas.

Si nos atenemos a la realidad geográfica y demográfica, una definición completa debería incluir: i) las cerca de 10 millones de personas que hoy habitan el territorio, ii) la planicie que le da el nombre de “sabana” y los cerros que la limitan, iii) el río Bogotá y los tributarios o afluentes que lo alimentan, iv) los páramos como ecosistemas esenciales para el ciclo de producción de agua, v) las lagunas naturales y las ciénagas o humedales que regulan el caudal del río, y vi) las lagunas artificiales que regulan la producción de agua y energía. Con tales características, la denominación geográfica adecuada tendría que ser Valle del río Bogotá, o por lo menos Sabana del río Bogotá. Un territorio que ni es “de” Bogotá, ni es algo allende de la ciudad que se encoge en la medida que Bogotá crece; y tampoco es un sinónimo de Gran-Bogotá o de Bogotá Metropolitana, que son intentos por bogotanizar la Sabana y no por regionalizar Bogotá.

A los intentos de bogotanización se debe añadir la reciente propuesta Bogotá + 11 de ProBogotá, una fundación patrocinada por “interesados en trabajar por el desarrollo de la capital colombiana y su zona de influencia”, que propone la integración del D.C con 11 municipios para formar una «región» económica y política. No geográfica. La propuesta es cautelosa en aclarar que no se trata de una anexión que emularía la creación del Distrito Especial en 1954, sino de una integración político-económica a través de una reforma constitucional. El beneficio colateral estaría en la compra silenciosa para la capital -y para los constructores de Bogotá- de unas cuantas décadas más de crecimiento, bajo la figura de un gobierno regional.

La integración con los municipios vecinos se podría lograr mediante la ley 1454 de 2011:
Dos o más municipios geográficamente contiguos de un mismo departamento podrán constituirse mediante ordenanza en una provincia administrativa y de planificación por solicitud de los alcaldes municipales, los gobernadores o del diez por ciento (10%) de los ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos municipios, con el propósito de organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así como la gestión ambiental.

Para que la ley funcione bastaría que 12 alcaldes se pongan de acuerdo, para lo cual puede que falten cincuenta o cien años de evolución política y cultural. Es precisamente porque ProBogotá conoce de cerca el comportamiento histórico de los diversos agentes territoriales que apunta directamente al Congreso, en busca de una reforma constitucional que permitiría la materialización de una Gran Bogotá más grande y poderosa, al lado de una Sabana desafortunadamente más pequeña pero más pura y rural; un ideal paisajístico y de «gobernanza» que en los foros regionales comparte escenario con otros temas de rigor como la resiliencia, lo sostenible, lo ambiental, lo verde y lo ecológico; todos propuestos como remedios para resolver un supuesto problema consensuado: el crecimiento desordenado de Bogotá sobre la «región». No obstante, si la región es geográfica, Región y Metrópolis constituyen polos opuestos en una discusión sobre el futuro y sobre la urbanización de un espacio habitado que antes de terminar el siglo probablemente llegará a 20 millones de personas. Desde una perspectiva regionalista, el problema se tendría que reformular como el crecimiento desordenado de la Sabana del río Bogotá, reconociendo que Bogotá es “de” la Sabana y no al revés, y que el término región-metropolitana es un oxímoron, por cuanto región y metrópolis son conceptos opuestos: una Región-Sabana sería un ecosistema del cual Bogotá es una parte; una Bogotá-Metropolitana sería un aparato de colonización del vecindario.

El opuesto inexistente a ProBogotá sería una eventual ProSabana. Su objetivo sería regionalizar Bogotá y su jefatura estaría en cabeza de una Junta de Planeación Regional, independiente del poder político de turno. Como modelos para esta Junta se pueden considerar dos: la Junta del Banco de la República que controla algunos aspectos de la política económica nacional, de manera autónoma; y el Comité del Plan Regional de Nueva York, que en 2017, después de seis años de trabajo y con la participación de más de cien personas, también de manera autónoma, produjo el cuarto Regional Plan of New York en ochenta años, con el fin de ordenar la urbanización de un área que involucra cerca de treinta condados (counties), cada uno de los cuales elabora su propio plan local, en sintonía con el plan regional. Los miembros del comité neoyorkino pertenecen a la sociedad civil, no a la clase política, y están asociados Ad hoc. La Regional Plan Association produce un plan, y los diferentes alcaldes de Nueva York y los demás condados lo utilizan para gobernar. Esto responde a una institucionalidad en la que la tarea de los gobernantes no es planear ni diseñar ciudades sino administrarlas.

La urbanización es un fenómeno constructivo, social, económico y ambiental, cuyo fin es el medio ambiente habitable. Como fenómeno de orden regional, es diferente al urbanismo y al ambientalismo, y sobre todo a la oposición entre urbanismo y ambientalismo. Implica la planeación articulada del medio ambiente habitable, entendido como el conjunto del medio ambiente construido y el medio ambiente natural. Articular lo construido y lo natural, a escala geográfico-regional, sería la misión del regionalismo como modo de urbanización, al menos si aspiramos a que la visión del medio ambiente habitable, a gran escala y a largo plazo, dependa de los tiempos y de la gente capacitada para ello.

Un POT-sabanero produciría un Plan Regional para la Sabana del río Bogotá. Funcionaría como una Constitución territorial, emitida por una Junta o Comité análogo a los mencionados, y no de los alcaldes distrital y municipales. Su misión sería la planeación del medio ambiente habitable de la Sabana y no el urbanismo local de cada municipio. Definiría los usos del suelo a gran escala para la agricultura, la minería, la ganadería, la producción de energía, el manejo del agua y la basura e incluso la conservación patrimonial de ciertos paisajes. Además, se encargaría de la definición de las áreas urbanizables y no-urbanizables. O mejor, para no promover la confusión entre urbanismo y urbanización: las áreas construibles y no-construibles.

Una vez definidos los usos, uno de los cuales es el de las áreas construibles, cada municipio podría urbanizar “como quiera” pero no “donde quiera”. Esto significa que el “cómo” sería una decisión de urbanismo municipal, UM, en tanto el “dónde” sería una decisión de ordenamiento territorial, OT. Cuestiones como la densidad de construcción, los aislamientos, el ancho de las vías, la mezcla de usos, los conjuntos enrejados, la infradotación, los centros comerciales y las relaciones con Camacol, serían decisiones autónomas de orden local, ligadas al vaivén de los cuatro años de gobierno. Significa también que con excepción de las áreas de reserva ambiental que ya están aceptadas como regionales y exentas de la autonomía municipal bajo la Estructura ecológica principal, es de suponer que cualquier idea que se oponga a la autonomía será objeto de feroz oposición por parte de políticos y propietarios del suelo, en especial cuando se trate de separar las áreas construibles y no-construibles; separación que sería la Muralla china para el regionalismo geográfico. Sin embargo, derribada la Muralla y definido que el objetivo de un POT-sabanero es la urbanización del medio ambiente habitable (medio ambiente construido + medio ambiente natural), los alcaldes se podrían dedicar a gobernar durante los cuatro años que les corresponde, a través del Plan de desarrollo económico y social y de un subsidiario de éste y favorito de muchos gobernantes tipo Rojas Pinilla: el Plan de obras públicas.

