Agosto 29 / 2018

Falta poco para que Bogotá tenga un nuevo POT, y a riesgo de tener que salir a rectificar, asumo que vendrá tan autista y tan retórico en «lo regional» como su antecesor. Por región querrá decir que el Distrito Capital debería ser territorialmente más grande, pero que lamentablemente no se puede porque la Constitución y los alcaldes de los municipios aledaños lo impiden. A pesar de que el Plan es secreto, sabemos que tendrá proyectos disfrazados de plan como Ciudad Río y Ciudad Paz. También sabemos que las dos subciudades son nombres estratégicos al servicio de invadir la ronda del río Bogotá y la zona van der Hammen, con proyectos socio-ecológico-sostenibles para una supuesta «región», más parecida a la Sabana a medias de Wikipedia que a la Sabana que definiría cualquier estudiante de primer semestre de Geografía.

Para los autores de la entrada de Wikipedia, la Sabana de Bogotá no es una sabana como las de África, sino una planicie limitada por diferentes cerros y atravesada por un río “del cual la Sabana toma su nombre”. Dice la definición que esta área es “la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos [la cual] no es en realidad una sabana [porque] las sabanas tienen como característica principal las temperaturas muy elevadas y pocas precipitaciones. [No obstante] en la Sabana hay frecuentes lluvias y las temperaturas son generalmente menores de 20º C.” Además, la definición excluye los cerros porque la Sabana “está bordeada por una cadena montañosa que forma parte de la Cordillera Oriental cuyos puntos más sobresalientes son el Cerro el Majuy al oeste, los cerros de Guadalupe y Monserrate al este, y el Páramo de Sumapaz al sureste.” La exclusión hace que la concepción coincida más con la wikidefinición para un valle, que es una “llanura entre montañas que conforma una cuenca hidrográfica en cuyo fondo se aloja un curso fluvial”. En consecuencia, la wikisabana sería un altiplano atravesado por un río, del cual las montañas están excluidas.

Si nos atenemos a la realidad geográfica y demográfica, una definición completa debería incluir: i) las cerca de 10 millones de personas que hoy habitan el territorio, ii) la planicie que le da el nombre de “sabana” y los cerros que la limitan, iii) el río Bogotá y los tributarios o afluentes que lo alimentan, iv) los páramos como ecosistemas esenciales para el ciclo de producción de agua, v) las lagunas naturales y las ciénagas o humedales que regulan el caudal del río, y vi) las lagunas artificiales que regulan la producción de agua y energía. Con tales características, la denominación geográfica adecuada tendría que ser Valle del río Bogotá, o por lo menos Sabana del río Bogotá. Un territorio que ni es “de” Bogotá, ni es algo allende de la ciudad que se encoge en la medida que Bogotá crece; y tampoco es un sinónimo de Gran-Bogotá o de Bogotá Metropolitana, que son intentos por bogotanizar la Sabana y no por regionalizar Bogotá.

A los intentos de bogotanización se debe añadir la reciente propuesta Bogotá + 11 de ProBogotá, una fundación patrocinada por “interesados en trabajar por el desarrollo de la capital colombiana y su zona de influencia”, que propone la integración del D.C con 11 municipios para formar una «región» económica y política. No geográfica. La propuesta es cautelosa en aclarar que no se trata de una anexión que emularía la creación del Distrito Especial en 1954, sino de una integración político-económica a través de una reforma constitucional. El beneficio colateral estaría en la compra silenciosa para la capital -y para los constructores de Bogotá- de unas cuantas décadas más de crecimiento, bajo la figura de un gobierno regional.

La integración con los municipios vecinos se podría lograr mediante la ley 1454 de 2011:
Dos o más municipios geográficamente contiguos de un mismo departamento podrán constituirse mediante ordenanza en una provincia administrativa y de planificación por solicitud de los alcaldes municipales, los gobernadores o del diez por ciento (10%) de los ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos municipios, con el propósito de organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así como la gestión ambiental.

Para que la ley funcione bastaría que 12 alcaldes se pongan de acuerdo, para lo cual puede que falten cincuenta o cien años de evolución política y cultural. Es precisamente porque ProBogotá conoce de cerca el comportamiento histórico de los diversos agentes territoriales que apunta directamente al Congreso, en busca de una reforma constitucional que permitiría la materialización de una Gran Bogotá más grande y poderosa, al lado de una Sabana desafortunadamente más pequeña pero más pura y rural; un ideal paisajístico y de «gobernanza» que en los foros regionales comparte escenario con otros temas de rigor como la resiliencia, lo sostenible, lo ambiental, lo verde y lo ecológico; todos propuestos como remedios para resolver un supuesto problema consensuado: el crecimiento desordenado de Bogotá sobre la «región». No obstante, si la región es geográfica, Región y Metrópolis constituyen polos opuestos en una discusión sobre el futuro y sobre la urbanización de un espacio habitado que antes de terminar el siglo probablemente llegará a 20 millones de personas. Desde una perspectiva regionalista, el problema se tendría que reformular como el crecimiento desordenado de la Sabana del río Bogotá, reconociendo que Bogotá es “de” la Sabana y no al revés, y que el término región-metropolitana es un oxímoron, por cuanto región y metrópolis son conceptos opuestos: una Región-Sabana sería un ecosistema del cual Bogotá es una parte; una Bogotá-Metropolitana sería un aparato de colonización del vecindario.