La idea de un OT regional-geográfico tiene un antecedente inmediato en la Comisión de ordenamiento territorial para la Constitución del 91. En ese momento, Orlando Fals Borda fracasó en su intento de reordenar Colombia a partir de “regiones culturales y geográficas”. Si bien el argumento perdió, ello no le quita vigencia: “no habrá ningún gran propietario o político profesional que acepte de buena gana algún ajuste de límites que lleve a la disminución de su poder personal territorial”. En el 91 como ahora, esto era tan lógico como impráctico. No obstante, las consecuencias de celebrar lo público –en campaña– pero defender lo privado –en la práctica– quedan ilustradas dramáticamente en el análisis de las consecuencias de la explosión de reactor nuclear de Chernobyl de Ulrich Beck: los beneficios por lo general son privados y locales, y entran a las finanzas privadas; los riesgos y los daños por lo general son democráticos y sus costos salen de las finanzas públicas.

* Imagen de Wikimedia Commons.

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vanderHammen

Planear la Sabana del río Bogotá

Enero 25 / 2018

Con motivo de la entrada anterior Sabana Verde de Bogotá, recibí un par de llamados de atención: uno por olvidarme de la realidad de la reserva van der Hammen y otro por extraviarme del objetivo principal.

El reclamo sobre la van der Hammen alega que la reserva está a punto de quedar enterrada a través de una APP entre la CAR, el Ministerio del Medio Ambiente, el Distrito y los propietarios del suelo. Parece que la Alianza Público Privada evitará convertirnos en un hazmerreír mundial por tener una de las ciudades «más densas del mundo” a la que se le quiere quitar su última oportunidad para crecer, por medio de la que sería la “única reserva forestal del mundo que no tiene árboles”. Y anota que la incapacidad para entender el concepto de «restaurar» un bosque no está en la ignorancia sino en la codicia, sumada al hecho político de que en Colombia, como en Brasil, rige el concepto de Estado patrimonialista, lo cual significa que “está hecho y legisla para el interés de ciertas corporaciones y no para el interés general”.

El reclamo por el enfoque del texto alega que la idea de promover la estructura ecológica principal de la Sabana se sobrepone en el artículo con varios temas que contribuyen a disolver la idea en lugar de aclararla. Y da dos ejemplos: no es clara la relación entre estructura ecológica principal y las parejas medio ambiente construido / medio ambiente natural y áreas urbanizables / áreas no-urbanizables; y tampoco es claro por qué sería contra natura que los alcaldes municipales llegaran a concertar la planeación de sus límites compartidos.

Aprovecho las confusiones generadas para revisar las ideas expuestas en dos apartes –política y naturaleza– y para dar un paso adelante en un tercer aparte –urbanización–.

Política patrimonialista

En la práctica, en Colombia como en Brasil, el patrimonialismo probablemente sea una realidad, pero es contrario ideológicamente a lo que establece la Constitución colombiana, y supongo que también la brasileña: que Colombia es un Estado social de derecho, en el cual el bien común prima sobre el individual y la propiedad tiene una función ecológica. Que vivamos dominados por el «interés de ciertas corporaciones» no es una condena sino una calamidad y una condición histórica que al igual que la corrupción y el secuestro, algún día se tienen que acabar. Entiendo que la situación sea lamentable y que denunciarla sea importante, y comparto que la detección y presentación de calamidades pueden ser un fin de la crítica, pero la crítica también puede ser un medio para contribuir a pasar la página. Por ello, lo que se somete a discusión en este texto y el anterior no son las enfermedades sino los eventuales remedios.

Las soluciones propuestas son legales, conceptuales e institucionales.
– Legalmente: i) modificar el sistema de ordenamiento territorial, para que la Sabana sea una región geográfica y para que la estructura ecológica principal de dicha región se convierta en un territorio nacional; y ii) modificar el sistema de planeación, para que plan de ordenamiento territorial, plan urbanístico y plan de desarrollo, sean tres instancias diferentes.
– Conceptualmente: iii) separar autonomía presupuestal y autonomía territorial, porque política rima con codicia y patrimonio económico pero no con geografía y patrimonio biológico; y iv) promocionar la ALO como una vía regional impide ver que la vía que necesitan la Sabana y el país es el tramo faltante de la autopista -o doble calzada- entre Soacha y Briceño. Una vía nacional que funcionaría como vía regional.
– Institucionalmente, y como requisito esencial de la propuesta: v) pasar de los espacios académicos y profesionales al Salón Elíptico del Capitolio, porque sin un congresista dispuesto a sacar adelante las leyes necesarias, no hay cambio posible.

Respecto a la posibilidad de afectar la inercia y el letargo «patrimonialistas», hay unas reglas y mecanismos vigentes que permiten corregir y crear nuevas reglas e instituciones. Los cambios por esta vía toman años, lo que permite entre tanto pasar el bisturí, maldecir y eventualmente resignarse. Mientras dura la espera, también se puede participar en actividades como una a la que asistí el pasado 13 de diciembre, organizada por la Silla Vacía, la Secretaría de Cultura y Bancolombia, con el fin de “conectar emocionalmente a los ciudadanos con el río Bogotá” en menos de seis meses.

Conectar significa entender que cuando uno abre la llave del agua, ésta no le llega de China sino de Chingaza o de algún otro lugar en los cerros de la Sabana; y que cuando uno suelta, da la llave o jala, el inodoro, el sanitario, la taza o el guater, el agua va a parar al río Bogotá, con independencia de cómo hable el que mueve el botón o la palanca, y si se vive en Bojacá o en Bogotá. Conectar también significa indignarse al saber que además de los detergentes y el aceite de cocina que van a parar al río por el sistema de alcantarillado, por ahí también están navegando pañales, condones, toallas sanitarias y colillas de cigarrillo, entre otros, que están llegando al lugar equivocado, sin importar si provienen de un municipio autónomo de la Sabana, de una localidad de Bogotá, de una casa en Patiobonito o de un apartamento en los cerros orientales. Aunque estos desechos pueden ser inevitables, son miles de toneladas al año que no deberían estar llegando al río.

El tema de la convocatoria era la conexión emocional con el río y a eso debíamos ceñirnos. El objetivo del taller consistió en proponer modos de invitar a la reflexión, ágiles, de bajo costo y factibles de realizar en máximo seis meses. Una advertencia fue evitar la búsqueda de soluciones a mediano o largo plazo, y no gastar tiempo en encontrar nuevas calamidades o en elucubrar sobre proyectos suntuosos. Puestos a trabajar, salieron muchas ideas relacionadas con generar “conciencia y cultura” a través de acciones artísticas y publicitarias, asistidas por personalidades emblemáticas y por los medios de comunicación. Las ideas se produjeron con agilidad, se presentaron ordenadamente, y creo que la mayoría de los asistentes salimos dispuestos a repetir. Una vez en el taxi, sin embargo, resurgieron las sospechas de siempre.

La primera sospecha es que como el primero de enero cada cuatro años “todo vuelve a empezar”, la invitación a que el río Bogotá sea un río decente reaparecerá, con un nuevo proyecto del nuevo alcalde, diferente al de Ciudad Río del alcalde actual. También vendrá un nuevo director de la CAR, probablemente más interesado en el medio ambiente que el actual, y con el respaldo de Camacol, resuelta como siempre a apoyar al alcalde, a cambio de que éste apoye su misión constructora. Si las predicciones se cumplen, el exalcalde habrá dejado contratos por todo le dé la mano para firmar el 28 de diciembre, y el entrante llegará el 2 de enero a deshacer lo que pueda, al tiempo que se arremanga y empieza a darle forma a su plan de desarrollo, entremezclado indistintamente con los demás planes que le exige «el sistema»: plan de obras públicas, plan de ordenamiento territorial y plan urbanístico. Y lo hará desconociendo «lo de siempre»: que el D.C. no es “autónomo” sino una parte de la Sabana, que el problema de la contaminación del río es de todos y que su manejo debería ser un asunto de planeación regional, aunque «lamentablemente», la planeación regional tendrá que permanecer, como durante los últimos 30 años, en los campos del turismo académico y las predicciones apocalípticas. O asistida por esfuerzos estériles como el “de todito” de la ley 1454 de 2011:

El ordenamiento territorial promoverá el establecimiento de Regiones de Planeación y Gestión, regiones administrativas y de planificación y la proyección de Regiones Territoriales como marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales, y funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, de identidades culturales locales, de equipamientos e infraestructuras económicas y productivas y de relaciones entre las formas de vida rural y urbana […] Dos o más municipios geográficamente contiguos de un mismo departamento podrán constituirse mediante ordenanza en una provincia administrativa y de planificación por solicitud de los alcaldes municipales, los gobernadores o del diez por ciento (10%) de los ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos municipios, con el propósito de organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así como la gestión ambiental.

Paradójicamente, la ley que por primera vez lleva el nombre oficial ordenamiento territorial (la 388 del 1997 es de desarrollo territorial), en lugar de llenar los vacíos abiertos en el 97, contribuye a alimentarlos, en la medida que no «crea» nada. Pues para constituir regiones de planeación y gestión, o regiones administrativas y de planificación, o regiones territoriales, se limita a «promover», y de este verbo es poco probable, muy poco probable, que resulte una región, en particular una del tamaño y la complejidad de la Sabana del río Bogotá. Con semejante ley, tal vez algún día se llegue a un acuerdo administrativo, motivado por intereses económicos compartidos entre dos gobernantes, pero no al acuerdo geográfico que se requiere.

Naturaleza profesional / Naturaleza política

Consideremos que cuando un urbanista renuncia a urbanizar o un ambientalista renuncia a proteger, se auto-desemplean, por efecto de estar en el lugar equivocado o actuar contra natura. Otras variantes de esta misma situación la ilustran, por ejemplo: la triste parábola del escorpión que le pide a una rana que le sirva de bote para cruzar un río, garantizándole que, dadas las circunstancias, “su vida está a salvo”; o la cruda metáfora con la cual las defensoras de los derechos reproductivos repelen a sus detractores con el conjuro «saquen sus rosarios de nuestros ovarios». O también, una hipotética escena en la que una eventual Fundación van der Hammen se enfrenta con una eventual Constructora Contextos Urbanos, en una pugna en la que la Fundación intenta urbanizar los potreros de una seudo-reserva-forestal y la Constructora intenta proteger una joya ambiental que será restaurada como un bosque nativo. Si cualquiera de estos escenarios da ganas de reír o llorar, depende de la naturaleza de cada lector. El hecho es que en las manos equivocadas, o sobre la espalda equivocada, o desde la profesión equivocada, o con los conceptos equivocados, o con las leyes equivocadas, la sobrevivencia de la reserva no tiene futuro.

Camacol, se supone, se ocupa del medio ambiente construido y la CAR, se supone, se ocupa del medio ambiente natural. No obstante, una construye y la otra conserva, pero ninguna planea. La planeación se supone que le corresponde al D.C. y a los municipios a través de un POT. Pero la planeación del medio ambiente natural y el medio ambiente construido, como parte de una misma actividad, no tiene una ley que la respalde y mucho menos una institución que la ejecute. Por eso, el supuesto debate van der Hammen como unos constructores en conflicto contra unos ambientalistas, no tiene futuro. Y si no hay futuro para una reserva forestal de 1400 hectáreas, menos para la Sabana, en especial si tal futuro depende de una legislación que se basa en la buena voluntad de alcaldes o gobernadores, o en su defecto del pueblo reunido en asamblea. Semejante desperdicio de legalidad, de tiempo y de plata, olvida de la naturaleza política funciona diferente a la naturaleza profesional.

Un último argumento al respecto: el hecho de que una congresista como Angélica Lozano llegase eventualmente a defender una ideología Verde, no implica que otro congresista como Carlos Fernando Galán llegase eventualmente a secundarla. En una esfera intelectual probablemente sí, pero en la esfera política vigente sería contra natura. Al hacerlo, un miembro de la improbable coalición le estaría fallando a dos caciques simultáneamente: uno ya instalado en el Palacio Liévano y el otro aspirando a la Casa de Nariño.

Urbanización / Urbanismo / Urbanizadores

Si tuviéramos la legislación para ello, el plan territorial y los planes municipales quedarían por fuera de las “garras” de los gobernantes y su ritmo cuatrienal, de modo que cada gobierno se podría concentrar en plan de desarrollo del municipio. Y si tuviéramos la legislación para ello, un único plan OT -o plan regional- se encargaría de ordenar la Sabana del río Bogotá, en dos tipos de área: áreas urbanizables y áreas-no urbanizables. No obstante, el concepto de áreas no-urbanizables no coincide con el de estructura ecológica principal porque las áreas no-urbanizables son muchas más. Esto fue lo que intenté aclarar al final de Sabana Verde de Bogotá: que la estructura ecológica principal sería sólo el primero de varios tipos de área, cada uno con un uso para el suelo, tan importante para Bogotá como para Bojacá, porque su valor es regional. Estos usos son siete:

1. Reserva ambiental. El conjunto de áreas que coinciden, uno a uno, con la estructura ecológica principal. No coinciden, sin embargo, con medio ambiente natural porque éste incluye otro tipo de «reservas» como las del siguiente tipo de áreas.
2. Producción de alimentos y materias primas. El conjunto de áreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la minería.
3. Producción de energía. El conjunto de áreas –y edificaciones– en las que se ubican las diferentes plantas de energía, desde la hidráulica convencional, hasta las que se asoman como el futuro: eólica, solar y eventualmente atómica.
4. Tratamiento de desechos. El conjunto de áreas –y edificaciones– para el tratamiento del agua y la basura.
5. Centrales de abasto. El conjunto de áreas –y edificaciones– para recibir y distribuir los alimentos y productos provenientes de otras partes, cuya funcionalidad depende de la contigüidad con los sistemas de transporte.
6. Terminales de transporte. El conjunto de áreas –y edificaciones– para aviones, buses y trenes, sin los cuales la vida moderna y el funcionamiento regional son imposibles.
7. Carreteras y ferrocarriles nacionales. El conjunto de áreas ocupado por las vías y sus áreas aledañas, no-construibles. Estos espacios, antes que ser afines a las calles y avenidas urbanas, son afines a los espacios lineales de las rondas de río.