El opuesto inexistente a ProBogotá sería una eventual ProSabana. Su objetivo sería regionalizar Bogotá y su jefatura estaría en cabeza de una Junta de Planeación Regional, independiente del poder político de turno. Como modelos para esta Junta se pueden considerar dos: la Junta del Banco de la República que controla algunos aspectos de la política económica nacional, de manera autónoma; y el Comité del Plan Regional de Nueva York, que en 2017, después de seis años de trabajo y con la participación de más de cien personas, también de manera autónoma, produjo el cuarto Regional Plan of New York en ochenta años, con el fin de ordenar la urbanización de un área que involucra cerca de treinta condados (counties), cada uno de los cuales elabora su propio plan local, en sintonía con el plan regional. Los miembros del comité neoyorkino pertenecen a la sociedad civil, no a la clase política, y están asociados Ad hoc. La Regional Plan Association produce un plan, y los diferentes alcaldes de Nueva York y los demás condados lo utilizan para gobernar. Esto responde a una institucionalidad en la que la tarea de los gobernantes no es planear ni diseñar ciudades sino administrarlas.

La urbanización es un fenómeno constructivo, social, económico y ambiental, cuyo fin es el medio ambiente habitable. Como fenómeno de orden regional, es diferente al urbanismo y al ambientalismo, y sobre todo a la oposición entre urbanismo y ambientalismo. Implica la planeación articulada del medio ambiente habitable, entendido como el conjunto del medio ambiente construido y el medio ambiente natural. Articular lo construido y lo natural, a escala geográfico-regional, sería la misión del regionalismo como modo de urbanización, al menos si aspiramos a que la visión del medio ambiente habitable, a gran escala y a largo plazo, dependa de los tiempos y de la gente capacitada para ello.

Un POT-sabanero produciría un Plan Regional para la Sabana del río Bogotá. Funcionaría como una Constitución territorial, emitida por una Junta o Comité análogo a los mencionados, y no de los alcaldes distrital y municipales. Su misión sería la planeación del medio ambiente habitable de la Sabana y no el urbanismo local de cada municipio. Definiría los usos del suelo a gran escala para la agricultura, la minería, la ganadería, la producción de energía, el manejo del agua y la basura e incluso la conservación patrimonial de ciertos paisajes. Además, se encargaría de la definición de las áreas urbanizables y no-urbanizables. O mejor, para no promover la confusión entre urbanismo y urbanización: las áreas construibles y no-construibles.

Una vez definidos los usos, uno de los cuales es el de las áreas construibles, cada municipio podría urbanizar “como quiera” pero no “donde quiera”. Esto significa que el “cómo” sería una decisión de urbanismo municipal, UM, en tanto el “dónde” sería una decisión de ordenamiento territorial, OT. Cuestiones como la densidad de construcción, los aislamientos, el ancho de las vías, la mezcla de usos, los conjuntos enrejados, la infradotación, los centros comerciales y las relaciones con Camacol, serían decisiones autónomas de orden local, ligadas al vaivén de los cuatro años de gobierno. Significa también que con excepción de las áreas de reserva ambiental que ya están aceptadas como regionales y exentas de la autonomía municipal bajo la Estructura ecológica principal, es de suponer que cualquier idea que se oponga a la autonomía será objeto de feroz oposición por parte de políticos y propietarios del suelo, en especial cuando se trate de separar las áreas construibles y no-construibles; separación que sería la Muralla china para el regionalismo geográfico. Sin embargo, derribada la Muralla y definido que el objetivo de un POT-sabanero es la urbanización del medio ambiente habitable (medio ambiente construido + medio ambiente natural), los alcaldes se podrían dedicar a gobernar durante los cuatro años que les corresponde, a través del Plan de desarrollo económico y social y de un subsidiario de éste y favorito de muchos gobernantes tipo Rojas Pinilla: el Plan de obras públicas.

La idea de un OT regional-geográfico tiene un antecedente inmediato en la Comisión de ordenamiento territorial para la Constitución del 91. En ese momento, Orlando Fals Borda fracasó en su intento de reordenar Colombia a partir de “regiones culturales y geográficas”. Si bien el argumento perdió, ello no le quita vigencia: “no habrá ningún gran propietario o político profesional que acepte de buena gana algún ajuste de límites que lleve a la disminución de su poder personal territorial”. En el 91 como ahora, esto era tan lógico como impráctico. No obstante, las consecuencias de celebrar lo público –en campaña– pero defender lo privado –en la práctica– quedan ilustradas dramáticamente en el análisis de las consecuencias de la explosión de reactor nuclear de Chernobyl de Ulrich Beck: los beneficios por lo general son privados y locales, y entran a las finanzas privadas; los riesgos y los daños por lo general son democráticos y sus costos salen de las finanzas públicas.

* Imagen de Wikimedia Commons.

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