Las siete áreas son esenciales y, desde un regionalismo académico, difíciles de objetar como áreas regionales. No obstante, por fuera del academicismo, las áreas tipo 2 (agricultura, ganadería y minería) constituyen la gallina de los huevos de oro con la que sueñan propietarios, políticos y constructores. Son áreas que constituyen un comodín urbanístico a través del cual, con un pequeño ajuste «autónomo» al POT, los potreros se convierten en lotes, las hectáreas en metros cuadrados y los pesos en dólares. Y como efecto colateral, el territorio se convierte en un festival de autismos urbanísticos desarticulados, a partir de un tipo de urbanización tan popular entre los urbanizadores como impopular entre los urbanistas: el conjunto cerrado, cercado, infradotado y desarticulado de la estructura urbana del municipio agraciado por la bendición de los urbanizadores; municipio que se da por bien servido con recaudar el predial. Estas áreas son la muralla china que la planeación OT tendría que derribar para funcionar o fracasar.

En realidad, los usos que determinaría el OT, o POT-sabanero, no son siete sino ocho. El octavo serían las áreas urbanizables, las cuales, por aquello de los huevos dorados, tendrían que ser un motivo de planeación regional. No para definir el tipo de urbanismo o de espacio urbano que cada cual deba tener; ni para impedir el crecimiento de ningún municipio; y menos para obligar o pedirle a ningún ciudadano que se vaya a vivir a una ciudad intermedia. Un OT adecuado permitiría pasar de vivir en Bogotá o en un municipio cualquiera, a vivir en la Sabana del río Bogotá, de un modo racional, considerando que dentro de un siglo, o menos, la región Sabana de Bogotá podría estar alojando 20 millones de personas, o más. Dado que las predicciones por lo general fallan, esto no es un hecho sino una posibilidad, de modo que si no se da, en principio no pasa nada. Pero si llegase a ocurrir, el camino para evitarlo no son los foros regionales o las leyes estimulantes, sino ciertos cambios estructurales como la modificación del sistema de ordenamiento territorial y del sistema de planeación, la restricción del concepto de autonomía, la construcción de la autopista Soacha-Briceño y el paso por el Congreso.

Crecer implica planear dónde construir y dónde no. En la zona norte de Bogotá, por ejemplo, hay 5000 hectáreas que se pueden ocupar respetando la reserva van der Hammen, como lo intentan algunos desde 1999, o desconociendo la reserva, como lo pretende la APP referida al comienzo de este texto. En una entrada anterior definí el significado de urbanizar la van der Hammen como convertir la reserva en un parque-urbano-reserva forestal de gran tamaño, que fuera el Centro de la Sabana de Bogotá y no la Zona norte de Bogotá; un espacio urbano monumental y patrimonial, con sus bordes claramente definidos y sus áreas aledañas densamente pobladas, al modo de los bordes y las áreas aledañas del Central Park de Nueva York. La prolongación a toda la Sabana de esta relación entre área patrimonial y área construida, implica que la definición de las áreas no-urbanizables son un punto de partida obligatorio, sin el cual la urbanización tiende al fracaso. Respecto a la intención de evitar este fracaso por medio de la urbanización de la Sabana, dos ideas finales:

– El crecimiento municipal tendría como objetivo pasar de pueblitos seudo campesinos con una periferia suburbana infradotada, habitada por bogotanos que se fueron a un campo que va desapareciendo en la medida que llegan nuevos bogotanos, a municipios que crecen a partir de sus cabeceras municipales consideradas como ciudades y centros urbanos. En conjunto, se tendría una serie de centros urbanos interconectados por líneas de ferrocarril y eventualmente por autopistas, con una estructura ecológica compartida, y con 30 planes urbanísticos municipales, relacionados con un único POT-sabanero. Para ello, el OT tendría que prever, a través del uso número 8 del POT-sabanero -áreas urbanizables- que cualquier municipio disponga de un área de expansión suficiente que le permita pasar, por ejemplo, de 20 mil a 100 mil habitantes o de 200 mil a 500 mil, a partir del principio que cualquiera puede crecer «cuanto quiera», pero no «donde quiera».

– El crecimiento de Bogotá D.C., dada una situación de partida en la que el suelo disponible es poco, sería excepcional con respecto a todos los demás municipios de la región. Su crecimiento principal tendría que ser por densificación, simplemente porque no hay otra opción. Y dada la precariedad del espacio actual, tal densificación tendría que aumentar la cantidad de población y la cantidad de espacio urbano, simultáneamente, de manera que crecer signifique mejorar y no simplemente amontonarse. A Bogotá no le va a llegar el fin del mundo por mantener una reserva forestal «que no tiene árboles»: primero, porque dentro de cincuenta años los tendrá; y segundo, porque dentro de veinte años tampoco tendrá para dónde coger. Si algún día llega el tal fin del mundo, no será por falta de suelo de expansión sino por cuenta de varias ausencias: por falta de reservas ambientales, energéticas, productivas, urbanísticas y demás; por falta de entender que el medio ambiente natural y el medio ambiente construido conforman una unidad que se puede planear; y por falta de entender que la planeación OT parte de la geografía y no de la economía. O de una Política Verde que sucumbe ante la tradicional Política Patrimonialista.

* Imagen tomada de El Tiempo.

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Cali-Colombia

Silencio cómplice

Este texto fue publicado en el periódico El País, de Cali, el pasado 11 de enero de 2018. El autor nos ha permitido reproducirlo aquí. Es una respuesta urgente a «Arquitectos anónimos» de Willy Drews, un artículo publicado hace unas semanas en esta página web.

Muy pocos arquitectos hemos señalado el que en los medios de comunicación no suele darse el crédito del responsable del proyecto del que hablan, promocionan o simplemente mencionan. Y menos aun somos los que hemos protestado, como lo acaba de hacer pertinentemente el arquitecto Willy Drews, cuyas dos cartas a la revista Semana al respecto de su “información”, llena de datos irrelevantes sobre el Centro Internacional de Convenciones Ágora, en la edición 1850, fueron groseramente ignoradas (Arquitectos anónimos, Torre de Babel, 12/12/2017). Pero la Sociedad Colombiana de Arquitectos, SCA, y las facultades y escuelas de arquitectura del país al parecer ni se han enterado.

El hecho, mucho más grave de lo que al parecer cree este gremio profesional, es que en las ciudades colombianas la arquitectura, incluyendo el urbanismo y el paisajismo, suelen ser ignoradas. Al punto de que en Cali, por ejemplo, no se considera que el director de su Secretaría de Planeación deba ser un reconocido profesional en dichas áreas. O que en las más importantes decisiones urbanas y arquitectónicas los conceptos de los arquitectos locales no se tengan en cuenta, como en el caso del POT, realizado por profesionales foráneos desconocedores de la ciudad; o del PIMU que sólo se ve como un asunto vial y no urbano, ni mucho menos arquitectónico, como en realidad lo es.

Cabe preguntarse, además, por qué la Sociedad Colombiana de Arquitectos no sugiere a sus miembros poner una placa con su nombre como se hace en muchas partes. Y desde luego es el municipio el que debería obligarlos a hacerlo con los datos completos de la construcción: nombre del edificio o casa, fecha de construcción, la curaduría urbana que otorgó el permiso, además del nombre de su arquitecto. No hacerlo es como si todo este proceso fuera propio de la economía informal, y no tuviera nada que ver con la ciudad y por tanto con la calidad de vida en ella. En conclusión, no hacerlo es esconder la corrupción que se da en todo este tema, de la licencia a la construcción.

Desde diseñadores que fungen de arquitectos hasta construcciones sin licencia o que no cumplen con los planos aprobados o que su aprobación fue pagada o que se hizo para conveniencia de la curaduría respectiva, pasando por toda clase de modificaciones, incluyendo sobre alturas y demoliciones sin el debido permiso. Y para peor de males el control posterior ha sido inexistente en esta ciudad, y de ahí la gran importancia que tiene el que el Municipio haya parado la obra de la Sagrada Familia, y de la evidencia de la información incompleta o acomodada de parte de la prensa al respecto. Para no mencionar a los que creen que demoler y construir mas de lo adecuado y permitido, es desarrollo.

Por lo contrario, construir lo adecuado para la ciudad y no apenas para la codicia de los diferentes “interesados” si es desarrollo, y lo paradójico es que no entienden que este beneficiaria a todos, incluyéndolos a ellos; en eso consiste una civilización compartida, una política seria y una urbanidad verdadera. Al fin y al cabo, civis, polis y urbs se refieren a lo mismo: la ciudad. Es alarmante que los ciudadanos no se den cuenta de que en esta se les va la vida, y que por lo tanto su calidad urbano arquitectónica es primordial; es nuestro hábitat obligatorio ahora que la mayoría de los colombianos deben vivir en ellas. Una mejor ciudad es lo que en el fondo buscan los que aquí se van de ellas.

* Imagen tomada de AIESEC.

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Sabana de Bogotá

Sabana Verde de Bogotá

Diciembre 27 / 2017

La planeación regional es un tema de actualidad para los bogotanos involucrados con la urbanización y el problema del crecimiento desordenado de… ¿de Bogotá? ¿De Bogotá y los municipios aledaños? ¿De Bogotá sobre los municipios vecinos? ¿De la Sabana de Bogotá? ¿De Bogotá y la Sabana? La pregunta no es clara y, en consecuencia, el problema y la eventual solución tampoco lo son. Está claro que la población, el área construida y el negocio de la construcción crecen; está claro que lo hacen en desorden; y está claro que es un problema que requiere solución. Lo que no está claro es ¿cuál es el problema? Y menos ¿cuál sería la solución? Para unos, habría que aceptar el crecimiento y preverlo, lo cual implicaría un conjunto de soluciones; para otros, lo que habría que hacer es detener el crecimiento y en lo posible disminuir la población, lo cual requeriría un tipo diferente de soluciones. En cualquier caso, la respuesta es la planeación regional, un tema favorito de los estudios urbanos y los foros especializados durante los pasados treinta o cuarenta años.

Para los graduados durante el siglo XXI se trata de un tema caliente. Si el grado es de los 90, el valor se reduce a interesante, pero si el modelo del graduado es 70 u 80, se trata de un sinsabor de tres o cuatro décadas de antigüedad, bautizado y rebautizado con variantes como Bogotá y la Sabana, Bogotá y los municipios aledaños, Bogotá metropolitana, Gran Bogotá, Cuenca media del río Bogotá y la más reciente Región Administrativa de Planeación Especial, RAPE, que incluye como «región» a los departamentos de Boyacá, Meta, Tolima y Cundinamarca. Visto por edades, el número de asistencias de un regionalista a un foro de aquellos en los que se resalta con estadísticas apocalípticas que la mayoría de la población mundial es urbana y en aumento, y que la planeación regional es inminente, tiene otro tipo de medida: para alguien menor de 40, el rango de asistencias puede estar entre 5 y 10; para los mayores de 40, por lo menos 10; y para un mayor de 50, la cuenta ya se perdió. En el último de estos encuentros de cuenta perdida al que asistí, un exalcalde municipal vaticinó con frustración que, por experiencia, «el 1 de enero de 2020, todo vuelve a empezar». En diez palabras, la sentencia de este ex-planificador urbano dio cuenta de la historia reciente del primer día de 2008, 2012 y 2016, al tiempo que anticipó algo del próximo amanecer cuatrienal, en 2020.

Lo que pasará dentro de dos años con las ideas del nuevo alcalde para la nueva Bogotá es incierto, pero de cumplirse el vaticinio del eterno comienzo, se sabe que los funcionarios salientes serán empapelados por cuanta minucia haya disponible, de la inconstitucionalidad de una fotocopia mal autorizada en adelante. Y se sabe que mientras avanzan las investigaciones, el nuevo gobernante se dedicará a sacar adelante, en tiempo récord, sus temas predilectos en materia de planeación, aprovechando que todo alcalde colombiano se convierte, por voto popular, en doctor honoris causa en planeación urbana y en panelista de rigor en los foros de planeación regional.

Aunque el problema de las fotocopias no es de planeación, es probable que si éste algún día se resuelve, el otro se desvanezca. La solución para la planeación, en cambio, es bastante sencilla, en términos generales: que los alcaldes nacionales dejen de tener el poder y la obligación de planear el espacio de las ciudades, y se dediquen exclusivamente a administrarlas, a través del único tipo de plan acorde con lo que le corresponde a un político, elegido para gobernar: el plan de desarrollo.

Un plan de desarrollo es un plan de inversiones y manejo del gasto público, hecho a partir de las prioridades y compromisos adquiridos por el alcalde durante la campaña. Por disposición legal, el nuevo gobernante tiene que presentar su plan durante el primer semestre de gobierno para el manejo de los presupuestos en salud, aseo, transporte, recreación, educación y mantenimiento vial, entre otros. Dentro del temario sobresale el plan de obras públicas, que incluye las obras por las que los alcaldes son más recordados. Obras como la Avenida Eldorado y el aeropuerto, los puentes de la 26, la Autopista Norte, las bibliotecas públicas, TransMilenio o el metro. Desafortunadamente, la tradición política nacional confunde planear y ejecutar obras viales y construir vivienda de interés social con planear el espacio urbano. El origen de la confusión viene de los años 1960, por cuenta de lo que se llamó planeación integral, la cual consiste, precisamente, en sobreponer «lo social, lo económico y lo espacial». No obstante, entender que planear «lo económico y lo social» deba necesariamente estar ligado a «lo espacial» ha llevado a economistas y alcaldes por igual, a confundir un plan de obras públicas con un plan urbanístico.

La tradición de la planeación espacial arrastra también su propia confusión. Lo demuestra con creces el sistema de ordenamiento territorial, OT, que combina en una lo que son dos necesidades diferentes: planear el medio ambiente natural y planear el medio ambiente construido. La confusión se acentúa con un prejuicio según el cual el medio ambiente es «natural» y, en consecuencia, construir es una especie de atentado contra la naturaleza. Así que si bien la primera parte de una eventual solución sería que los alcaldes no planeen el espacio, la solución efectiva requeriría, además, que la planeación del espacio se divida en dos: la planeación del medio ambiente natural, a cargo del ordenamiento territorial y la planeación del medio ambiente construido, a cargo del urbanismo. En conjunto, tendría que haber una secuencia ordenada de planes: primero, un plan de ordenamiento territorial para la Sabana, que determina las áreas no-urbanizables y las áreas urbanizables; segundo, un plan urbanístico municipal o distrital, limitado a las áreas urbanizables; y tercero, el plan de desarrollo o plan de gobierno.

Si en la Sabana de Bogotá hiciéramos la separación, habría un único plan de ordenamiento territorial, POT, para toda la Sabana; y una serie de planes urbanísticos municipales, ninguno de los cuales sería «autónomo», en el sentido que la primera tarea de cada plan sería adecuarse al POT-Sabanero. Así, los alcaldes quedarían por fuera de la planeación espacial y los urbanistas por fuera del ordenamiento regional. Si esto llegase a suceder y el alcalde se limita a utilizar adecuadamente los recursos de que dispone, es probable que el lío de las fotocopias se apague por falta de combustible.

Sin giros innecesarios para la región y al territorio, la región a la que pertenece Bogotá y por lo tanto el territorio sujeto al ordenamiento territorial es la Sabana. Denominaciones como Región Bogotá-Sabana, Gran-Bogotá, Región Bogotá-Cundinamarca, Bogotá y sus municipios aledaños, Bogotá Metropolitana y Cuenca media del río Bogotá son de origen económico y demográfico, no geográfico. Corregir estas asociaciones y definir geográficamente la región consiste en reconocer que el conjunto Bogotá D.C, municipios, cerros, sistema de ríos y planicie, compone un único territorio y una única región geográfica. Sin embargo, el territorio sabanero solo existe geográficamente porque la división territorial colombiana se limita a departamentos y municipios. Para que exista hay que «crearla» y solo se puede hacer desde el Congreso a través de una reforma constitucional. La reforma tendría primero que crear la Sabana como un territorio, pero ello sería apenas un prerrequisito, no un objetivo, pues el objetivo sería la creación de la estructura ecológica principal de la Sabana como un territorio nacional. Para ello se requiere previamente un cambio conceptual para la planeación: que la autonomía municipal de paso a la estructura ecológica principal como concepto rector para la planeación espacial.

Hay dos antecedentes con los que hay un deber: la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1992; y la Ley 99 de 1993, por la cual se crearon el Ministerio y el Sistema Nacional Ambiental, SINA. A la Constitución de 1991 no se le puede reclamar la falta de inclusión de un acuerdo de 1992 y de una ley de 1993. No obstante, después de suscribir un tratado internacional y de conformar una institución como el SINA, la Constitución debió haberse sintonizado con el nuevo espíritu de la época. Desde luego, la ley 388 de 1997 -ley e desarrollo territorial- trató de hacerlo. Pero lo hizo sin modificar el ordenamiento y a partir del concepto de autonomía presupuestal, trasladado equívocamente a autonomía territorial.

Si se crea la estructura ecológica principal de la Sabana como un territorio nacional, generaría cambios territoriales de gran impacto. Por ejemplo: i) Bogotá dejaría de limitar con Mosquera, Funza, Cota y Chía, a través de una línea punteada sobre un mapa, localizada en el fondo del río Bogotá; ii) Bogotá también dejaría de limitar con la Calera, Ubaque y Choachí, a través de una línea punteada sobre algún lugar de los cerros orientales: iii) en consecuencia, Bogotá, Mosquera, Funza, Cota, Chía, la Calera, Ubaque y Choachí pasarían a limitar con un territorio nacional de miles de hectáreas, que es una parte de la Sabana «de» Bogotá. En la práctica, con la Sabana «del río» Bogotá, si consideramos que “de” Bogotá implica un equívoco inocente que lleva a algunos bogotanos a pensar que la Sabana les pertenece y que alguien se las está quitando. Equívocos similares son, por ejemplo: que la Sabana es algo «más allá» o allende de Bogotá D.C.; o que la Sabana disminuye en la medida que el D.C. crece; o que los cerros no son parte de la Sabana porque la Sabana es plana.

Si aspiramos a ser consecuentes con el medio ambiente construido y la realidad urbanística de la Sabana del río Bogotá, habría que afrontar la posibilidad de que en un siglo, o menos, pasemos de de 8 o 10 millones de personas a 15 o 20 millones. Basta considerar que Bogotá duplicó cuatro veces su población durante el siglo XX, pasando de 500 mil a 1 millón, a 2 millones, a 4 millones y finalmente a 8 millones. Como en 1954, se vio que el suelo disponible no alcanzaba, y que «los urbanizadores» llevaban varias décadas «urbanizando» por fuera del perímetro urbano, los municipios aledaños de entonces –Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme– se anexaron y de un día para otro la ciudad duplicó su tamaño. Hoy, ante la perspectiva «increíble» de volver a doblarnos, podemos seguir esperando a que el gobierno nacional adopte un autoritarismo similar que amplíe el perímetro urbano y convierta los nuevos municipios vecinos –Soacha, Mosquera, Funza, Cota, Chía, La Calera, Ubaque y Choachí– en localidades del D.C. O que adopte políticas revolucionarias como el decrecimiento económico de Serge Latouche o el despoblamiento de la Sabana en función de un nuevo país de ciudades intermedias de Felipe van Cotthem.

Podemos también continuar organizando foros regionales mientras unas pocas firmas constructoras y unos cuantos alcaldes «voltean» el suelo sabanero según sus propias ideas de desarrollo «sostenible», «ecológico» o «verde», según la preferencia publicitaria de la estrategia de mercadeo. O bien podemos afrontar la perspectiva «inexorable» del crecimiento urbano sobre unos mínimos de racionalidad geográfica y política, y reconocer: i) que la Sabana se puede planear, empezando por definir con claridad las áreas urbanizables y las no-urbanizables; ii) que las áreas no-urbanizables constituyen la base de la estructura ecológica principal; y iii) que la estructura ecológica empieza por el sistema río-cerros, considerado como un sistema espacial. Todo esto, por supuesto, si aceptamos que se trata de planear dónde van a vivir millones de personas y que para ello es indispensable tener claro que lo harán -lo haremos- en un doble medio ambiente: uno construido y uno natural.

Poco se puede esperar de los partidos políticos actuales y de sus dinámicos miembros. En la práctica, si las reformas -constitucional o administrativa- fueran en beneficio del medio ambiente construido, probablemente tendrían muchos aliados. Si se limitaran, en cambio, al medio ambiente natural, lo más probable es que sus aliados se perderían después de las elecciones. Sin embargo, si en realidad hay un partido Verde con una ideología política Verde, podría haber una esperanza en una congresista como Angélica Lozano, quien hasta el momento ha demostrado tener un comportamiento ideológico inelástico. Lo que no se sabe es si estaría de acuerdo con que la ideología Verde no es ambientalista, a secas.

La ideología Verde no se pregunta si la sabana es una región, o si la reserva van der Hammen es necesaria, o si le conviene a Bogotá, o si a los dueños de la tierra se van a molestar, o si el urbanismo es malo y el ambientalismo bueno. Una ideología Verde se pregunta, en cambio, cuántas reservas más, tipo la van der Hammen, son necesarias para configurar la estructura ecológica principal de la Sabana del río Bogotá y cómo hacer para que lo que se sabe que es una región geográfica se convierta, además, en una región política, en la que eventualmente puedan convivir armónicamente 20 millones de personas. La respuesta tiene dos partes: i) habría que modificar el ordenamiento territorial colombiano para que la estructura ecológica principal de la Sabana del río Bogotá sea un territorio nacional; y ii) habría que modificar el sistema de planeación del espacio para que haya un único ordenamiento territorial sabanero y múltiples planes urbanísticos municipales, todos conectados a una única estructura ecológica principal.

ACLARACIÓN Y MICO

Aclaración

La estructura ecológica principal sería solo una parte de las áreas no-urbanizables de las que se ocuparía el OT. Las otras son: ii) las áreas destinadas a la producción de alimentos y materias primas (agrológicas, ganaderas, mineras); iii) las áreas destinadas a la producción de energía (hidráulica, eólica, solar, atómica); iv) las áreas destinadas al tratamiento de desechos (agua, basura, reciclaje); v) las áreas destinadas a centrales de abasto (alimentos, productos); vi) las áreas destinadas a terminales de transporte (aviones, buses, trenes); y vii)las áreas destinadas a las carreteras y ferrocarriles nacionales, cuyas áreas de afectación deberían igualmente estar protegidas como territorios nacionales. Ninguna de estas áreas tiene la necesidad de urbanistas, cuya naturaleza, como su nombre lo indica, es urbanizar.

Mico

Considerando:

1. Que Soacha ya es parte del Distrito Capital.
2. Que Mosquera, Funza, Cota, Chía, La Calera, Ubaque y Choachí dejarán de limitar con Bogotá y pasarán a hacerlo con el territorio nacional denominado Estructura Ecológica de la Sabana del río Bogotá.
3. Que a pesar de lo anterior, entre estos municipios continuará habiendo límites lineales por medio de cercas o punteados invisibles, en lugar de espacios.
4. Que para muchos planificadores es imposible renunciar a la tabla de Excel y al pensamiento lineal y en dos dimensiones.
5. Que el páramo de Sumapaz no es una localidad cuya manipulación estadística para generar cuentas engañosas como que más del 50% de Bogotá es una reserva ambiental, es perniciosa.

El Congreso de Colombia decreta-ría como artículos complementarios:
Primero, que Soacha pasa a ser una localidad más de Bogotá y Sumapaz una parte de la estructura ecológica.
Segundo, que entre uno y otro municipio de la Sabana, cualquiera que sea, cuando el municipio no limite con la estructura ecológica principal, se debe considerar un espacio de 200 a 400 metros a lado y lado de la línea divisoria entre los dos municipios, de modo que la planeación de este espacio tenga que ser concertada. En caso de que pasados 50 años los municipios involucrados no logren dicha concertación, el Ministerio del Medio Ambiente entrará a decidir qué uso darle a la franja.

* Imagen tomada de El Tiempo.

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Muertos baratos

Muertos baratos

Errar es humano. Pero es más humano echarle la culpa a otro.
Les Luthiers

Esta afirmación de Les Luthiers es de muy fácil y frecuente aplicación en el caso de colapsos de edificios. Cuando se presenta la tragedia, al primero que señala el dedo acusador es a un humano: el Curador Urbano. Este puede hacerle el quite a la responsabilidad y dejarla pasar diciendo que tanto el ingeniero de suelos como el calculista, al radicar sus proyectos, firmaron un documento donde se hacían responsables del estudio y sus consecuencias.

Normalmente, cuando falla una cimentación, el suelo –que es noble– cede lentamente y el edificio se hunde o se inclina anunciando su muerte inminente. No así la estructura de concreto que puede fallar en forma súbita cuando no está cumpliendo normas y códigos, dejando al calculista en el eje del huracán. Este (humano) puede alegar que la culpa es del promotor por haber pedido, sobre la marcha, dos pisos más.

Entonces el promotor (también humano) pide que revisen la manera en que el constructor levantó la estructura, y este (un humano más) da un paso al lado, alegando que cumplió con lo estipulado en los planos que recibió y que utilizó los materiales especificados, los que seguramente son los culpables del colapso.

Tiene entonces el proveedor (otro humano) que salir en su defensa y, al buscar en la cadena de quién puede recibir la culpa, encuentra los dos últimos eslabones: el usuario y la Divina Providencia. Al usuario solo se lo puede culpar si ha cambiado el uso del inmueble, llenando –por ejemplo– el apartamento de libros hasta el techo, carga no prevista en el diseño. Finalmente, a la Divina Providencia (no humana) se le puede endilgar todo lo demás: terremotos, deslizamientos, huracanes, inundaciones.

Alguno se estará preguntando por qué el arquitecto no apareció en la cadena. El motivo –ya lo he dicho– es que el arquitecto es el único profesional que no puede tener la culpa. Él propone la estructura y el calculista la calcula –y asume la responsabilidad– o la rechaza si no la encuentra viable. Un diseño arquitectónico puede ser feo, costoso, absurdo y no funcional, pero nunca la estética, los sobrecostos y la falta de lógica y funcionalidad han causado un colapso.

Otro se estará preguntando por qué hablo de colapsos. La respuesta es: porque en Cartagena se acaba de caer un edificio de siete pisos en construcción –en un sector donde el máximo de altura permitida es de cuatro pisos–, amparado por una licencia aparentemente falsa, causando veinte muertos, diez y seis heridos y catorce desaparecidos. Además, hay otros desaparecidos que no figuran en esta lista: los promotores-constructores quienes, tan pronto cayó el edificio, pusieron pies en polvorosa. O en la arenosa.

Otro más se preguntará: y si aparecen, ¿cuál será la pena para el culpable? No se sabe. Pero como referencia, veamos qué pasó con los culpables de la caída del bloque seis del conjunto SPACE en Medellín, el 12 de octubre de 2013.

La causa del siniestro, de acuerdo con el estudio de la Universidad de los Andes, fue «la falta de la capacidad estructural de las columnas para soportar las cargas actuales», debido a que los cálculos estructurales no cumplían con los requisitos de la Ley 400 de 1997. Está muy claro que este incumplimiento de las normas no fue ineptitud ni ignorancia ni descuido ni error, sino una consideración que no requiere muchas matemáticas: hierro que no se pone y concreto que no se funde son una mayor utilidad para el negocio. Esta ecuación tan rentable costó doce vidas. Inexplicablemente, los ingenieros antioqueños ofrecieron en su momento una condecoración –afortunadamente rechazada– al representante legal de la firma promotora Lérida CDO. Como si fuera poco –según el periódico EL TIEMPO–, la Superintendencia de Industria y Comercio acaba de revocar la multa impuesta a tres de las cinco personas investigadas de dicha firma. El Consejo de Profesionales de la Ingeniería –COPNIA– acaba de sancionar a quienes tuvieron que ver con el diseño, la construcción y la supervisión del edificio SPACE con inhabilidad para ejercer su oficio. Al calculista se le canceló la matrícula profesional de por vida.

Mientras el país reclama sesenta años de cárcel para el asesino de una niña, para el considerado causante de doce muertes no aparece en la noticia la palabra cárcel. Lo que sí aparece es una multa de $128.870.000, que equivale a poco más de $10.000.000 por muerto.

Seguramente los hasta ahora desaparecidos responsables de la tragedia de Cartagena no estarán muy afanados por ser más humanos y –como dicen Les Luthiers– buscar a quien echarle la culpa, pues ya saben que –al menos en Medellín– los muertos en colapso de edificio son baratos.

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BD Bacatá

El BD Bacatá y el ave Fénix

Cuando uno cree que un tema se ha terminado, siempre resucita, como el ave Fénix, y aparece algo más. Me refiero en este caso al rascacielos BD Bacatá. Pensé que la negativa de la Secretaría Distrital de Planeación a revocar la licencia era el colorín colorado de este cuento, hasta que el periodista Alexander Marín publicó en EL ESPECTADOR un artículo titulado Las dudas de los inversionistas del BD Bacatá, a raíz del cual le mandé la siguiente carta:

Señor
ALEXANDER MARIN
El Espectador

Estimado Sr. Marín:

Leí con mucho interés su artículo «Las dudas de los inversionistas del BD Bacatá» en EL ESPECTADOR del domingo 12 de marzo. Y digo con mucho interés porque el tema del famoso rascacielos ha sido motivo de mis críticas y preocupaciones. Las críticas se han publicado en el Blog de arquitectura TORRE DE BABEL, y las preocupaciones las sigo cargando. Ha sido pelea de tigre y burro amarrado.

Mis motivos de inconformidad han sido muchos y están suficientemente aclarados en los cuatro artículos que le adjunto. Pertenecen a cuatro temas: urbanos (que afectan a la ciudad), arquitectónicos (que afectan a  usuarios), económicos (que afectan a compradores ) y normativos (que permitieron la construcción). Vamos por partes.

El tema urbano que más preocupa es la ubicación del edificio –que genera un gran movimiento de peatones y vehículos– en una zona de por sí ya congestionada. Los miles de peatones nuevos que atraerá el edificio tienen que circular por los andenes actuales, pues el proyecto no dejó ni un metro cuadrado de espacio público, y si el pequeño espacio abierto en el centro –que no público– va a ser cubierto, el lote queda construido en un 100%.

Debido a esta ubicación, la accesibilidad en automóvil es tal vez el tema más álgido. El único acceso y salida del proyecto en automóvil es por la calle 20 (de dos carriles) para desembocar en la carrera quinta, igual de ancha y ya completamente copada. Por allí entran y salen –si pueden– los más de 700 automóviles que alberga el proyecto. Se habría podido al menos mitigar esta tragedia cediendo unos metros sobre la calle 20 y la carrera 5 para ampliar la vía, pero ya no se hizo.

El proyecto aprobado presentaba algunos problemas de tipo arquitectónico, como un hall de ascensores excesivamente estrecho, entrada a parqueaderos muy pequeña, un sótano demasiado bajo que no permitía la entrada del camión de trasteos, escaleras de evacuación insuficientes, etc. Yo puse estos problemas en conocimiento de la firma de arquitectos española, autora del proyecto. Desconozco si se corrigieron.

Me llamó la atención en su artículo que los compradores están preocupados por lo que no toca –demora en recibir ganancias– y no por lo que sí toca –el valor de esas ganancias–. Tal vez quienes compraron oficinas o apartamentos para arrendar no están conscientes de que pagaron precios de estrato seis, y tienen que competir con la oferta de inmuebles en el norte, sin el grave problema de la accesibilidad. Los que compraron Fidis del hotel harían bien en pedir que les digan cuánto van a recibir. Si ya existe un operador, ya se debe saber cuánto se recauda y se reparte mensualmente. En el año 2012, BD Bacatá anunció que el estudio de rentabilidad del hotel se había hecho con una tarifa de $270.000, difícil de aplicar, teniendo en cuenta que en ese momento el hotel Ibis (por ejemplo), bastante nuevo, bien ubicado, cobraba $ 112.000. Si el hotel es de cinco estrellas, el problema aumenta. Les recuerdo que, según la propaganda, «Los FiDis no son una inversión financiera: no garantizan una rentabilidad ni su redención en un plazo determinado», y además su rentabilidad es de medios, no de resultados. Por lo pronto, que todos los inversionistas se olviden del rendimiento prometido de 16% anual.

Mi lucha contra el BD Bacatá terminó en septiembre de 2012, al solicitar –con el apoyo de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá– la revocatoria de la Licencia de Construcción. La respuesta de la Secretaría Distrital de Planeación, contenida en la Resolución Nª 11-86 de septiembre 25 de 2012 fue contundente: «Los asuntos de tipo estructural, normativo y volumétrico aprobados mediante la Licencia de Construcción Nª LC 11-4-0303 del 2 de marzo del 2011, que no fueron objeto de modificación, no pueden ser motivo de estudio o pronunciamiento en esta oportunidad, por tratarse de un Acto Administrativo que se encuentra plenamente ejecutoriado» (la negrilla es mía). Y al final de la Resolución una frasecita demoledora: «con ella queda agotada la vía gubernativa».

Ahora ya sabe Usted, en esta pelea que pretendía defender los intereses de Bogotá, compradores y usuarios, quien fue el tigre y quien el burro amarrado.

Hasta aquí la carta. Ya el edificio está en etapa de terminación, y solo cuando lo entreguen se sabrá si yo fui alarmista, pesimista o realista. Y mientras tanto, termino con la frase que llevo seis años mordiéndome la lengua para no poner: yo se los dije.

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